La suspensión de Laura Borràs abre el debate sobre el futuro de Junts

El melodrama de la suspensión de Laura Borràs como diputada y, por tanto, como presidenta del Parlamento catalán fue la prueba del algodón de la existencia del borrasismo. A nivel ideológico, sociológico y, tal vez el más trascendente ahora, el político. La nueva mártir del independentismo más ortodoxo ya no puede acceder a la tribuna que le daba su escaño, pero sigue siendo la presidenta de Junts per Catalunya, la tercera fuerza política en la Cámara. El foco ahora se traslada a si la líder usará la formación para exhibir su resistencia y denuncia contra lo que considera una consecuencia más de la “represión” contra el independentismo o si se imponen quienes defienden pasar página y centrarse, por ejemplo, en remontar en las elecciones municipales del próximo año.

Laura Borràs es a todos los efectos presidenta de Junts per Catalunya, una formación con unos 6.000 afiliados; que ocupa la mitad de cargos de la primera línea de la Generalitat y con más alcaldes (especialmente en pueblos pequeños). Y hasta ahora, sus copartidarios no la han dejado sola en público. No solo en las fotos, tampoco en el papel. Hace un par de semanas, el partido de Carles Puigdemont cambió la ponencia política para dejar claro que la expulsión de las filas de uno de sus miembros solo puede ocurrir si hay una sentencia firme por un caso relacionado por corrupción. Y ni eso: deja la puerta abierta, a la medida, para que una comisión de garantías investigue si el fallo puede enmarcarse dentro de un episodio de lawfare (persecución judicial).

El debate sigue a nivel interno, pero de momento se ha decidido que no se hará ningún movimiento en la composición de la Mesa del Parlament para que la vicepresidencia primera recaiga en Junts. Esa era la única manera de recuperar el liderazgo interino de la segunda institución de Cataluña. “Ellos lo guisaron, ellos se lo comen”, resumía un alto cargo del partido el pasado viernes. Sin embargo, la decisión tiene más que ver con desgastar a ERC que con apoyar a Borràs. Todo, con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales, donde los pronósticos no son muy buenos para Junts y donde los republicanos quieren poner toda la carne en el asador.

“¿Qué candidato querrá a Laura Borràs en uno de sus mítines? Diría que pocos”, augura otro líder de Junts. La presidenta suspendida había sido un mal necesario como candidata y azote de los republicanos, pero ahora hay sectores que creen que solo le queda el camino de salida. Era verdad que podría haber causado un cisma en la renovación tras el paso al lado de Puigdemont y, por eso, el ala de Jordi Turull hizo muchas concesiones. Pero, en la práctica, en todas las votaciones clave ha sido el rodillo del turullismo el que se ha impuesto y le ha recordado que su papel tiene un punto decorativo.

“Estamos tranquilos porque sabemos que el Govern está a salvo”, tercia un alto cargo del Ejecutivo autónomo, cuya prioridad ahora son los nuevos Presupuestos. Si Borràs propusiera un boicot, los resortes están preparados para frenarlo. “Se podría entender una consulta interna para acabar con el Gobierno si el balance de aplicación de medidas fuera muy malo, pero no para apoyarla [a Borràs]”, añade un alto cargo institucional de Junts. Los detractores de la presidenta suspendida creen que cuando se celebre el juicio, muchas cosas quedarán claras y se podrá pasar página con facilidad.

Sin el poder del partido, el borrasismo es muy débil. Mientras avanzaba la causa en su contra por trocear contratos públicos para supuestamente favorecer a un amigo, la ya suspendida presidenta de la Cámara catalana optó por subir los decibelios a su argumento de que se trataba de un episodio más de la “represión”. Un discurso encendido, en el que todo el que lo cuestionara automáticamente se convertía en el enemigo, y que en su entorno creían que ayudaba a ganar adeptos.

En su equipo volvieron a meter la pata en la misma trampa sociológica en la que ya habían caído en las pasadas elecciones: el apoyo no se puede medir solo a punta de tuits. Unas 300 personas, la medida del borrasismo sociológico, se concentraron el pasado viernes a las puertas del Parlament para mostrarle su apoyo. Hubo gritos xenófobos contra una diputada de origen marroquí de ERC, se acusó a la prensa catalana de manipuladora y Borràs se fue en el último viaje en coche oficial, sola, al grito de “no estás sola”.

El último discurso con el que recibió la decisión de la Mesa de aplicarle el artículo 24.5 del reglamento es un resumen del borrasismo ideológico. El reglamento se modificó en 2017 y la CUP obligó a Junts pel Sí (donde estaban ERC y la entonces Convergència) a aceptar que se suspendiera el escaño a un diputado o diputada cuando se le abriera juicio oral por un delito relacionado con la corrupción. Consideraban que era una etapa procesal en la que ya era posible tener argumentos para dar ese paso, añadiendo un plus de ejemplaridad y protegiendo a la institución de tener condenados en sus escaños. Los anticapitalistas aprovecharon una de las votaciones claves del procés para hacer la modificación.

Borràs hizo una intervención con verdades a medias y alguna mentira y señaló directamente al resto de miembros de la Mesa del Parlament como culpables. “Esos cinco diputados, de Esquerra, la CUP y el PSC, tienen nombres y apellidos”, espetó el jueves. “Hoy no han venido vestidos de diputados, han venido vestidos de jueces”, añadió para decirles “hipócritas” en otro momento. Pasó de puntillas por el hecho de que fuera la misma Cámara la que en su día se autoimpusiera un baremo legal; negó que la prevaricación pueda ser entendida como un delito de corrupción y dijo que la contrarreforma que buscaba cambiarlo (y de la que nunca se desmarcó, por un evidente conflicto de intereses) no había sido promovida por ella.

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