Una trabajadora social del 17-A: “Si las víctimas no se sienten acompañadas, no podemos polemizar y decir que es mentira”

Hay algo, explica Laura Morro, que conecta un atentado terrorista y la covid: el silencio. “Una ciudad que hace tanto ruido como Barcelona, sales de casa y no oyes nada”, recuerda esta mujer de 52 años, sobre el 17 de agosto de 2017, donde fueron asesinadas 16 personas en Barcelona y Cambrils en un ataque que dejó además centenares de heridos. Morro asistió a 22 víctimas de los atentados como trabajadora social del hospital del Mar, donde hace 25 años que trabaja. No guarda contacto con ninguna de ellas. “El seguimiento no era nuestra función”, explica, y la inmensa mayoría eran turistas. “Pero si dicen que no se sienten acompañadas, no podemos polemizar, no podemos decir que es mentira. Si lo sienten así, para ellas es así, y es algo debemos cambiar como comunidad”, afirma, contundente, sobre el pesar que muestra la principal asociación de víctimas (UAVAT) de los atentados de Barcelona y Cambrils cinco años después.

Acostumbradas a intervenir en situaciones de crisis, el atentado sirvió para que en el hospital “descubriesen” a las trabajadoras sociales. “Vieron que estábamos cualificadas para este tipo de situaciones”, a pesar de que el atentado pilló a todos “desprevenidos, muy vírgenes”, cuenta Morro. Describe unos días “intensos” que empezaron con un rótulo en TV3 sobre un atropello masivo en La Rambla. Al leerlo, saltó como si llevase un resorte dentro. “Se activa ese sentimiento de servicio al otro”, explica. Sabía que por la tarde no había ninguna trabajadora social en el hospital. A las cinco y media, ya estaba rumbo al centro médico, en frente de la playa, a 15 minutos a pie de su casa. “Recuerdo el camino al hospital en silencio, vigilante, con los nervios de no saber qué pasaba”, rememora.

A partir de ahí, ella y el resto de trabajadoras sociales —la mayoría son mujeres— pusieron en marcha un plan “casero”, personal, de “primeros auxilios emocionales”. “Fueron unas horas muy intensas, con víctimas y sobre todo sus familiares, que llegaban al hospital intentando localizarlas, sin saber nada”, indica. El atropello fue “a grupos familiares” y no todos acabaron en el mismo centro médico. A través de mensajes de Whatsapp improvisados entre trabajadoras de los hospitales, “sin esperar la orden de nadie de que nos comunicáramos”, gestionaron los datos para poder dar una respuesta al desespero de quien ha sufrido un atentado y ni siquiera sabe si su ser querido está vivo o muerto.

“Hubo un momento en el que cualquier persona que no lograba comunicarse con su familiar pensaba que le había pasado algo. Mucha gente venía los hospitales”, rememora. Ellas les “calmaban” una vez comprobaban que no estaban en ningún hospital e intentaban reconducir la situación. De aquellos días también tiene grabada la solidaridad de la gente. “Entre las diez y las once de la noche, empezaron a llegar personas a ofrecerse: donar sangre, ser traductores, abrir sus casas para quien no tenía domicilio...”. Crearon “listas y listas de teléfonos y nombres de gente”, y a ellos, dice, esa “ciudadanía que necesitaba expresarse”, también había que atenderlos. A medianoche, Cruz Roja montó un equipamiento dentro del hospital específico con todos los profesionales para atender a las víctimas.

La pandemia de la covid ha barrido casi todo a su paso. Y en el caso concreto de Cataluña, se suma que el atentado se cometió en medio de la vorágine política del procés. “Pasó en un momento político muy duro... Entiendo que alguien se haya podido sentir mal, en un momento donde un suceso borraba al anterior. Todo iba muy rápido, todo centrado en la política. A lo mejor eso hizo que no se sintieran acompañadas”, reflexiona Morro. El Ministerio del Interior ha indemnizado a un tercio de las 355 víctimas, algunas con estrés postraumático, que figuran en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional. En total, 130 de las 216 que lo solicitaron, por un valor total de 7.338.798,78 euros. El Gobierno sostiene que todas las víctimas fueron informadas de las ayudas e indemnizaciones. “Ignoramos los motivos por los que no [todas] lo solicitaron”, explica un portavoz, que añade que el ministerio está a la espera de los recursos presentados contra la sentencia, pidiendo ampliar el listado de víctimas. Aseguran que si el Supremo lo acepta, contactarán con cada una de ellas de oficio para “poner en marcha los expedientes de resarcimiento”.

“Es la postura más cómoda”, critica Robert Manrique, de la principal asociación de víctimas del 17-A (UAVAT), que insiste en que no se trata únicamente de una indemnización económica, que, añade, el ministerio ha otorgado de manera “arbitraria”. “Las víctimas se quejan de que no las han asistido. Que las llamen y les pregunten cómo están, que se interesen por ellas”, pide. Y pone el ejemplo de los padres australianos del niño de siete años asesinado en el atentado de La Rambla. “En su caso, ni siquiera consta un informe de sanidad... Que reconozcan que lo han hecho mal”, arremete. Está previsto que la pareja de padres australianos asista al acto que se celebra este miércoles en recuerdo a las víctimas.

En el caso de Morro, aunque no asisten oficialmente como trabajadoras sociales al acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, cada año rememoran el 17 de agosto. “Es un día especial para nosotros... Las personas de Cruz Roja, del Ministerio del Interior, de los consulados... siempre nos enviamos algún mensaje cariñoso, entre todos, para recordar que en ese momento estuvimos juntos”, dice. Desde entonces, el hospital ha aumentado la plantilla de trabajadoras sociales: de 30 han pasado a 45.

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