Cuando respirar en tu barrio es tóxico: mareos, cefaleas, tumores, leucemias y problemas cardiacos

Abandono, frustración, desesperación, impotencia y rabia. Esta es la amalgama de sensaciones con la que los 4.000 vecinos del barrio Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla, 30.919 habitantes) se han acostumbrado a vivir desde que hace siete años iniciaron su lucha para acabar con la contaminación que llevaba décadas emanando de los suelos que la rodean y cuyos gases tóxicos están haciendo enfermar a la mayoría. Porque a lo que sí que les ha sido imposible habituarse es a convivir constantemente con el hedor a combustible que se infiltra en el cuerpo y se impregna en las paredes de sus casas, haciendo irrespirable el aire que les rodea.

“¿Cómo pueden dejarnos vivir así?”, se pregunta, indignada, Rogelia Gómez, presidenta de la Asociación de Vecinos Afectados por los Tóxicos de Coria del Río. En la cochera de su casa, que hace las veces de sede de la entidad, se cuela de vez en cuando un olor a aceite que a los pocos minutos se agarra en la garganta. Con esa pregunta, Rogelia resume la desidia de las administraciones —desde el Ayuntamiento a las Consejerías de Medio Ambiente y Salud y al Parlamento, en los últimos meses― para poner remedio a un problema de contaminación documentado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), el Instituto Nacional de Toxicología y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sin embargo, tras casi una década desde que presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente para investigar el origen de los gases tóxicos y casi un año después de que el propio TSJA instara al consistorio coriano a que declarara suelo contaminado el espacio aledaño a la barriada, todo sigue igual. O no. Ha ido a peor. Los achaques de salud derivados de la inhalación constante de hidrocarburos evidenciados en mareos, cefaleas, tumores, leucemias y problemas cardiacos se agravan. “Estamos en un abandono total”, se lamenta Rogelia.

En 2018, después de un año presentando quejas al Ayuntamiento y de protagonizar una marcha multitudinaria para llamar la atención sobre el inaguantable olor a gasolina que llevaban años respirando, la Fiscalía, ordenó a la Guardia Civil investigar el origen. El Seprona constató la existencia de un vertido de hidrocarburos procedente de una gasolinera cercana, propiedad de Zamarrilla Inversiones, debido a fugas en uno de los depósitos de gasolina. También detectó la existencia de grietas en el colector de aguas residuales a su paso por la estación de servicio. La Guardia Civil realizó estudios en algunas casas de los vecinos, donde se confirmó la presencia de compuestos orgánicos volátiles derivados de hidrocarburos, así como sulfato de dimetilo, una sustancia muy tóxica por inhalación. Ocho residentes del barrio, entre ellos dos niños, se sometieron a análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología que arrojaron presencia de distintos compuestos químicos. En su documento se advierte de que “la concentración de benceno en la barriada superó en 16 veces el máximo permitido por la ley, dada su afección a la salud humana”.

El informe del Seprona, que luego ha sido corroborado por otros estudios de Ecologistas en Acción y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, concluye que los escapes de hidrocarburos produjeron un daño sustancial en la calidad del suelo y riesgo para la salud de los vecinos, dada la contaminación atmosférica que se vincula a la red del alcantarillado y la persistencia de la exposición al tóxico”. “Lo determinante aquí no es el riesgo del estuario, sino la brutal afectación a la salud de los vecinos”, recalca Isidoro Albarreal, miembro de Ecologistas en Acción, que también está personada en la causa penal.

Tóxicos con consecuencias “extremadamente dañinas” en la sangre

Y es que la exposición constante a los más de 10 compuestos químicos que se identificaron en las mediciones realizadas por los técnicos, entre ellas el benceno, tolueno, sulfato de dimetilo o el hexano, con consecuencias “extremadamente dañinas” y en algunos casos con niveles de riesgo “intolerables”, según los informes, está minando la salud de los vecinos de la barriada. “Hay muy pocos vecinos que no sufren alteraciones nerviosas, problemas musculares, dolores de cabeza, sensación de falta de aire, insomnio, pérdidas de conocimiento…”, explica Sergio González, de 51 años, el primer residente del barrio que ha obtenido la incapacidad reconocida por inhalación de tóxicos.

138 vecinos que presentaban afecciones relacionadas con la inhalación de los gases tóxicos consiguieron ser atendidos de manera exclusiva por el departamento de Medicina Interna del Virgen del Rocío. La Consejería se Salud se comprometió a realizar un estudio epidemiológico para analizar los síntomas y los efectos de esa exposición. Los afectados han reclamado ese informe, pero el hospital sostiene que lo redactó en 2022 y que no puede facilitárselo porque el procedimiento está judicializado. Tampoco está en poder de la jueza que instruye el caso que el pasado 22 de enero lo recamó a la Dirección General de Salud Pública, sin que lo haya remitido hasta el momento. “Estamos sin respuesta desde entonces”, dice Rogelia con resignación. Los vecinos han hecho su propio estudio por calles y no hay una en la que no se presenten casos de infarto o problemas cardiacos, diagnósticos de cáncer, enfermedades compatibles con los compuestos orgánicos volátiles.

Y es que la tardanza en disponer de ese informe es una más del sinfín de demoras y trabas de un procedimiento penal, cuya instrucción todavía sigue. La Audiencia Provincial archivó “por error” la causa el pasado mes de junio, pero el caso se reabrió este mismo miércoles. Además del estudio epidemiológico, la juez está pendiente desde el 21 de enero de 2023 de que un técnico superior de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid inspeccione los pozos negros que se encuentran en bajo las naves aledañas a la barriada y sobre los que incluso se han edificado viviendas, para confirmar si podrían constituir un segundo foco de contaminación.

Los pozos negros, otro posible foco

“No es una hipótesis, es una realidad”, sostiene Pedro Guerrero, el técnico municipal que en 2017 realizó un informe sobre esos pozos negros y la inexistencia de una red de saneamiento adecuada y que los vinculaba con los olores, pero que el Ayuntamiento desestimó. “Allí existía un polígono industrial y en los 90 se obligó a las empresas instaladas a que dispusieran de unos pozos ciegos para recoger sus vertidos sin ningún tratamiento”. Precisamente, hace ocho meses el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad una proposición no de ley para estudiar el posible foco de contaminación de los pozos negros, pero desde entonces no se ha reunido el grupo de trabajo. “Que no se haya constituido, nos significa que no se esté trabajando”, se justificó este mismo martes la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, al ser preguntada por esa demora .

Paralelamente al proceso penal, la sala Contencioso administrativo del TSJA ordenó en noviembre de 2023 al Ayuntamiento de Coria que reactivase la declaración de la zona como suelo contaminante, que archivó en 2021. Una petición que reiteró el pasado 21 de mayo, aunque el consistorio adujo que ya había dado cumplimiento un mes antes. A la orden del TSJA se suma un informe del pasado 6 de agosto de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía en el que se advierte de que los suelos de la gasolinera “siguen soportando niveles de contaminación inaceptables, muy por encima de los límites fijados”, pese a las tareas de limpieza que ha estado desarrollando durante los último 30 meses la empresa titular de la gasolinera de manera voluntaria. La entidad de la Junta advierte también de que la empresa no está realizando los controles de seguimiento de manera adecuada ni ha delimitado correctamente el perímetro del suelo afectado por la contaminación.

Los vecinos no entienden la pasividad del Ayuntamiento ni el interés del alcalde por minimizar las consecuencias de estar inhalando gases tóxicos de manera permanente. “No digo que se inventen nada, pero sí pueden estar confundiendo olores”, sostuvo el alcalde, Modesto González, tras conocer el fallo del TSJA, quien también entonces dio por “hecha” una descontaminación que el informe de este mes de agosto refuta. “Aquí hay un interés muy gordo en que esto no salga a la luz”, sostiene Rogelia que apunta directamente al regidor, pero también a Emasesa. El Ayuntamiento ha declinado hacer declaraciones sobre los suelos contaminados por tratarse de un tema que está judicializado.

Los vecinos afectados también se sienten abandonados por la Consejería de Salud que se niega a darles el informe epidemiológico y su sensación de desamparo se ha incrementado esta semana con la falta de respuesta concreta por parte de la consejera de Medio Ambiente sobre el cumplimiento de la PNL. “Ni se cumple con la sentencia, ni con los compromisos que se crean con nosotros en materia sanitaria… no importamos”, sostiene Sergio. Pero por encima de la incomprensión ante la abulia de las administraciones, lo que se impone en ellos es el miedo al futuro por el deterioro en su salud y las secuelas que ya presentan los niños, unos mil en la barriada.

“A nosotros no nos mueve otra cosa que la salud”, recalca Rogelia. Los hijos de Silvia son los dos menores que se hicieron las pruebas de toxicología en 2017 con resultados positivos en químicos. “Los desmayos son algo habitual desde que mi hija cumplió nueve años, y ahora tiene 16. De los dos meses de curso que llevamos, han faltado ya más de dos semanas por problemas respiratorios y jaquecas”, explica: “El médico lo atribuye a la inhalación de tóxicos, pero no lo deja por escrito”.

Quien sí tiene un informe médico que acredita que la nefrocalcinosis que padece su hijo de 14 meses es debida a “intoxicación por benceno durante el embarazo” es Nuria Vargas. Ella se quedó embarazada mientras vivía en Coria y a los siete meses se mudó a Canarias, donde nació su bebé. “A los 27 días lo tuvieron que ingresar y después de muchas pruebas, cuando le conté al pediatra lo que pasaba en el barriada, confirmó que los tóxicos a los que habíamos estado expuestos durante la gestación afectan al feto”, explica.

“Nos quieren envenenar, nos quieren dejar morir”, afirma Rogelia, que, como sus vecinos, se ha acostumbrado a no poder conciliar el sueño más de una hora seguida porque se atraganta con el aire que respira. Sin embargo, no resigna : “Vamos a seguir hasta el final, no pueden dejarnos vivir así”.