El Parlament de Cataluña apuesta por eliminar el privilegio de los funcionarios de cobrar sin ir a trabajar

La Mesa del Parlament ha aprobado este martes suprimir por completo la denominada licencia de edad que permite ahora a los funcionarios mayores de 60 años cobrar durante tres años gran parte del salario sin ir a trabajar. El órgano tiene ahora la intención de renegociar con el Consell de Personal, una suerte del comité de empresa de la Cámara, la eliminación del citado privilegio este 2022 para no ejecutar la docena de peticiones, concedidas o no, en trámite. El Govern evitó entrar en la polémica escudándose en la “separación de poderes”.

La decisión de eliminar definitivamente la licencia de edad, en vigor desde 2008, supone dar marcha atrás al acuerdo que la Mesa había tomado el 21 de diciembre cuando recortó en parte el privilegio a los funcionarios al reducir el periodo de gracia de cinco a tres años y no abonarles el 100% del salario. El acuerdo de ayer fue tomado por unanimidad por Junts, ERC, PSC y la CUP. Durante 2021, el Parlament destinó 1,7 millones de euros a funcionarios que no trabajaban, avanzó el Ara. La medida beneficia a 21 personas, algunas de ellas con un salario mensual superior a los 10.000 euros. La Mesa pidió ayer a los letrados y a la Secretaría General un informe para afrontar la supresión que en cualquier caso no tendrá carácter de retroactivo.

Cuando estalló el escándalo, Laura Borràs, presidenta de la Cámara, insistió en que quiso subsanar el privilegio desde que alcanzó la presidencia y, de hecho, la secretaría general negociaba desde septiembre con los funcionarios recortarlo. La Mesa ha acordado pedir un informe para estudiar si firma un convenio con la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) para mejorar la transparencia de la Cámara. Tres letrados del órgano equiparable de transparencia del Parlament ha sufrido tres bajas pero el asunto no se ha abordado en la Mesa.

El episodio ha revelado cómo la mayoría de grupos han querido sacudirse la responsabilidad de no haber actuado antes contra una situación laboral que juzgan de “intolerable”. ERC y el PSC han sostenido que la medida de diciembre se aprobó como una más entre un millar y lamentaron la falta de “transparencia”. El caso ha vuelto a dejar constancia de la agria relación entre Junts y ERC. “Confiamos en lo que nos presentaron”, dijo la diputada de ERC, Marta Vilalta, aunque ha deslizado que no quería señalar a alguien y que debían asumir también su parte de responsabilidad. Junts ha señalado que Esquerra era perfectamente consciente de la existencia de ese acuerdo con los funcionarios.

El PSC no ha negado que fuera consciente de la medida aunque la diputada socialista Alicia Romero ha asegurado que no disponían de toda la información -como, por ejemplo, el salario de algunos funcionarios- por la escasa transparencia con que, ha dicho, se ha abordado el tema. La Mesa ha acordado pedir un informe para estudiar si firma un convenio con la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) para mejorar la transparencia de la Cámara. Tres letrados del órgano equiparable de transparencia del Parlament ha sufrido tres bajas pero el asunto no se ha abordado en la Mesa.

La CUP ha admitido que en diciembre aprobó reducir el privilegio de cinco a tres años y que debían de hacer autocrítica aunque ha insistido en que no se debe desvincular el caso de los funcionarios con el del salario de los diputados. La CUP y los comunes son los únicos grupos que reivindican una reducción del salario d los diputados. Ahora, los parlamentarios cobran parte de su sueldo en dietas que no tributan al fisco. “La sociovergencia republicana”, ha dicho Pellicer, “tiene que decidir si nos bajamos el sueldo o si esa parte la tiene que asumir el presupuesto del Parlament”.

Mientras, Jéssica Albiach, líder de los comunes, ha lamentado esos salarios “astronómicos” y ha señalado que lo que ha trascendido ahora no es menos “escandaloso” que lo de diciembre. “Lo que se hizo entonces fue una operación de maquillaje. Queremos una mesa ampliada y acabar con este régimen transitorio y que haya un órgano externo al Parlament que lo fiscalice”, ha dicho. Nacho Martín Blanco, portavoz de Ciudadanos, ha considerado “vergonzoso” que existan funcionarios que cobren sin trabajar. “Es un fraude moral. No hay precedentes. Es escandaloso. Sólo se puede aplicar desde una visión totalitaria de la política”, ha dicho.

El Govern ha intentado escaparse de la polémica, obviando que entre sus miembros está un expresidente de la Cámara, Roger Torrent, informa Camilo S. Baquero. La portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Plaja, ha asegurado que el Gobierno catalán no se pronunciará para respetar “la separación de poderes” con el Ejecutivo que preside Borràs pero si ha defendido que todas las instituciones públicas “deben ser ejemplo de buenas prácticas”.

El caso ha vuelto a evidenciar la agria relacion entre Junts y ERC. Los comunes apuntaron que lo que ha sucedido ahora no es menos “escandaloso” que lo aprobado hace un mes. Xavier Pellicer (CUP) admitió que dieron el visto bueno para recortar la licencia de edad y que deben hacer autocrítica. El anticapitalista vinculó el privilegio de los funcionarios al de los diputados que no tributar al fisco parte de su salario. La CUP y los comunes piden una rebaja de los sueldos de los parlamentarios.