Sant Cugat del Vallès, el exfeudo convergente que encarna la gran batalla independentista

Permitir la división horizontal de los chalets unifamiliares y así ampliar la oferta residencial. Esa es una de las propuestas estrella para los comicios de este domingo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y revela la idiosincrasia del que hasta hace cuatro años fuera el laboratorio político convergente. Ni el tercer municipio con más renta per cápita de España (21.000 euros mensuales y 95.700 habitantes) se salva de la crisis del acceso a la vivienda. Es ahora Esquerra (junto con PSC y la CUP) el que capitanea una respuesta más a la izquierda y las urnas decidirán si eso encaja en una población que alardea de su exclusividad y tiene la movilidad como principal preocupación.

“Con el rollo del socialismo se han llevado la vivienda social a las zonas premium y no hacía falta. ¡No me malinterprete! Que cualquier zona de Sant Cugat es buena para eso”, explica Pere P., un ingeniero de 56 años y vecino de Valldoreix, uno de los 10 barrios en que se divide el municipio. También se queja de la congestión, mientras señala la Rambla de Ribatallada, una de las arterias del centro. La red de carril bici que inicialmente la alcaldesa Mireia Ingla (ERC) trazó enfureció a vecinos, comerciantes e incluso los promotores de la bici alertaron de errores. En 2020, la alcaldesa tuvo que rectificar y volver a la sección inicial, con dos carriles. “Y aquí no pasada nada. Igual, la pasta no es suya”, interrumpe otro vecino, de mediana edad, muy interesado en la charla de café.

Las elecciones de 2019 dejaron un panorama inédito en Cataluña: ERC, con el 23% del voto, desalojaba por primera vez en democracia al PDeCAT (entonces Junts aún era una marca) del primer sitio del podio. Los neoconvergentes se tuvieron que consolar con ser la formación con más alcaldes (369, su gran mayoría en micropueblos) pero terceros en voto (15%) tras el PSC. La CUP perdía 100.000 votos con respecto a 2011. El llamado cinturón rojo de Barcelona perdía el equilibrio del pasado: los republicanos ganaron terreno y los herederos de CDC veían el colapso de sus bastiones históricos, como Sant Cugat.

La partida en ese municipio enmarcado por el Parque Natural de la Sierra de Collserola dibujó entonces el estado del independentismo y lo que pase allí también esboza el futuro a partir de este domingo. Pese al desgaste, Junts se mantuvo en 2019 como la lista más votada (9), lo había sido ininterrumpidamente desde 1987. Y los republicanos tuvieron su mejor resultado histórico. Ni estar en medio del juicio a los líderes del procés impidió que ERC, CUP y el PSC (sumaban conjuntamente la mágica cifra de 13, la mayoría absoluta) pactaran para permitir un cambio tras más de tres décadas de dominio convergente, salpicados por casos de financiación ilegal a cambio de obra pública en el municipio como el de las comisiones del 3% o el Palau de la Música.

Socialistas y republicanos sumaron también en Figueres (Girona) para desalojar a los convergentes del poder. Junts hizo lo propio en Vilafranca del Penedès y Calella (Barcelona). Hasta en 34 poblaciones ambas formaciones no respetaron la lista más votada. En Manresa (76.000 habitantes), ERC ganó solo por 13 votos a sus rivales independentistas. El movimiento que más dolió, sin embargo, fue el pacto en la Diputación de Barcelona: socialistas y republicanos empataron en la primera posición en número de diputados y Junts optó por los primeros para formar gobierno. ERC pudo llegar a las alcaldías de Tarragona y Lleida, lo que le dio la llave también de los respectivos gobiernos provinciales. No está claro que los retengan.

A la promesa, hace cuatro años, de hacer las cosas de manera “distinta” le ha llegado la hora de la prueba de estrés. En ERC enarbolan la “gobernanza republicana”, un concepto en el que se refugiaron tras el fracaso del 1-O y que busca dar épica a una gestión eficiente, luciendo que nunca han tenido un caso de corrupción y de carácter progresista. Ese “nuevo centro” se confronta en un Sant Cugat que creció como laboratorio de ideas para la administración local convergente y vivero de exconsejeros y altos cargos. Allí fue concejal el exvicepresidente Jordi Puigneró, cuyo cese el año pasado por parte del president Pere Aragonès no solo desencadenó el fin de la coalición de Govern sino también que abrió la veda al enfrentamiento directo entre los partidos.

La base angular del modelo a escala humana de Sant Cugat ha sido el férreo control de la edificabilidad, evitando grandes edificios. La promesa de una vida acomodada con toque bucólico pero a menos de media hora en coche de Barcelona continúa y en los últimos 20 años su población ha crecido un 81%. Una investigación del Grupo de Estudios sobre Energía, Territorio y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona reveló que entre 2015-2020 los inmigrantes con una alta cualificación profesional son el colectivo que más aterriza en el municipio, incluso en los barrios más caros. Sólo un 15% de los vecinos han nacido en Sant Cugat y son los jóvenes de hasta 30 años sin estudios superiores los más expulsados de la ciudad con los alquileres 50% más caros que la media del entorno.

La defensa del legado convergente llega dividido a las urnas. A diferencia de otros municipios como Barcelona, allí Junts y PDeCAT no van juntos. Los neoconvergentes, bajo la denominación Pacte Local, presentaron un total de 181 candidaturas. Junts, 728. Las familias de lo que un día fue Convergència siguen sin acomodarse tras el cisma que en 2020 forzó Carles Puigdemont. El carácter independiente de Josep Maria Vallès, el cabeza de cartel de Junts, le ha dado margen de maniobra entre las sensibilidades y surfear, por ejemplo, la división interna sobre el futuro de Laura Borràs. Su éxito depende sobre todo de que al actual tripartito le falle la aritmética. La dirección del partido no pondrá problemas para que, con tal de atajar a ERC, se pacte con el PSC donde sea posible.

Que ERC, PSC y CUP, fueran incapaces de ponerse de acuerdo con el Presupuesto de este año y los errores en los cálculos de ingreso da alas a sus críticos. O la gestión de la basura, el segundo problema según la encuesta municipal. El Ejecutivo asegura que los convergentes nunca actualizaron las condiciones de las contratas de servicios clave para ahorrar y la corrección con las necesidades actuales es más cara. Vallès, pide poner fin al “retroceso” y espera rentabilizar el descontento, apelando al “modelo” de los los exalcaldes convergentes. Ingla justifica su obra de Gobierno para “adaptar la fórmula y poder garantizarla en el futuro”: “Queremos una ciudad donde nuestros hijos y nuestras hijas puedan quedarse a vivir”, sintetiza la republicana aunque no haya puesto la primera piedra a ninguna nueva promoción de alquiler asequible -si hay planes para el próximo mandato- y sacando pecho de dejar de haber sacado del armario la oficina municipal de la vivienda.

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