El déficit de legitimidad

A medida que se acerca la desconocida fecha de las cada vez más apremiantes elecciones catalanas, crece la curiosidad por saber cómo va a articular el partido de Puigdemont ese nuevo artefacto llamado “confrontación inteligente”, y por supuesto crece también la curiosidad por saber qué parte del voto soberanista se llevará el independentismo de combate frente a la panoplia de opciones independentistas pragmáticas que se vislumbra en el horizonte.

La apuesta por una confrontación “inteligente” con el Estado sugiere que puede existir también una confrontación no inteligente; lo que no queda claro es si el choque de trenes de 2017 pertenece a la primera categoría o a la segunda. Fuese o no inteligente, lo cierto es que el enfrentamiento de hace tres años evidenció un error estratégico fundamental: la falta de conciencia del déficit de legitimidad que arrastraba el independentismo desde que perdió las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015. Sin miedo a que le tilden de botifler, traidor o cosas peores, esa es la tesis que expone Jordi Muñoz en Principi de realitat, sin duda uno de los análisis más brillantes sobre el proceso catalán, a pesar de la manifiesta parcialidad del autor, que confiesa sin ambages que su libro está escrito “desde el soberanismo”.

Muñoz recuerda que el independentismo, en Cataluña, nunca ha superado el 50% de los votos. No lo logró en las plebiscitarias de 2015, no lo logró en las generales de 2015 ni en la repetición de 2016, no lo logró en las dramáticas elecciones de diciembre de 2017, no lo logró en las dos generales de 2019, ni en las municipales del mismo año, ni en las europeas. Es decir, no lo ha logrado en ninguna de las ocho últimas elecciones.

Pedir al independentismo un espacio de decisión compartido de forma amplia requiere criterios exigentes

Para Muñoz, superar la barrera del 50% es una condición absolutamente necesaria para construir un poder político alternativo con suficiente legitimidad interna y externa. La tesis es cristalina pero merece un reproche, que es la fijación en el 50% de los votos emitidos. Si estamos pidiendo al independentismo —como quiere Muñoz— que genere un espacio de decisión ampliamente compartido y reconocido, es posible plantearse criterios más exigentes. En este sentido, y sin que sirva de precedente, hay que reconocer que el presidente Quim Torra llevaba parte de razón cuando hace dos años, durante la presentación del Consell per la República, apeló a la “vía eslovena”. No nos referimos por supuesto a la conveniencia de desencadenar una guerra ni de registrar, aunque sea pequeño, un cierto número de víctimas mortales. Nos referimos a fundamentar la causa independentista en lo que Artur Mas llamó hace años “mayorías cualificadas o reforzadas”, que en aquel entonces según él eran las únicas que podían dar al independentismo “toda la legitimidad y la fuerza necesarias”, al tiempo que permitían evitar “dividir a la sociedad en dos mitades, con el riesgo de fractura social que eso comporta”.

Según la ley eslovena que reguló el referéndum del 23 de diciembre de 1990, el umbral de aprobación era el 50% del censo electoral, no de los votantes. Con el 90% de participación y el 95% de votos afirmativos, la cuestión es que la independencia eslovena fue aprobada por el 86% del censo. Con un censo de 5,6 millones de personas, aplicar la vía eslovena en Cataluña supondría que el independentismo lograra al menos 2,8 millones de votos, y para emularla del todo serían necesarios 4,8 millones.

Las próximas elecciones van adquiriendo el aire de un plebiscito que ya no será entre independencia sí o no

El listón máximo del voto independentista se fijó en diciembre de 2017 con 2.079.340 papeletas. En ninguna de las cuatro elecciones posteriores se ha logrado igualar esa cifra. Ahora podríamos preguntarnos si el conjunto del independentismo logrará no ya igualar sino superar esa cifra para acercarse a los 2,8 millones de la vía eslovena. Pero es posible que hablar del independentismo en conjunto ya no tenga mucho sentido. Las próximas elecciones van adquiriendo el aire de un plebiscito que ya no será entre independencia sí e independencia no sino más bien entre la confrontación que postula el partido de Puigdemont (y que previsiblemente secundará la CUP) y cualquier otra estrategia política. En este sentido, no hay que ser un analista muy conspicuo para predecir que Junts perderá la apuesta. Si a los movimientos presuntamente unitarios de 2017 ya les faltó legitimidad, el renovado unilateralismo de Junts lo tiene crudo, incluso en el supuesto de que en la photo finish se repita la historia de 2017 y Puigdemont avance a Junqueras en el último suspiro del recuento.

Albert Branchadell es profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.