El Govern busca diluir el 25% de castellano en un nuevo modelo pedagógico por competencias

Acatar las sentencias del 25% de castellano en la escuela, pero sin que se note mucho. O incumplirlas sin caer en un desacato flagrante. Ante esa obligación marcada por los tribunales, la Generalitat busca fórmulas para dar cumplimiento a un fallo que considera que acaba con el modelo de inmersión lingüística pero sin que dicho porcentaje figure por escrito en ninguna normativa o en los proyectos educativos de los centros. Llevando las aulas a las nuevas tendencias pedagógicas de trabajo interdisciplinar y eliminación de la actual estructura del horario, el Govern ve una vía para regular el uso de las lenguas cooficiales, diluyendo el 25% en un aprendizaje por objetivos.

“Tenemos el compromiso de desplegar un nuevo marco normativo para actualizar el modelo lingüístico en función del modelo actual de aprendizaje competencia, transformación educativa y cambios curriculares”, aseveró el consejero de Educación Josep Gonzàlez-Cambray el pasado 21 de enero, cuando la sentencia que fija el 25% en todo el sistema se convirtió en firme.

Cambray no habla explícitamente de no acatar las sentencias -el Departamento ha admitido en alguna ocasión que “son de obligado cumplimiento”- y se centra en el conocimiento de ambas lenguas. “Daremos cumplimiento a lo que marca la Ley de Educación de Cataluña: que al final de la etapa obligatoria, de 4º de ESO, todo el alumnado logre las competencias tanto en castellano como en catalán. El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, va de pedagogía”, ha insistido Cambray en más de una ocasión.

Este objetivo se enmarcaría en hacer extensible el nuevo modelo de educación por proyectos y de evaluación por competencias, que rompe con la estructura clásica de lecciones por materias. “No se habla de clases de una hora, sino de aprendizaje global, cosa que cambia el modo en que se enseñan las lenguas y aquí ya no tiene sentido hablar de porcentajes. En lugar de impartir Matemáticas en catalán y Medio en castellano, se puede plantear trabajar un proyecto en castellano, igual que se puede hacer en inglés”, abunda Marina Gay, representante de Òmnium Cultural en la plataforma Som Escola.

La Generalitat reunió a esta y otras entidades tras la decisión del Supremo de finales del pasado mes de noviembre, que inadmitía el último recurso del Govern contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) del 16 de diciembre de 2020 que fijaba el mínimo de 25% de clases en castellano para el sistema educativo catalán en su totalidad. Con el rechazo de este recurso, el TSJC declaró firme la sentencia y empezó a contar el reloj para aplicarla: este 4 de febrero vence el plazo para que la Generalitat confirme que ha recibido la resolución y tiene hasta finales de marzo para ejecutarla de forma voluntaria.

La Generalitat espera dilatar los plazos para preparar la reforma legal y varias fuentes del Ejecutivo y de ERC confirman que se esperará la orden de ejecución forzosa, algo que corresponde al Gobierno en su calidad de demandante. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recordado que las sentencias deben cumplirse, pero al mismo tiempo ha descartado pedir su ejecución por ser un asunto que compete a los tribunales. La relación entre ambos Ejecutivos no pasa por un momento dulce, por los choques sobre la reforma laboral y la mesa de diálogo, complican la posibilidad esperada por los republicanos de algún gesto de cara a parar la ejecución de la sentencia.

Mientras tanto, a raíz de la sentencia del Supremo, Educación comunicó a los colegios que no debían realizar ningún cambio, una misiva que las entidades que promueven las demandas sobre este 25% llevaron a los tribunales por considerar que inducían al desacato. La Fiscalía archivó este lunes las denuncias por considerar que la carta no supone una “orden, instrucción o circular de ineludible cumplimiento”. En cambio, el ministerio público subraya que la Generalitat ha dado un “puntual cumplimiento a la totalidad de resoluciones judiciales” dictadas hasta el momento y recuerda que son los directores de los colegios los encargados de hacer cumplir el fallo.

Pero Educación es consciente de que no va a poder esquivar su aplicación porque todavía queda la posibilidad de que cualquier asociación o persona física pueda solicitar su ejecución, algo que ya han avanzado que harán las entidades que promueven este tipo de reclamaciones lingüísticas, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Por ello, paralelamente el Departamento ha anunciado una serie de medidas para proteger el uso del catalán en las escuelas.

El cambio pedagógico que estudia el Govern es de gran calado, no podría ser una mera orden interna. El Departamento, que asegura que aún está estudiando cuál es la mejor opción, no descarta que pueda ser una ley, pero el tiempo que requiere esa fórmula es largo y existe el riesgo de que se pierda el gran consenso sobre la actual Ley de Educación. “Hace falta un instrumento legal con un amplio consenso político, que incluya socialistas y comunes, pero también pedagógico, más allá de los porcentajes, ya que establecer unos porcentajes uniformes es una bestialidad”, tercia Carles Martínez, exsecretario de políticas educativas. El decreto ley, que tendría que ser convalidado, podría ser una salida. Además, un recurso en su contra iría al Tribunal Constitucional, no al TSJC.

Para Marina Gay, la clave de la nueva norma será ver cómo se garantiza el uso del catalán. “Debe haber una discriminación positiva hacia el catalán, por su posición desfavorecida, pero sin excluir el castellano ni ninguna otra lengua. Es un equilibrio difícil, pero el nuevo modelo debe contar con el máximo de consenso posible, como tiene el modelo la inmersión”.

Paralelamente, Cambray dejó claro en una reunión telemática con las direcciones el 13 de enero que el Departamento ponía el foco en “incrementar el uso social del catalán”. La declaración se produce después de que un informe del Consejo Superior de Evaluación de principios de diciembre revelara un descenso marcado del uso del catalán entre los profesores de ESO: del 63,7% que lo utilizaban “siempre o casi siempre” en el aula en 2006 se ha pasado al 46,8% en 2021. La diagnosis -que próximamente también se hará en primaria- también revela la pérdida de atractivo del catalán como lengua para el futuro laboral.

Como respuesta a este retroceso, y que esta tendencia empeore con la aplicación generalizada del 25% de castellano, el Departamento ha encargado a los inspectores que hagan una fotografía actual del uso del catalán, pero también que se aseguren que esta es la lengua vehicular. “Hemos dado órdenes al cuerpo de inspectores para que se garantice el modelo vigente […] Si la clase de matemáticas se tiene que hacer en catalán, se hará en catalán”, aseguró el presidente Aragonès a mediados de diciembre en una cumbre con el sector educativo. Y es que el Departamento, ya en época de Irene Rigau, manejaba informes que confirmaban que el modelo de inmersión no se aplica en algunos centros, especialmente en los grandes núcleos urbanos del área metropolitana.

Educación también ha puesto en marcha el Plan de impulso de catalán, que contempla que los centros educativos formen unos “grupos impulsores” para aumentar el uso de esta lengua. De momento la iniciativa empezará en unos 200 centros y la idea es que todos cuenten con estos grupos de aquí a tres años, a razón de mil escuelas por año. En este plan también se incluye la voluntad de mejorar la formación del profesorado respecto a la lengua catalana, lo que se concreta en que a partir de 2024 todos los docentes deberán acreditar un nivel C2 de catalán.

El Departamento también anunció la contratación de profesores de refuerzo para las aulas afectadas por las sentencias individuales del 25% -actualmente 46-, que se centrarán en la atención en castellano, aunque de momento no se conoce cuántos docentes serán ni cuándo se incorporarán. Asimismo, a principios de enero, el Govern publicó una resolución para “proteger jurídicamente” los funcionarios del sector educativo, poniéndoles a su disposición los servicios de asesoramiento y de defensa jurídica en caso de que lo necesiten.