Ninguna empresa se ha presentado para realizar test de drogas y alcohol a los conductores de bus de Barcelona

La empresa municipal Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) anunció a finales del año pasado su intención de comenzar a hacer controles de alcoholemia y drogas a los conductores de autobús de la ciudad. Del 1 de enero al 5 de febrero serían voluntarios; y a partir del 6 de febrero, obligatorios. Durante una semana, en días alternos, la empresa realizó uno 500 controles voluntarios a través de una empresa que había ganado un concurso público para un contrato menor (inferior a 15.000 euros). Pero la licitación para un segundo contrato, valorado en 200.000 euros, quedó desierta, porque no se presentó nadie. “Una vez finalizado el plazo para presentación de propuestas indicado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat, y de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones, se procede a la constatación de que ninguna empresa ha presentado propuesta”, consta en un “acta de cierre” del Comité de Aprovisionamientos de TMB del mes pasado. Un portavoz de TMB explica que la empresa deberá sacar de nuevo a concurso el servicio.

Los conductores del metro ya pasan controles de alcoholemia y drogas, realizados por el servicio médico de TMB, tal y como prevé la Ley Ferroviaria. Pero la intención de hacer test a los conductores de bus levantó una gran polvareda y rechazo entre la plantilla. Entre otras cuestiones, por la contratación de una firma externa. La nueva medida fue presentada en diciembre de 2022 como parte de un “protocolo de prevención del consumo de alcohol y drogas” en un comité de salud laboral. La mayoría de sindicatos lo rechazaron (SIT, CGT, CC OO y ACTUB; mientras UGT era partidario de negociar). TMB argumentó entonces que los controles forman parte de “la política de prevención” y recordó ya se hacen a los conductores de metro. También razonaba que hacer controles a los conductores de bus está previsto en la normativa de la Ley de Tráfico que entrará en vigor en 2024. La intención de TMB era someter a controles aleatorios a los conductores de bus, pero también a empleados de talleres y mantenimiento. En total, el metro tiene casi 4.000 empleados y el bus, 4.700, con datos a cierre de 2022.

El nuevo protocolo ha provocado recurso y demanda por parte, por lo menos, por el sindicato CGT. Su delegado en el comité de empresa, Isaac Bonet, explica que personalmente presentó un recurso al tribunal de contratación pública porque la licitación que sacó TMB era de urgencia y sin argumentos que justificaran la necesidad, lo que CGT considera un defecto de forma, al no apreciar urgencia en este servicio. Por otra parte, el mismo sindicato ha demandado a TMB por defectos de forma y vulneración del derecho a la intimidad de los empleados al no haber causas objetivas ni estar pactadas las condiciones en las que se realizan los test, precisa Bonet. “Estamos de acuerdo en que se hagan cuando el 2024 sean obligados por ley, pero con corrección, de forma acordada y con los servicios médicos de la empresa, como en el caso del metro”, apunta y cuestiona que se hiciera el anuncio en enero sin tener garantizada la capacidad de hacer los test. “Ven inseguridad jurídica y no tienen la voluntad real de hacerlo”, concluye y entiende que, si se tiene que volver a licitar, pasarán por lo menos cuatro meses antes de que se hagan nuevos controles.

Aunque TMB desvincula el nuevo protocolo de cualquier incidente concreto, fuentes sindicales relacionan la norma con un accidente que se produjo en mayo pasado, cuando un pasajero de avanzada edad falleció días después de viajar en un autobús que frenó en seco al cruzarle una moto y la frenada le provocó un golpe. La intención de la empresa municipal es que las pruebas sean aleatorias, realizadas por una empresa externa y analizadas en un laboratorio especializado, en todos los centros de trabajo: ya sean de chóferes o personal de las áreas de mantenimiento o talleres.

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