El órgano asesor de Educación pide endurecer los requisitos para lograr la titulación estándar de catalán

Hablar más en catalán y, sobre todo, mejor. Con esta filosofía, el Consejo Escolar de Cataluña -el organismo asesor de la Generalitat en materia educativa que forman medio centenar de miembros del ámbito educativo, sindical, empresarial y administrativo- ha elaborado un documento con 67 propuestas que buscan mejorar la presencia y el uso del catalán en diferentes ámbitos. Entre las iniciativas, destaca rebajar de un C1 a un B2 la acreditación de catalán que reciben los alumnos al finalizar la ESO o reformar la Ley de Ed...

Hablar más en catalán y, sobre todo, mejor. Con esta filosofía, el Consejo Escolar de Cataluña -el organismo asesor de la Generalitat en materia educativa que forman medio centenar de miembros del ámbito educativo, sindical, empresarial y administrativo- ha elaborado un documento con 67 propuestas que buscan mejorar la presencia y el uso del catalán en diferentes ámbitos. Entre las iniciativas, destaca rebajar de un C1 a un B2 la acreditación de catalán que reciben los alumnos al finalizar la ESO o reformar la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para redefinir el concepto de “lengua vehicular”.

Hace casi un año, el Consejo Escolar creó un grupo de trabajo para analizar la situación actual del catalán y proponer medidas para mejorar su uso. El informe recoge los resultados de dos estudios -la Encuesta de usos lingüísticos de la población y el Estudio sociodemográfico y lingüístico de 4º de ESO (2021)- que muestran un retroceso en el uso del catalán y “constatan que la normalización lingüística no se ha logrado”, admite el informe, titulado El uso del catalán en la educación y 67 propuestas para promoverlo.

El organismo ha elaborado una lista de 67 propuestas de diferentes ámbitos para que el catalán gane preeminencia. En el área educativa, destaca la petición para rebajar la acreditación de catalán que actualmente reciben los alumnos al finalizar la educación obligatoria (4º de ESO), de un nivel C1 a un B2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (que equivaldría de pasar de un nivel C a un B, según la clasificación anterior a que se aplicara la nomenclatura europea). Según el informe del Consejo, actualmente el grado de la ESO “proporciona unos logros inferiores a los que acredita”, y por eso proponen modificar la normativa que al finalizar la ESO se obtenga el B2 y al finalizar el Bachillerato y la FP, el C1.

También proponen que deban acreditar un B2 de catalán otro tipo de personal como los tutores de prácticas de las empresas en la FP dual, las profesionales de las escuelas de infantil o los monitores del comedor y las extraescolares. Un miembro del Consejo admite que la intención no es tanto pedir un título (ya que la mayoría lo tendrían con tan solo haber cursado la ESO), sino concienciar de la importancia de mantener el catalán como lengua principal fuera del horario lectivo. “No solo se educa en las escuelas”, tercia dicho miembro.

El Consejo, en cambio, es más laxo a la hora de exigir un nivel C2 de catalán al profesorado (actualmente se pide un C1). La Generalitat anunció que, a partir de 2024 y de forma progresiva, los nuevos docentes y los que ya están en activo, deberán acreditar dicho nivel, pero el Consejo apuesta por requerirlo solo a los que accedan a la docencia por primera vez, ya que ven dificultades para pedirlo a toda la plantilla. “A los actuales se les puede evaluar, no hace falta pedirles un título. Lo que queremos es que los profesores se expliquen bien en clase y sean unos buenos referentes lingüísticos. El hecho de que todos los docentes tengan un C2 no garantiza que la situación mejore”, justifica dicho miembro del Consejo.

En el marco de las sentencias que dictan el 25% de castellano en las aulas, el organismo propone reformar el artículo 14 de la LEC “para precisar el concepto de lengua vehicular a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”. Dicho artículo establece que los proyectos lingüísticos de los centros deben incluir “el trato del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje” y “el proceso de enseñanza y aprendizaje del castellano”. Desde el Consejo aseguran que es necesario aclarar el término “vehicular”, así como el papel del castellano. “El castellano no lo tenemos bien resuelto. Nos centramos en enseñar temas de gramática o sintáctica, pero los alumnos no se expresan bien ni son capaces de leer El Quijote. La clave es mejorar las competencias lingüísticas, del castellano, pero también del catalán o del inglés”, añaden fuentes del organismo.

El informe también propone “denunciar los ataques y manipulaciones sobre el modelo educativo catalán hechos desde ámbitos ajenos a la educación” y “rechazar las injerencias ajenas a la educación que distorsionan los procesos de enseñanza-aprendizaje lingüístico”.

Años de “represión”

Además de las propuestas, en el informe se hace un repaso histórico de la situación de la lengua catalana, en que se destaca que en los últimos tres siglos ha sido “una anomalía” en el panorama lingüístico occidental, en tanto que, según ellos, es “una lengua sin Estado o, para ser más precisos, con uno o dos Estados en contra”. A principios del siglo XX, recuerdan, el catalán vive un momento, que se ve truncado por la dictadura franquista, que llevó años de “represión”. Con la democracia, llega la recuperación y el inicio de la inmersión lingüística, aunque el informe destaca que “la escuela no ha tenido instrumentos suficientes para darle la vuelta” a la situación de predominio del castellano en muchos ámbitos.

En cuanto a la época reciente, con la judicialización de la inmersión lingüística, el Consejo reprocha que “hay sectores del aparato del Estado que no han tenido nunca como objetivo la defensa de la diversidad lingüística” y lamenta que en estas cuatro décadas el Estado no haya hecho “pedagogía” de la riqueza que supone tener varias lenguas cooficiales. El organismo no es crítica con la Generalitat, que durante este tiempo mantiene las competencias en Educación. Asimismo, considera que los recursos contra el modelo de escuela catalana suponen “una praxis política que ha convertido el modelo educativo en un arma de confrontación partidista”. Finalmente, en referencia a las últimas sentencias del 25%, el Consejo Escolar considera que se trata de un “posicionamiento insólito y pedagógicamente incongruente” por parte de los tribunales, ya que no se tiene en cuenta la realidad de los centros y, en cambio “se enmarca en un contexto de recorte de libertades y ataques a los derechos de las comunidades lingüísticas minorizadas”.