Aragonès presiona para que Junts siga en el pacto para blindar el catalán en la escuela

El medio es el mensaje. La máxima más famosa del teórico de la comunicación Marshall McLuhan se puede aplicar perfectamente a la operación legislativa con la que PSC, ERC, Junts y En Comú Podem buscan blindar la educación en catalán esquivando la sentencia que obliga a dar un 25% de clases en castellano. No es solo tener la mayoría mínima para que prospere; es mostrar que prácticamente el 80% de la Cámara catalana defiende la norma, que deja a cada centro educativo la decisión sobre el uso del español, que “tendrá garantizada una presencia adecuada en los currículums y proyectos educativos”. Doce horas después de firmar, el pasado jueves, la proposición de ley, Junts dejó entrever sus dudas sobre el texto. El president, Pere Aragonès, y el resto de partidos firmantes esperan que el partido del expresident fugado Carles Puigdemont no se descuelgue del pacto, y la reforma de la Ley de Política Lingüística siga adelante.

“El acuerdo presentado cuenta con una amplia mayoría parlamentaria y garantiza el fortalecimiento del modelo. Se basa en favorecer la lengua más débil en las escuelas e institutos que, desgraciadamente, es el catalán”, aseguró ayer Aragonès en una atención a los medios.

Las tres formaciones coinciden en que a Junts “le temblaron las piernas” tras ver la reacción de ciertos sectores del independentismo más inflexible ante una norma que algunos interpretan como “la muerte” del modelo actual de inmersión lingüística. Esa es la idea, por ejemplo, que defiende el autodenominado Consell per la República, que pilota Puigdemont desde Bruselas. “Cualquier cesión que modifique el régimen de inmersión introduciendo el castellano como lengua vehicular implicará el retroceso del uso social del catalán”, asegura la entidad en un comunicado.

En el tránsito de Junts entre posar para la foto de familia del registro de la proposición de ley y el mensaje en que expresaba sus dudas medió una reunión al más alto nivel en el Parlament, incluido el secretario general de la formación, Jordi Sànchez. La división interna quedó en evidencia ante el silencio que reinó durante la jornada en las filas de la formación postconvergente.

En la operación para alumbrar el acuerdo participó Irene Rigau, consejera de Educación con Artur Mas y con gran ascendiente sobre los sectores más posibilistas de Junts. “Impartir asignaturas en castellano no desvirtúa el modelo de escuela catalana”, aseguró la exconsellera en RAC-1. Francesc Xavier Vila, el secretario de Política Lingüística de la Generalitat (ERC), aceptó que el jueves no se explicó bien el sentido del pacto.

Òmnium Cultural, una de las entidades sociales más potentes en defensa de la lengua catalana, salió ayer a respaldar la idea de Junts de la necesidad de que en el consenso legal también participen las entidades de fomento del idioma y la comunidad educativa, a través del Pacto Nacional por la Lengua. Òmnium comparte la música de la propuesta presentada por los cuatro partidos. Defiende al catalán como lengua vehicular, pero reconoce que la escuela “tiene que estar abierta a conocer y reconocer todas las lenguas”, de acuerdo con la realidad sociolingüística de cada entorno.

Que el descuelgue de Junts es más de forma que de fondo, también lo demuestra que, al menos hasta ahora, no ha retirado su firma de la proposición de ley que se registró el jueves. Fuentes de la formación creen que, para lograr ese “nuevo consenso” por el que abogan, se tendrá que modificar el calendario de tramitación legislativa. La idea de los grupos era que incluso fuera al próximo pleno, donde se votaría la tramitación por la vía rápida.

PSC, ERC y En Comú Podem podrían superar cómodamente los votos necesarios para que la iniciativa saliera adelante en el pleno. Pero voces dentro de esos partidos insisten en que esa vía, de momento, está aparcada.