La Generalitat se prepara para activar la emergencia por sequía

Ocho meses llevan las cuencas hidrográficas internas catalanas en la fase de excepcionalidad por la sequía, el segundo escenario más grave de los previstos por la Generalitat. Los bajos niveles de los embalses (al 18,85% de su capacidad) pero sobre todo la poca posibilidad de que llueva en las próximas semanas han llevado a que el Govern apruebe este martes un nuevo paquete de medidas de control del consumo. El president Pere Aragonès adelantó ayer que habrá una bajada en la presión del agua, algo que depende de un pacto con las suministradoras. El Área Metropolitana de Barcelona será una de las primeras en enfrentarse a un nuevo marco de restricciones que, ha aceptado el jefe del Govern, permitiría alargar más allá de diciembre la entrada en la fase más severa, la de emergencia.

“Hay que repartir el esfuerzo [de ahorro de agua, cuyo peso recaía ahora en la agricultura], por ejemplo entre la industria, aunque también hay medidas del día a día”, ha justificado el president en una entrevista a TV3. Además de prohibiciones de ciertas actividades y usos como el riego, se reducirá la presión del agua que llega a las casas. Si bien las suministradoras han comprobado su viabilidad y efecto real de ahorro, aún no está cerrado el acuerdo con el Govern para poner en marcha esa medida. Aragonès ha querido sacar pecho de la gestión hecha y ha dicho que se ha podido retrasar un año la llegada de gran parte de Cataluña al peor escenario. Un extremo para el que, ha dicho, que están “preparados”.

La previsión de los expertos es que en la próxima ventana de lluvias, entre los meses de abril y mayo, tampoco se alivie el déficit hídrico. La fase prealerta que ha preparado el Govern incluye medidas como una ligera reducción en el tope de consumo de agua por habitante y día. También apuesta por adelantar la aplicación de algunas restricciones que figuran en el escenario de emergencia, para habituar a la ciudadanía. Ahí se incluye, por ejemplo la prohibición del riego de zonas verdes y jardines públicos o privados.

La hoja de ruta ante la sequía no incluía una fase de ”preemergencia” y técnicamente el Govern trabaja en campañas específicas de concienciación sobre la necesidad de cambiar los hábitos de consumo. Por ejemplo, será el consejero de Acción Climática, David Mascort, el encargado de dar este martes las explicaciones, un rol que hasta ahora recaía en Samuel Reyes, director de la Agencia Catalana del Agua. La decisión busca ganar solemnidad, privilegiando el peso político de Mascort frente al perfil técnico exhibido por Reyes.

En los últimos tres años, solo han caído 1.400 litros por metro cuadrado en toda Cataluña, cuando lo normal son 1.900. El volumen perdido es equivalente a lo que usualmente llovía en un año en Barcelona. La Generalitat destinará 407 millones de euros a los sistemas de regeneración de agua para garantizar el consumo de la población, que en la actualidad supone el 25%, y como método de hacer frente a los próximos episodios de sequía sin depender tanto de las lluvias.

Aragonès ha aceptado en la entrevista que, de ser necesario, traerá agua en barcos para garantizar el suministro. Se trata de una de las imágenes más duras de la sequía que vivió Cataluña en 2008 y que, de repetirse ahora, implicaría un duro golpe en la valoración del Govern de los republicanos en pleno año prelectoral. Aunque en principio no se prevé restringir el suministro, ya hay 70 localidades pequeñas que sufren cortes en el grifo a diario en Cataluña. El caso de L’Espluga de Francolí, en la Conca de Barberà, que entre las 22.00 y las 9.00, los vecinos no tienen acceso a agua.

El anuncio de la prealerta coincide con la víspera de la subida en las tarifas de agua potable a los 23 municipios del Área Metropolitana de Barcelona que están abastecidos por Aïgues de Barcelona y al Prat de Llobregat, que ha municipalizado el servicio. El gobierno metropolitano tiene que decidir sobre la propuesta de tarifas que le presenten esas dos suministradoras, un punto que en los últimos años derivó en un choque entre la alcaldesa Ada Colau y Aigües de Barcelona.

El año pasado, la Área Metropolitana permitió la primera subida de tarifas en siete años (del 4,02%, cuando la empresa pedía un 7% de subida). Ahora la incógnita es no solo si subirá o no el coste del agua en las facturas sino en cuánto. Hace algo más de un mes, la Generalitat, mediante la ACA, dio el visto bueno para que la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) aumentara sus tarifas en 2024 un 33%. ATLL es la que lleva el agua que se ha recogido en ríos y embalses, potabilizada, a los depósitos de cabecera municipales, donde otras empresas, como Aigües de Barcelona, la captan para proveer a las ciudades. Es la primera vez que ATLL sube la tarifa desde 2017, y lo hace por el incremento de costes derivados del encarecimiento de la energía y del aumento de la demanda por la sequía.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal