Los comunes urgen al Govern a aprobar el impuesto sobre los grandes barcos

Los comunes han urgido este martes al Govern a aprobar ya en el Consell Executiu el impuesto sobre los grandes cruceros que está contemplado en el acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre. El president Pere Aragonès firmó con Jéssica Albiach, líder de los comunes, el pacto presupuestario que incluía la creación del impuesto e iniciar la aprobación parlamentaria entre el pasado mes de enero y febrero para gravar las emisiones de óxidos de nitrógeno de los grandes barcos durante sus maniobras cuando atracan en los puertos catalanes. David Cid, portavoz de los comunes, ha reclamado este martes que el Govern lo apruebe la semana que viene.

El republicano Lluis Salvadó, presidente del Puerto de Barcelona, activó las alarmas en la formación de izquierdas hace dos semanas cuando afirmó, durante la presentación de los resultados de la entidad, que el gravamen podría provocar la la deslocalización de escalas de cruceros al apostar las navieras por ciudades que no tengan que pagar esa tasa. Salvadó recalcó que la voluntad del Puerto era integrar “todas las sensibilidades” con un desarrollo sostenible compatible con la competitividad de la infraestructura. Con todo, apuntó que la tasa podría comportar el desvío del tráfico por carreteras.

David Cid, portavoz de los comunes, ha expuesto que esas declaraciones son contrarias al espíritu del acuerdo presupuestario y a las mismas política del Govern. “El president y la consejera Jordà deberían de haberle desautorizado”, ha apuntado el diputado que, en todo caso, ha mostrado su confianza en la palabra dada por Aragonès para activar el gravamen. Los comunes no se plantean medidas extremas como no votar definitivamente los presupuestos si el Govern no aprueba el tributo antes del día 10 que es cuando se celebrará el debate final de las cuentas. “Eso no pasará. Esto no es más que un recordatorio para que nadie se duermas en los laureles y para que cumplan su palabra”, ha dicho.

El Parlament aprobó la ley del cambio climático en 2017 por amplia mayoría y entre otras medidas contempló el impuesto a los grandes barcos. La base imponible son las emisiones de óxidos de nitrógeno durante sus operaciones de maniobra y estancia en el Puerto con un coste de 1000 euros por tonelada. En 2012, según fuentes de la Autoridad Portuaria, se emitían más de 5.500. A finales de 2021, el Govern decidió aplazar la imposición del tributo y lo aplazó hasta este 2023.

El acuerdo presupuestario que el Ejecutivo firmó con el PSC no incluye ningún tributo al apostar los socialistas por la prudencia fiscal. Alicia Romero, portavoz del PSC, descartó el pasado viernes que la vía de aprobación sea la ley de medidas y de acompañamiento de los presupuestos y ha abogado por una tramitación ordinaria. “Tenemos que hacer un debate, con expertos. Tiene un impacto importante”, valoró la socialista invitando a los comunes a dar el paso: “Tienen ocho diputados. Si tiene voluntad que lo hagan, con una tramitación ordinaria, que busquen apoyos necesarios”.

“Está firmado”, ha replicado Cid cuando se le han planteado las palabras de la socialista apuntando además que le consta que el Govern ya ha realizado todo el trabajo y que tiene el proyecto de ley listo. El diputado ha recordado que el PSC votó a favor de la fiscalidad verde recogida en la ley del cambio climático. “La contradicción la tiene el PSC. No es una novedad: está muy alejado de las políticas del Gobierno de coalición”.

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