El independentismo ve en la sentencia sobre las euroórdenes una vía de reconocimiento a su causa

El independentismo ha acogido este martes con optimismo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso del exconsejero Lluís Puig que establece, de entrada, que un país (en este caso Bélgica) no puede bloquear una petición de extradición de otro Estado miembro, aunque establece excepciones. La objeción que ha incluido en su argumento, según el independentismo, es que un Estado puede denegar la extradición no solo cuando se aportan pruebas de un déficit sistémico judicial del país, sino también cuando pueda afectar a un “grupo concreto objetivable” de personas. Esa salvedad la interpretan Junts, la CUP, Òmnium y también ERC como una victoria. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha recordado que el Ejecutivo siempre ha denunciado que existe “una causa general contra el independentismo”, con lo cual considera que se puede aplicar al caso de los que denomina “exiliados”.

Tras conocer la sentencia, el consejero catalán Puig ha afirmado que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena ―instructor del procés y de la causa contra el expresident Carles Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas que se fugaron para esquivar a la justicia española― tendrá a partir de ahora más difícil solicitar otra orden de detención europea. “Lo tiene mucho más difícil si quiere presentar la cuarta solicitud, cosa que no tengo duda de que hará”, ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

En el caso de que el juez Llarena la presente, el exconsejero sostiene que a partir de ahora dispondrán de más argumentos para afrontarla, ya sea desde Bélgica, u otro país europeo. Al ser preguntado sobre si no cree que la sentencia da la razón al magistrado Llarena, Puig ha pedido leer en profundidad el fallo y ha incidido en que la resolución refuerza su estrategia de defensa a los catalanes como “minoría nacional”. “El resultado es mucho mejor de lo que podíamos esperar”, ha dicho.

Acompañados de los letrados Gonzalo Boye y Miquel Sàmper, Puig, el expresident Carles Puigdemont y la exconsellera Clara Ponsatí también han valorado la sentencia en el Parlamento Europeo. Pese a que, de entrada, da la razón, aunque con límites, a la petición del magistrado Llarena, el abogado Boye ya había adelantado a primera hora que las sentencias del TJUE son para “leerlas íntegramente”. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha enviado un mensaje de apoyo a Puig en la red con una alusión a los términos que les han dado esperanzas. “Somos muchos los que formamos parte de un grupo objetivamente identificable. Somos los independentistas catalanes”, ha escrito en Twitter.

El Govern ve al independentismo como un “grupo indentificable”

Plaja, que ha comparecido tras la reunión semanal del Govern, ha mostrado “máximo apoyo a los exiliados” que a su parecer “luchan” en Europa para “demostrar la persecución política que sufren por parte del Gobierno español”. Con todo, ha calificado el texto de la sentencia de “importante y complejo” y ha asegurado que es necesario “estudiarlo” con calma antes de posicionarse de una manera más taxativa.

Sin embargo, ha calificado de “relevante” el hecho de que el tribunal europeo “ponga el foco” en la posibilidad de negar una euroorden en el caso extremo de que se demuestre una posible vulneración de derechos fundamentales y si el objetivo es un grupo “identificable”. “Este grupo nos identifica a todos los independentistas”, ha asegurado Plaja.

Andreu van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras, sostiene que, en el caso de Puig, se centraron penalmente en la necesidad de “superar el requisito de acreditar un defecto sistémico” para denegar una orden de extradición y acoger la posibilidad que el riego de lesión de los derechos humanos afectara a un “grupo concreto” de personas. En un apunte en la red, el letrado señala que el TJUE ha aceptado el argumento que mantiene las esperanzas de que los tribunales de otros países siguen entendiendo el “sesgo represivo” contra el movimiento independentista de los tribunales españoles.

Acogiéndose a ese argumento, Marta Rovira, secretaria general de ERC, huida de la justicia española en Suiza, ha afirmado: “Se está empezando a reconocer que existe una causa general contra el independentismo, es decir, persecución política. No son casos individuales, es todo un movimiento democrático”. La CUP ha calificado de “paso importante” el dado por la justicia europea. Dos diputados de Junts han abundado en la misma línea. Francesc de Dalmases ha afirmado que la lucha política de Puigdemont y los exconsejeros buscaba dejar en evidencia la poca calidad democrática de España, y Aurora Madaula, miembro de la Mesa del Parlament, que Europa “entiende que existe una persecución específica contra los independentistas”.

Òmnium incide en que la justicia europea ha admitido por primera vez que se pueden frenar las extradiciones si se demuestra “deficiencias” que afecten a los derechos de un “grupo identificable como podría ser el independentismo”. “El independentismo es un ‘grupo objetivamente identificable’ y según el TJUE reclama protección ante la posibilidad de vulneración de derechos. No es aceptable la persecución de un movimiento”, ha afirmado en la red el presidente de la entidad, Xavier Antich.

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