Esquerra pide a Borràs que dimita por el presunto caso de malversación

El contador judicial sobre la causa del fraccionamiento de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes no solo corre para Laura Borràs, presidenta del Parlament, sino también para Esquerra Republicana de Catalunya. El reglamento de la Cámara autónoma establece que, una vez se abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, la Mesa debe retirar al afectado sus derechos como diputado. La gran duda es qué harán los republicanos, que siempre se han mostrado cautos ante la cuestión. La expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, uno de los grandes referentes dentro de ERC, fue un paso más allá este jueves y apuntó con bastante claridad que Borràs debería dimitir, al pedirle que no solo piense en su situación personal sino en el Parlament.

“En este caso no debe pensar en ella misma, sino en el prestigio de la institución”, respondió Forcadell en una entrevista al programa Aquí Cuní, en SER Catalunya, cuando se le preguntó si Borràs debía dimitir. La expresidenta del Parlament, condenada en el juicio al procés y después indultada por el Gobierno aceptó que su sucesora está “en una situación muy complicada”, pero insistió en que no puede quedar una sombra de duda sobre “la honestidad” del movimiento independentista.

Forcadell, en todo momento, se cuidó de vincular el caso de la presidenta del Parlament —a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) procesó esta semana por diversos delitos relacionados con la corrupción— y las maniobras “represivas” contra el independentismo que los secesionistas denuncian constantemente. Una idea que va en la dirección contraria de lo que defiende Borràs y su partido, Junts. El portavoz de la formación, Josep Rius, cerró filas este jueves argumentando que el caso de la líder de la formación está “una vez más bajo la espada represiva del Estado”.

También salió a defenderla este jueves el expresidente de la Generalitat, Quim Torra. “Parece que solo importaran las consecuencias políticas del juicio a Borràs; a mí me importa más que se ataque su honorabilidad”, escribió en Twitter. Y lo mismo hizo el exdiputado Lluís Llach: “Digo desde ahora que estoy al lado de Borràs, la acusen de lo que le acusen y lo prueben con las triquiñuelas que lo prueben”.

Aún quedan semanas, muy posiblemente después del verano, cuando judicialmente se llegue al momento en que la Mesa del Parlament tenga que decidir sobre el futuro de Borràs. El artículo 25.4 del reglamento establece que cuando hay acusación contra diputados “por delitos vinculados a la corrupción”, la Mesa “debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios” una vez se le comunique el auto de apertura de juicio oral.

La defensa de la presidenta de Junts podría recurrir el auto de procesamiento del TSJC (sería la segunda vez) y eso le permitiría ganar algunos días, pero poco más. Ahora la Fiscalía tiene 10 días para presentar su escrito de acusación (dado el caso, se conocerían los delitos y la pena que piden para ella) y después de eso, el alto tribunal catalán ha de dictar el auto de apertura de juicio oral, algo para lo que no tiene un límite temporal fijo.

En ERC el debate sobre qué hacer llegado ese punto está abierto y hay varias sensibilidades. Dejarla caer sería, sin duda, el momento más crítico de la legislatura y podría hacer caer el Govern. De entrada, los republicanos creen que cualquier pelea abierta con otras formaciones independentistas les penaliza y que será muy difícil dejar meridianamente claro que se le deja caer a Borràs por un caso de troceo de contratos públicos y no por la lucha intestina del secesionismo. De ahí el interés por fijar un relato que separe la represión de la causa por malversación.

Ese mismo artículo establece que si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión “es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados”. En ERC saben que es cuestión de tiempo que dos diputados de sus filas (Lluís Salvador y el presidente del grupo, Josep María Jové) también tengan que pasar por la misma situación de Borràs.

Los dos republicanos están también cerca de que se les abra juicio oral, ya que se les acusa de malversar dinero público en la organización del referéndum cuando ambos ocupaban lugares clave en la Vicepresidencia económica que lideraba Oriol Junqueras. Fueron procesados por el TJSC el 26 de abril del año pasado. Para la justicia esos dos casos, como el de Borràs, se tipifican entre otros delitos como malversación. Sin embargo, en el marco del movimiento independentista, Juvé y Salvador actuaban correctamente al dar cumplimiento al “mandato político” de hacer el referéndum. ERC tendría entonces que justificar su posición en cada uno de los escenarios. O, en el mejor de los escenarios para Junts, que el tiempo judicial y parlamentario coincidieran y tener que votar los tres casos al mismo tiempo.

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