El PSC se abre a incluir el traspaso de Rodalies en la negociación por la investidura

La negociación por la investidura encarrila el traspaso de los trenes de Rodalies a la Generalitat. El PSC abre la puerta a que los Cercanías catalanes y su infraestructura de vías pasen a depender de la gestión directa del Govern, en todos aquellos tramos que no sean de “interés general”, esto es, cuyo trayecto se limite al ámbito de Cataluña. Según la información que se intercambian los socialistas y el Govern, el punto de partida sería un modelo que diferencie entre líneas internas de Cataluña y las que conectan con otras comunidades o cruzan la frontera con Francia. De entrada, solo las primeras son objeto del trato. También se excluyen del paquete las líneas de alta velocidad y las de mercancías.

El líder del PSC, Salvador Illa, aseguró este jueves que no pretende tener protagonismo en las negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez. Carles Puigdemont afirmó que Illa “nunca podrá ser un interlocutor válido para generar confianza”. Sin embargo, el socialista, que se reunió el miércoles con el presidente en funciones, advirtió que “no pasarán cosas que el PSC no vea que tengan que pasar”. El jefe de la oposición reivindica el “peso” que ostentan los socialistas en la política catalana y afirma que no tiene “ninguna posición contraria” al traspaso de Rodalies a la Generalitat. Reclama al Govern una “dinámica de colaboración” entre administraciones para mejorar el servicio a corto plazo.

El Govern sostiene que, más allá de la amnistía y de sentar las bases para diseñar un referéndum en Cataluña, la negociación por la investidura tiene que incluir una carpeta de “temas que mejoran el bienestar de los ciudadanos”, según la portavoz Patrícia Plaja. Rodalies ocupa una posición preferente en esa lista de demandas.

Aunque ya le costó a la Generalitat conseguir el traspaso de Rodalies de 2010, aquella operación política fue un juego de niños comparado con lo que el Ministerio de Transportes, la Generalitat y los partidos políticos tendrán que afrontar ahora con la transferencia completa. Desde Cataluña se va a presionar para que las competencias lleguen acompañadas de las inversiones necesarias para poner al día las instalaciones y acabar con los problemas casi diarios y, a la vez, asegurar las transferencias de los recursos económicos para gestionar el día a día de la red, a través del convenio marco, y la asignación de trenes y personal necesarios para asumir la tarea. Uno de los caballos de batalla en el seno de las administraciones, de hecho, será apaciguar la desconfianza de la plantilla, poco dispuesta, ha manifestado en alguna ocasión el sindicato Semaf, a asumir un cambio en la administración contratante y una posible modificación de su régimen administrativo. Pero en todos esos ámbitos la cuestión es el cálculo del valor económico que se pueda imputar a las Cercanías catalanas.

El otro punto imprescindible para culminar el proceso es la segmentación de la red ferroviaria de interés general existente en Cataluña para poder ceder su titularidad a la Generalitat. En líneas generales, no debería ser un problema a tenor de los precedentes: ya se hizo con las vías y las estaciones de la línea Lleida-La Pobla de Segur que ahora explota Ferrocarrils de la Generalitat y en 2018, con un acuerdo sellado por la entonces ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, el Consejo de Ministros decidió traspasar las líneas ferroviarias de Basurto-Ariz y la de Irauregi-Lutxana-Barakaldo al Gobierno del País Vasco. Hasta entonces, todas esas vías que dan servicio a los servicios del País Vasco integraban la RFIG.

La normativa de las redes ferroviarias de interés general, controladas por la Administración del Estado, señala que ese esquema de infraestructuras puede ser modificado a instancias del Ministerio de Fomento (ahora de Transportes) previo informe de la comunidad autónoma afectada “siempre que hayan desaparecido los motivos de interés general que justificaron su inclusión”. Adif previsiblemente continuaría siendo la titular de su mantenimiento.

Incógnita

La incógnita es si todas las líneas y estaciones de la red de Rodalies podrían ser traspasadas. Previsiblemente, el Gobierno central no admitirá ceder líneas que crucen fronteras con Francia o con otras comunidades autónomas, ni tampoco las que utilicen los servicios de mercancías. De esa forma, queda limitada la cesión del corredor que va hasta Portbou o el que va a Comunidad Valenciana, el que más trasiego aguanta de las vías de Adif. Desde la Generalitat hay un criterio fijado desde hace tiempo: tener en cuenta la cesión de las líneas en las que hay una mayoría de servicios que se prestan solo en Cataluña.

El PSC argumenta que ya el año pasado, en el Debate de Política General del Parlament, presentó una propuesta de resolución para que el Govern llegara un acuerdo con el Ministerio de Transportes para cerrar el traspaso de “los recursos económicos necesarios para la adecuada gestión de los servicios ferroviarios”. Se aludía, también, a un cambio de manos de aquellas infraestructuras “que puedan ser segregadas de la red ferroviaria de interés general dentro de Cataluña”.

Entonces, septiembre de 2022, Junts y ERC aún eran socios de gobierno. Ambos partidos decidieron no apoyar la propuesta del PSC y presentaron en el Parlament una resolución sobre Rodalies muy similar a la de los socialistas.

El servicio de Rodalies es una fuente de malestar ciudadano por culpa de las frecuentes incidencias y retrasos que sufren los trenes. El desbarajuste ferroviario ha sido, de manera recurrente, una arma arrojadiza contra el Gobierno y los sucesivos consejeros de Territorio de la Generalitat han convertido en un lema el reclamo del traspaso total. Hasta ahora, sin éxito.

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