El Tribunal de Cuentas objeta la emergencia del urbanismo táctico realizado por Colau en pandemia

El Tribunal de Cuentas ha publicado un extenso informe de fiscalización (77 páginas y 700 de anexos) de los contratos realizados por los ayuntamientos españoles de más de 300.000 habitantes durante los meses más duros de la pandemia de coronavirus en el que cuestiona decenas de procedimientos. En el caso de Barcelona (como Madrid, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Bilbao y Alicante) “se han detectado contratos en que la justificación de la tramitación de emergencia resulta indebida, inadecuada o insuficiente, o bien pone de manifiesto una actuación acorde a la norma pero una defectuosa planificación de la gestión contractual”, indica el informe, que adelantó Nació Digital.

Alguna o varias de estas incidencias afectan al 14% de los contratos fiscalizados de Barcelona, un total de 1.004 por importe de casi 68 millones de euros. Contratos que incluyen desde la compra de guantes, mascarillas, test o mamparas, hasta comidas a domicilio, portátiles, obras en el espacio público o campañas de comunicación.

Entre los contratos que el informe ve injustificado haber adjudicado por el procedimiento de emergencia figuran 12 obras de espacio público y movilidad que suman 3,2 millones. Entre ellas, actuaciones de urbanismo táctico para ensanchar aceras en Via Laietana, Consell de Cent, Rocafort, Girona, Diagonal o Gran Via durante la desescalada.

El informe precisa que en el trámite de alegaciones el gobierno de la alcaldesa Ada Colau defendió que las actuaciones de emergencia buscaban “garantizar la salud pública en el desplazamiento de viajeros por la ciudad, garantizando, a su vez, un desplazamiento eficaz, saludable y sostenible”, pero el tribunal observa que “las medidas indicadas, aunque pueden estar relacionadas con la salud general de las personas, carecen de la inmediación en la respuesta a la situación causada en concreto por el covid-19 que pueda justificar la utilización del procedimiento excepcional de emergencia”.

El concejal de Presupuestos, Jordi Martí, respondió ayer que el Tribunal “no dice nada de especial gravedad” o que les preocupe en contratos fruto de la “decisión acertada de flexibilizar los sistemas de contratación”.