El Parlament crea la comisión para investigar el espionaje de Pegasus pese a las dudas sobre su competencia

El Parlamento catalán ha puesto las bases para investigar el caso de presunto espionaje practicado con los programas informáticos Pegasus y Candiru sobre medio centenar de personas del entorno independentista. La Cámara autonómica ha formalizado este miércoles una comisión de investigación para “darle a la ciudadanía información y transparencia”, pero existen muchas dudas acerca de la eficacia real que pueda tener la comisión, porque care...

El Parlamento catalán ha puesto las bases para investigar el caso de presunto espionaje practicado con los programas informáticos Pegasus y Candiru sobre medio centenar de personas del entorno independentista. La Cámara autonómica ha formalizado este miércoles una comisión de investigación para “darle a la ciudadanía información y transparencia”, pero existen muchas dudas acerca de la eficacia real que pueda tener la comisión, porque carece de competencias para forzar a nadie a declarar como testigo.

En el pasado, iniciativas parecidas no pasaron de la gestualidad. Fue el caso de la comisión de investigación impulsada para indagar sobre los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017. Teresa Cunillera, entonces delegada del Gobierno en Cataluña, se negó a comparecer con la excusa de que el Estatuto, así como la Constitución y el propio reglamento del Parlament, la eximían de acudir. Aquella vez tampoco se presentó ante la comisión del 17-A Paz Esteban, por entonces directora del CNI. Hay más precedentes de ausencias sin consecuencias. En la comisión de investigación del Parlament sobre la conocida como Operación Cataluña (las maniobras contra el independentismo impulsadas presuntamente por el Ministerio del Interior, sin amparo judicial, bajo mandato del PP) se citó a mandos policiales como José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, además de a varios periodistas y a extrabajadores de la agencia de detectives Método3. Su plantón quedó impune.

El caso Pegasus surgió el pasado abril después de que Citizen Lab, un grupo de estudio de la Universidad de Toronto (Canadá), denunciara que los móviles de 65 personas vinculadas al independentismo en España habían sido infiltrados con el programa espía. De esa infiltración no se conocen aún los autores. Tampoco de la que dos semanas después denunció el Gobierno de Pedro Sánchez al comunicar que los teléfonos del presidente y de varios ministros habían sufrido igualmente el ataque de Pegasus. Tras la denuncia de Citizen Lab, sin embargo, todas las miradas se dirigieron hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y, aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, negó tajantemente la participación del servicio secreto en el caso, su entonces directora, Paz Esteban, acabó compareciendo en mayo en la comisión de secretos oficiales del Congreso. Allí reveló otra operación, esta con autorización judicial: el CNI, contó, había intervenido en el pasado los teléfonos de 18 dirigentes independentistas, incluido Pere Aragonès. Ese espionaje legal —Esteban aportó las resoluciones judiciales, firmadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas— se produjo supuestamente en otoño de 2019, tras los violentos disturbios que siguieron a la condena de los líderes del procés. Después de esa comparecencia, Paz Esteban fue destituida por el Gobierno.

La comisión de investigación del caso Pegasus en el Parlament la presidirá la diputada de ERC Meritxell Serret. Tras su nombramiento, Serret ha manifestado este miércoles que el objetivo es establecer una línea de trabajo “constante y estable” que sirva para hacer “una aportación positiva” a los derechos de los ciudadanos. La diputada republicana figuraba en la lista de políticos que según Citizen Lab fueron espiados con la herramienta Pegasus. Consejera de Agricultura en el Gobierno de Carles Puigdemont que culminó la declaración de independencia de 2017, Serret huyó a Bélgica con varios consejeros más y el propio Puigdemont a finales de octubre de aquel año, y allí permaneció, prófuga, hasta que en marzo de 2021 regresó a España y se entregó en el Supremo. Esta misma semana, la Fiscalía de Cataluña ha hecho público que reclama un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros para ella por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional durante la celebración del referéndum del 1-O de 2017.

La lista de comparecientes aún no está perfilada, pero fuentes de la comisión ponen de relieve la voluntad de citar “a todos los que puedan tener responsabilidades directas o indirectas” en los pinchazos, así como a aquellos que tenían “competencias” para haber evitado un espionaje de este tipo en un sistema democrático.

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