La justicia tumba también la semilibertad de Carme Forcadell y Dolors Bassa

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa tendrán que volver a ingresar en prisión como ya hicieron, hace casi un mes, los otros siete presos del procés. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Cataluña ha tumbado también el tercer grado que les fue concedido por el Departamento de Justicia a finales de enero. El juez, que rechazó suspender el régimen de semilibertad de forma cautelar, ha aceptado finalmente el recurso de la Fiscalía. En dos autos, el magistrado considera que la concesión de un régimen de vida en prisión más favorable -Forcadell y Bassa solo tienen que regresar a la cárcel a dormir entre semana- es prematura.

La resolución es de ejecución inmediata, por lo que ambas deberán reingresar este mismo martes en sus respectivos centros penitenciarios: Forcadell, en la cárcel de mujeres de Wad-Ras (Barcelona) y Bassa, en la de Puig de les Basses (Girona). Aunque el Departamento de Justicia puede revisar su situación cada seis meses, por ahora, las dos exdirigentes independentistas condenadas por el referéndum del 1-O deben cumplir pena en segundo grado o régimen ordinario, en el que cumple la mayoría de los presos. Forcadell fue condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición; Bassa, a 12 años por sedición y malversación.

La decisión ha indignado una vez más al independentismo. La consejera de Justicia, la republicana Esther Capella, ha pedido al Gobierno que impulse la amnistía para los políticos condenados por el referéndum del 1-O. “Estamos en un bucle”, ha lamentado tras conocer una resolución que tumba el tercer grado acordado por su departamento con el visto bueno de la junta de tratamiento de prisión. “No se trata de justicia, es venganza y escarmiento”, ha denunciado Capella.

El juez se aferra a los argumentos del Tribunal Supremo, que el pasado mes de diciembre ya tumbó un primer tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve presos del procés. El alto tribunal, que les enjuició y que tiene la última palabra sobre su situación penitenciaria, concluyó entonces que el paso al tercer grado resultaba prematuro teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y las penas. El magistrado de vigilancia penitenciaria considera que nada ha cambiado desde entonces: tanto en el caso de Forcadell como en el de Bassa se mantienen las mismas condiciones que hace seis meses, por lo que la concesión del tercer grado debe ser anulada.

“La represión no para”

En el caso de Forcadell, que presidió el Parlament durante los hechos del otoño catalán de 2017, el juez considera que sus circunstancias personales -normalidad familiar, aceptación de hechos, riesgo bajo de reincidencia- “no han sufrido alteración” desde la primera vez que se le concedió el tercer grado. Sobre su papel en el 1-O, la resolución señala que Forcadell sigue mostrando “ambivalencia” entre “el deber hacer y el tener que hacer”, por lo que no ha interiorizado suficientemente “el alcance de los actos realizados”. Tras conocer que tendrá que volver a ingresar en prisión, Forcadell ha lamentado su situación: “Hoy hace 1.111 días que estoy en la cárcel, los compañeros de Lledoners aún llevan más tiempo, y no sé cuándo terminará este sufrimiento, porque la represión no para”.

En la misma línea se expresa el juez sobre Bassa: nada ha cambiado para justificar ahora el tercer grado. Asumir las consecuencias de los hechos, como señala el Supremo, no es suficiente. Tampoco se ha observado, refleja el juez, ningún “contenido relevante vinculado al programa de tratamiento” seguido en la cárcel por la exconsejera de Trabajo.

Los líderes políticos del procés abandonaron a finales de enero las cárceles en las que cumplían condena porque la Generalitat les concedió el tercer grado coincidiendo con el primer día de la campaña electoral catalana del 14 de febrero. El Departamento de Justicia dio el visto bueno a la propuesta de los centros penitenciarios de conceder el régimen de semilibertad a los miembros del Gobierno y a los líderes de las entidades ANC y Òmnium que fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y 13 años de cárcel. La decisión permitió a los condenados permanecer durante el día en libertad y volver a prisión solamente a dormir, por lo que pudieron participar en actos de la campaña electoral de sus partidos. Hace un mes, sin embargo, el juez de vigilancia número 5 de Cataluña ordenó la vuelta al segundo grado de todos los presos varones, que cumplen pena en la cárcel de Lledoners (Barcelona): Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull y Raul Romeva.