Cataluña entra en campaña con el desafío de 132.000 parados más

La política catalana ha iniciado esta medianoche su campaña electoral hacia el 14-F apenas quince horas después de conocer el roto que la pandemia ha dejado en el mercado laboral catalán. El resultado es una fuerte destrucción de empleo y una tasa de paro estimada del 13,8% tras contabilizar 132.100 desempleados más que hace un año. Con ese balance laboral, sumado a una caída anual del PIB que podría alcanzar el 12%, la reactivación de la economía está llamada a convertirse en uno de los ejes de campaña tras un final de mandato en el que justamente la gestión del Departamento de Trabajo, con dos ceses, ha sido más que controvertido.

El próximo gobierno de la Generalitat tendrá que gobernar un territorio con 537.900 parados, un 31.5% más de los que había hace un año. Y se trata de una cifra dopada a causa del trabajo que están efectuando todavía las regulaciones temporales de empleo (ERTE) activadas por el Gobierno central, que han impedido que se cumplan las peores previsiones. La propia Generalitat preveía en octubre para este año una horquilla de entre el 15,4% y el 16,1% de tasa de paro estimada, muy superior a la que ofreció ayer la Encuesta de Población Activa (EPA). La tasa de paro queda todavía muy lejos de las que dejó la Gran Recesión en 2010, encaramada durante años por encima del 20%.

Uno de cada cuatro empleos destruidos en España tuvieron Cataluña como escenario, donde los efectos de la pandemia han borrado de un plumazo 137.600 puestos de trabajo. La patronal Fomento del Trabajo ya avisó ayer que la recuperación de empleo no será una carrera de corto recorrido que se pueda resolver este 2021. Al contrario, forma parte del consenso que se tardará años en recuperar los guarismos previos a la aparición de la covid-19.

Y las patronales llevan avisando meses la necesidad de inyectar una desacomplejada cantidad de recursos públicos que contribuya a salvar al tejido empresarial que, de momento, ha sobrevivido a la crisis.

Ahí se encuentra uno de los elementos importantes del próximo ejecutivo, que deberá manejar las cuentas de la Generalitat durante la mayor parte del ejercicio sin nuevas cuentas públicas, si es que es capaz de elaborarlas antes de que se cierre el año. Y ahí se encuentra también uno de los problemas con los que ha contado el actual Ejecutivo. Ha inyectado poco más de 800 millones de euros en ayudas a los colectivos económicos más tocados por la pandemia, recursos que sindicatos y patronales coinciden en calificar de insuficientes, y con sonados fiascos en su atribución: una convocatoria de ayudas a los trabajadores autónomos acabó sobrepasando las expectativas del Govern y colapsó el sistema informático. Como consecuencia de ese problema que soliviantó a las asociaciones de trabajadores por cuenta ajena el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani cesó a quien hasta era entonces su número dos, Josep Ginesta, ahora asalariado de la patronal Pimec.

Desde esa butaca, Ginesta señaló ayer al Govern que las políticas activas de empleo tendrán una importancia “vital”, así como la necesidad de más ayudas directas y de inyección de liquidez a las empresas, y una apuesta firme para facilitar mecanismos de digitalización en el tejido productivo. Parece esa una lección aprendida por parte del Govern, que anunció la semana pasada un nuevo sistema de subsidios por un importe de 618 millones para autónomos y trabajadores en ERTE que no alcanzan el salario mínimo de referencia catalán. Los sindicatos apremian a aprobarlas para que lleguen a los beneficiarios. Foment y Pimec cuestionan que para poder recibir ayudas se deba garantizar mantener el empleo durante un año.