Las agresiones a sanitarios alcanzan su máximo histórico en Andalucía

Aunque el número de agresiones a los profesionales sanitarios andaluces ha ido creciendo de manera preocupante desde la pandemia, las cifras nunca habían sido tan altas como en 2024. El año pasado se contabilizaron 1.866 ataques tanto físicos como verbales a facultativos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un 19% más que en 2023. Unos datos que la Consejería de Salud interpreta como producto de la “mayor sensibilización y conocimiento” del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, que se traduce en un mayor número de denuncias, pero que, para las organizaciones consultadas, es una clara muestra del fracaso de esas medidas. “El plan está para acabar con las agresiones, no para que suban las denuncias”, zanja Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, cuyo diagnóstico es compartido por el resto de sindicatos sanitarios consultados.

De esas 1.866 agresiones, recogidas en el Registro Informático de Agresiones a Centros (RIAC) del SAS, 362 fueron físicas (un 19,4% del total) y el resto verbales. El 47,48% se produjeron en hospitales, siete puntos más que el año anterior, y el 52,52% en centros de salud y las mujeres, con un 72,45%, fueron las principales víctimas. Esos casi 1.900 ataques, no solo representan una tasa del 15,01% de los profesionales sanitarios que trabajan en centros sanitarios públicos andaluces, sino que suponen 302 más que las registradas en 2023, la mayor subida anual desde que se empezaron a recopilar estos datos hace 17 años.

“La cuestión es por qué suben año a año. No puede aislarse este incremento de la situación de descomposición de nuestro sistema sanitario”, puntualiza Daniel Gutiérrez, responsable del Gabinete de análisis y estudios de CC OO Andalucía. “La falta de personal, la gestión lamentable que padecemos, las dificultades para acceder a las consultas, las listas de espera y lo desprotegidos que se sienten los profesionales influye, no solo en generar un ambiente crispado en los centros sanitarios, sino porque también hace imposible dar una asistencia medianamente aceptable”, enfatiza en este sentido Antonio Macías, responsable del área de Salud de UGT Andalucía. “La falta de recursos y un sistema incapaz de dar respuesta a los pacientes, son un caldo de cultivo perfecto”, añade Ojeda.

Entre las causas de las agresiones, en el caso de los centros de atención primaria, más de la mitad están relacionadas con las demandas del usuario, seguidas del desacuerdo con el trato o conducta del profesional (14,08%); con las normas de funcionamiento del centro (12,04%), sin causa aparente (7,04%) y disconformidad con el tiempo de atención en el centro (6,84%). En el caso de los hospitales, el desacuerdo con la conducta o el trato con el profesional, encabeza el listado, con un 21,22%, seguido de las demandas del paciente (20,43%), el desacuerdo con las normas de funcionamiento (19,75%), sin causa aparente (18,17% y disconformidad con el tiempo de atención, el resto.

La Consejería de Salud hace hincapié en “el gran número y la diversidad de las medidas de seguridad” que se están implementando en los centros sanitarios públicos andaluces, como los dispositivos de seguridad, entre ellos cámaras o alarmas individuales. Sin embargo, los representantes de los sindicatos consultados insisten en que “esas medidas no están funcionando”. “Muchos centros de salud no están diseñados para tener puertas traseras en las consultas para que el profesional pueda huir, los botones del pánico muchas veces no funcionan, en otros centros no hay personal de seguridad…”, enumera Gutiérrez.

Más medidas disuasorias

Todos reclaman, como ha hecho Victorino Girela, presidente del sector de Sanidad de Csif en la comunidad, “medidas disuasorias para frenar este tipo de actuaciones”. “Es necesario poner en marcha un régimen sancionador”, ha insistido. “Este plan es incapaz de prevenir las agresiones, por parte de la administración no hay acciones contundentes que disuadan incluso de reincidir”, añade Ojeda.

Una reciente encuesta de UGT-A sobre las agresiones a facultativos insistía en esa sensación de desamparo por parte de los profesionales de la sanidad. Macías advierte sobre la falta de respuesta judicial en estos casos: “No puede ser que un profesional al que agrede un individuo que ve todos los días y al que va a seguir viendo, tenga que presentar una denuncia individual, que se resolverá en el mejor de los casos dentro de no sabemos cuánto tiempo y con una sanción mínima para ese agresor al que tendrá que seguir atendiendo”. En este sentido, la Consejería de Salud ha querido incidir en el acompañamiento que por parte de los servicios jurídicos del SAS se hacen a las víctimas de estas agresiones, destacando que en 2024 se realizaron 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado.

Aunque solo el 20,3% de las agresiones registradas se han cometido por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, la Consejería de Salud ha querido hacer hincapié en este colectivo a la hora de tratar el perfil de los agresores, bajo la premisa que en el caso de los ataques físicos, el porcentaje se ha incrementado hasta el 51,6%. Una distinción que tampoco ha gustado a los sindicatos que estaban presenten en la reunión en la que la Junta les ha trasladado esos datos. “Nos parece lamentable que los citen para tapar el aumento de agresiones, cuando nosotros a la hora de denunciarlas jamás hacemos alusión a esta circunstancia para no estigmatizarlos”, señala Macías. “Esto es como dar a entender que las agresiones no valen lo mismo o que los profesionales no deberíamos denunciar si nos agreden personas con trastornos mentales”, añade Gutiérrez.