La amnistía llega a apenas el 20% de sus beneficiarios tras vencer el plazo de dos meses dado a los jueces

La justicia en España rara vez resuelve sus asuntos en plazos razonables, ni siquiera cuando son impuestos por la ley. Los juicios rápidos son lentos, las investigaciones se dilatan y hay decisiones que nunca llegan y dejan a empresas y ciudadanos con el bolsillo (o el corazón) en vilo. Tampoco las declaraciones o los juicios suelen empezar a la hora fijada. Con esos mimbres podía preverse que la administración de justicia tampoco iba a cumplir los exigentes plazos establecidos por la ley de amnistía, de cuya entrada en vigor se acaban de cumplir este domingo dos meses.

El texto aprobado por el Gobierno instaba a los jueces y tribunales a aplicar la norma “con carácter preferente y urgente”. Y les concedía un plazo “máximo” de dos meses para identificar a los beneficiarios y hacerla realidad. Ha pasado el tiempo y la medida de gracia no ha desplegado todos sus efectos: según los cálculos de este diario, menos de un centenar de las 486 personas que, según los cálculos de la Fiscalía General del Estado, pueden ser beneficiarias de la norma, han sido amnistiadas. Entre ellas hay alrededor de 40 activistas por la independencia ―ciudadanos anónimos que participaron en movilizaciones a favor del procés y acabaron inmersos en causas judiciales por desórdenes públicos— y 50 policías que reprimieron las votaciones en el referéndum del 1 de octubre de 2017 o lesionaron a manifestantes en las protestas de 2019. La medida de gracia ha tenido hasta ahora, sin embargo, escaso éxito entre los políticos que lideraron el procés, empezando por el expresident Carles Puigdemont, pese a que la norma se diseñó en parte para arreglar su situación procesal: solo se ha aplicado a tres.

A diferencia de lo que ocurre en el día a día de la maquinaria de la justicia, ni la excesiva carga de trabajo ni la falta de recursos humanos o materiales explican que la amnistía camine con tanta timidez. Los jueces y tribunales, de hecho, sí han reaccionado a tiempo a la publicación en el BOE de la medida de gracia. Pero no para aplicarla sino, en muchos casos, para frenarla. El Gobierno y sus socios, especialmente los independentistas, les acusan de bloquear deliberadamente una ley que no les gusta. La mayoría de la judicatura, en cambio, considera que o bien la amnistía no es de aplicación a los casos que investigan, o bien que suscitan dudas legales, lo que les ha llevado a elevar consultas al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que suponen un frenazo en la aplicación de la ley y obligarán a los interesados a esperar.

Con parte del Govern que organizó el 1-O entre rejas, Òmnium Cultural —una de las entidades que dirigió el apoyo popular al procés— planteó por primera vez la necesidad de una amnistía. La idea adquirió visos de hacerse realidad cuando, tras las últimas elecciones, Pedro Sánchez pasó a necesitar los votos de los diputados de Junts para su investidura. El texto se pensó inicialmente para dar una salida definitiva a una generación política en Cataluña que lo había apostado todo a la independencia y que estaba afrontando graves consecuencias penales (prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos), pero también económicas, con procesos abiertos en el Tribunal de Cuentas. El borrador se fue ampliando para incluir a todas las conductas delictivas ligadas al procés y, en especial, a los jóvenes que habían dado apoyo al movimiento y estaban inmersos en causas penales, también por delitos de terrorismo. Era la forma de poner fin, en palabras de Òmnium y del independentismo, a la “represión” del Estado.

Recursos al TC y a Europa

Pero los políticos que pensaron y diseñaron el texto para sí mismos han sido, paradójicamente, quienes han quedado (hasta ahora) más al margen de la amnistía. Deberán transitar por una vía más lenta, la de los recursos. El Tribunal Supremo concluyó, a principios de julio, que el delito de malversación atribuido a los líderes independentistas (los ya condenados, como Junqueras, y los procesados, como Puigdemont) no es amnistiable. El instructor Pablo Llarena decidió incluso mantener vigente la orden de detención contra el expresident, que los Mossos no pudieron hacer efectiva el pasado jueves tras la breve y surrealista incursión del líder de Junts en Barcelona después de siete años huido.

Ha habido excepciones. Como la exalcaldesa de Figueres Marta Felip, pendiente de juicio por desobediencia por su apoyo al referéndum. O la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, a la que Llarena sí aplicó la amnistía al estar procesada por un delito de desobediencia, que ni siquiera implica penas de prisión sino solo de inhabilitación. Rovira pudo regresar de su refugio en Suiza y respirar aliviada, lo mismo que el exconsejero de Interior Miquel Buch que, apenas dos semanas después de la entrada en vigor de la ley, se convirtió en el primer amnistiado. Buch había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por contratar a un mosso para que hiciera de escolta de Puigdemont en Bélgica. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consideró, con criterio propio, que el delito de malversación atribuido sí debía ser amnistiado porque no implicó un beneficio personal.

Los altos cargos del Govern de 2017 pendientes de juicio también deberán esperar mucho más que dos meses. Ante las dudas en su aplicación, el TSJC ha remitido los casos de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó (considerados los arquitectos del 1-O) al Tribunal Constitucional y al TJUE. Lo mismo ocurre en el caso de los miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo: la Audiencia Nacional ha expresado sus dudas y ha preguntado si debe acudir a la justicia europea. Los políticos sí han salido airosos de otra causa por terrorismo, la de Tsunami Democràtic (el movimiento que organizó protestas masivas tras la sentencia contra los líderes del procés), pero no por la amnistía: un error del magistrado Manuel García-Castellón en los plazos de instrucción obligó a dar carpetazo al caso.

Hasta ahora, la mayoría de beneficiarios han sido activistas que en un momento dado se movilizaron a favor del procés y acabaron investigados, procesados, juzgados o condenados (según los casos) por delitos como atentado a la autoridad, desórdenes públicos o lesiones. Los juzgados no han tenido dudas en sus casos y en las últimas semanas se ha sucedido un goteo de decisiones similares, por lo general durante el proceso de revisión de sentencias. Ese proceso se ha frenado con la llegada de agosto, mes inhábil en los juzgados, pero previsiblemente seguirá haciendo crecer el número de amnistiados en los próximos meses.

Los independentistas no son mayoría entre los amnistiados. Con la foto fija de los dos meses desde la entrada en vigor, esa mayoría la forman agentes de policía: 50 en total. De ellos, 46 son antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía que estaban a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por lesiones y delitos contra la integridad moral; su actuación para reprimir las votaciones del 1-O fue “desproporcionada”, pero la ley también prevé exonerarlos de responsabilidad penal. Lo mismo ocurrió con otros cuatro mossos que esperaban juicio por agredir a manifestantes en octubre de 2019, durante las protestas contra la sentencia del procés.

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