Cuando caiga Gorbachov

A mediados de los ochenta el grupo de hardcore-punk l’Odi Social grabó en Pisa —por miedo a la censura— el tema, Que pagui Pujol! La portada del disco mostraba a varios jóvenes saltando sobre las máquinas de validación de tickets del transporte público. Muchos pensaron que los integrantes del conjunto ilustraban con ello su rebeldía. En realidad la imagen procedía de un fanzine antisistema parisino. Los miembros del grupo eran partidarios de la gratuidad total en el transporte y sugerían que el entonces president de la Generalitat corriera con los gastos. “Ya intuíamos que era un chorizo”, manifestaron respecto a Pujol cuando se cumplían 25 años de la grabación del disco en una entrevista de Lu Martin en este diario.

La orientación libertaria de l’Odi Social es poco compatible con la cosmovisión de Quim Torra. Cuesta imaginar a un discípulo de Torres i Bages hermanado, con perdón de García Oliver, con los Aguiluchos de la FAI. Pero ningún sincretismo ideológico es ajeno a la Cataluña procesista, donde es fácil encontrar ecuaciones imposibles: detractores de gravar a las grandes fortunas o subir impuestos a las rentas más altas que, al tiempo, aseguran ser partidarios de no poner límite al gasto público. Algunos independentistas hiperventilados opinan que el ruido de sables y la inestabilidad fomentados por la derecha y la extrema derecha españolas contra el Ejecutivo de Sánchez son una ventana de oportunidad para que Cataluña se convierta en un Estado.

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa i Rosselló, es de la opinión de que hay que aprovechar las turbulencias golpistas y las contradicciones en el seno de la potencia opresora. Estonia, Letonia y Lituania supieron ver la “ventana de oportunidad” del golpe contra Gorbachov para separarse de la URSS. “Aquí me temo que algunos preferirían salvar a Gorbachov” concluía en un tuit el diputado de Junts per Catalunya en el Parlament.Torra es más formal que Costa. En su reciente mensaje institucional de 23 de mayo propuso añadir otros 5.000 millones de euros a los 4.000 solicitados por el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, para hacer frente a la crisis de la covid-19. El president también agregó parte del déficit fiscal. No pidió los 18.000 millones de golpe —que es el monto en que lo estima Torra—, sino un modesto anticipo de varios puntos.

La lista del president no estaría completa sin añadir a la cesta una referencia a esa independencia que por fin pondrá a las personas por encima de los bastardos intereses económicos. Como corolario, Torra urgió al Ejecutivo de Sánchez a aprobar el ingreso mínimo vital, que el president suele confundir con la inexistente renta básica universal (RBU) o la renta garantizada de ciudadanía (RGC) que se paga —o debería pagarse— en Cataluña. Son confusiones propias de quien entiende más de la virtud de la caridad —versión Torras i Bages— que de derechos subjetivos.

La verdad es que la eficacia de la Administración catalana no anima al aplauso. Falta efectividad y sobra retórica propagandística. Al iniciarse la pandemia el Departamento de Trabajo aseguró en una circular que los pagos de la RGC —que en su máximo individual asciende a 664 euros al mes— se harían retroactivamente desde la fecha de petición y no desde el día de la cita presencial con la Administración, que es como se hace en épocas de normalidad. Pero nada. Todo sigue como antes de la crisis de la covid-19.Ramón lleva más de dos meses sin cobrar la renta garantizada por un cambio de entidad bancaria correspondientemente notificado.

La Generalitat sigue enviando los pagos a la cuenta clausurada y a Ramón una reciente sentencia le ha complicado la vida al darle la custodia de dos hijos, al que le suma el que ya vive con él.María, de familia monoparental, cobraba un complemento de RGC porque tenía un trabajo a tiempo parcial. Al perder el empleo por la crisis de la covid-19 pidió la prestación completa a la que tiene derecho por ley. Se la denegaron. Aunque el recurso de alzada debería resolverse legalmente en tres meses, la Generalitat suele esperar al inminente juicio contencioso administrativo subsiguiente para dar su brazo a torcer, astucia que le permite prolongar por un año el impago.

Como María y Ramón, tantos otros. Las consultas realizadas por la ciudadanía a los asesores de la comisión promotora de la RGC se han duplicado. Unas 500.000 personas están en situación de extrema pobreza y solo 127.000 perciben la prestación. En el horizonte inmediato, 25.000 empleos están amenazados por el cierre de Nissan. Pero no hay que preocuparse. Cuando caiga Gorbachov todo irá sobre ruedas.