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Entidades y sindicatos alertan de que las prestaciones en Cataluña son insuficientes

Un informe de Cáritas indica que la cuantía de la Renta Garantizada de Ciudadanía solo cubre un tercio de lo que necesita una familia para vivir dignamente en Barcelona

Josep Catà Figuls
Carritos colocados en fila por sus dueños que esperan recibir un paquete semanal de alimentos y suministros donados, frente a una iglesia en Barcelona, en una imagen de archivo.
Carritos colocados en fila por sus dueños que esperan recibir un paquete semanal de alimentos y suministros donados, frente a una iglesia en Barcelona, en una imagen de archivo.Emilio Morenatti (AP)

El sistema de prestaciones en Cataluña dista mucho de cubrir las necesidades de las personas pobres, y de ello llevan tiempo alertando tanto entidades sociales como sindicatos. El último informe Insocat, elaborado por la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) analizaba el actual panorama de las ayudas sociales, y concluía que el 60% de los hogares en situación de pobreza severa de Cataluña no están cubiertos ni por la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ni por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), por una serie de trabas burocráticas e incompatibilidades que hacen que las familias pobres no puedan tener ingresos garantizados. Este viernes, tanto la entidad Cáritas Diocesana de Barcelona como el sindicato CC OO han insistido en esta problemática en sendos informes, en un contexto en el que la pobreza sigue creciendo: Cáritas ha atendido este año un 21% más de hogares que el año pasado, y la mitad de ellos fueron a la institución a pedir ayuda por primera vez.

La incapacidad de las prestaciones de llegar a todas las personas que, por su nivel de renta, tendrían que tener derecho a ellas, se combina con el hecho de que la cuantía de las ayudas es insuficiente para asumir los costes de la vida. El informe de Cáritas calcula que la cuantía de la RGC “sólo cubre el 35,8% de lo que necesita una familia de dos adultos y dos o más niños en Barcelona para vivir dignamente”. Y que una persona sola necesitaría el 154% del importe actual de la prestación para alcanzar a poder pagar el alquiler medio de la ciudad. Actualmente, el importe de la prestación oscila entre los 700 y los 1.300 euros en función de cuántos miembros compongan el hogar. El alquiler medio en Barcelona para una vivienda, según las fianzas depositadas en el Incasòl es de 1.123 euros mensuales.

La RGC es una prestación que se empezó a implementar en 2017 en Cataluña tras una iniciativa legislativa popular, y su objetivo era superar a las anteriores prestaciones, y convertirse en un derecho subjetivo de las personas: si uno cumple con los requisitos, tiene derecho a percibirla. Su implementación ha sido irregular, y sus requisitos impiden que llegue a todas las personas en situación de pobreza severa. Lo mismo ocurre con el IMV, la prestación estatal de garantía de ingresos que surgió en 2020 en plena pandemia, y cuya implementación es muy insuficiente: el informe de Cáritas apunta que el 60% de los hogares en pobreza severa quedan excluidos de estas prestaciones y sólo un 8,2% de las familias atendidas por las sedes de Cáritas en Cataluña perciben la RGC o el IMV. La prestación catalana es subsidiaria del IMV, pero por ahora se gestionan de forma separada, a la espera de que se haga efectivo el acuerdo entre PSOE y ERC, que pactaron transferir la gestión de la ayuda estatal a la Generalitat.

El director de Cáritas Barcelona, Eduard Sala, ha lamentado que estas prestaciones “tienen una capacidad muy limitada para sacar de la pobreza y la exclusión y, muy a menudo, no permiten cubrir las necesidades básicas”. Ha reclamado que se implemente esta ventanilla única, que las cuantías sean superiores y que se cree una prestación universal de ayuda a la criaza, además de políticas para la vivienda. Esto, en un contexto de aumento de las personas pobres que ha sorprendido a la propia entidad: “No nos imaginábamos que nos subiría un 21%”, ha lamentado Sala.

El informe del sindicato CC OO presentado este viernes va en la misma línea. En un contexto de aumento de la población en riesgo de pobreza, se ha reducido en más de un 5% el número total de beneficiarios de la RGC en un año, hasta las 164.624 personas. Y alerta del gran porcentaje de denegaciones de las solicitudes de la prestación: el 57% de las personas del colectivo activable (las que están en condiciones de encontrar trabajo) que piden la RGC ven denegada su solicitud. También señala el retraso en el reconocimiento de la prestación, que tarda 55 y 94 días de media en el colectivo no activable y el activable, respectivamente.

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Sobre la firma

Josep Catà Figuls
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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