Illa y Bolaños se comprometen con el “pleno desarrollo” del autogobierno de Cataluña en Barcelona
La Generalitat y el Gobierno avanzan en la estrategia para combatir la multirreincidencia
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se han comprometido este viernes con el “pleno desarrollo” del autogobierno catalán tras reunirse en el Palau de la Generalitat. El encuentro ha permitido “reforzar la cooperación” y la “sintonía” entre ambos gobiernos y ha abordado algunas iniciativas para abordar la multirreincidencia, uno de los problemas que más preocupan en Cataluña y que la Generalitat pretende atajar.
“El presidente de la Generalitat y el ministro han constatado que la actual etapa de normalidad política y social está favoreciendo la cooperación institucional entre ambos gobiernos, que tienen prioridades compartidas, como el pleno desarrollo del autogobierno catalán o el refuerzo de los servicios públicos como elementos generadores de bienestar y consensos”, ha indicado el Govern a través de un comunicado.
Además de con Illa, Bolaños se ha reunido también con el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y el de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler para discutir el fenómeno de la multirreincidencia. La Generalitat entiende que la intervención policial en la calle requiere de un blindaje judicial que garantice las penas sobre los reincidentes. Ambas instituciones avalan el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), un modelo que permite calcular si el importe global sustraído por un ladrón supera los 400 euros, el límite monetario que transforma un delito leve de hurto (conlleva una multa) en un hurto básico (con penas de prisión). Fuentes conocedoras de la reunión entienden que este sistema facilita la tarea judicial, que antes tenía problemas para calcular el valor de todos los hurtos realizados previamente. Sin embargo, consideran que hay que intensificar la lucha contra este fenómeno.
La inseguridad se ha convertido en Cataluña en una cuestión central: según la Encuesta de Servicios Municipales 2024 del Ayuntamiento de Barcelona, publicada esta semana, es el problema más grave la ciudad para la mayoría de los encuestados. En esta línea, la Generalitat aboga por aumentar las plantas judiciales en Cataluña para agilizar los trámites. Ambos gobiernos se han comprometido a seguir cooperando en esta materia.
Varias formaciones políticas catalanas, como Junts, Vox y Aliança Catalana, vinculan la delincuencia con el aumento de la inmigración y los posconvergentes pidieron hace meses expulsar a los migrantes reincidentes tras las quejas de varios alcaldes. El PSOE pactó con Junts “la delegación de las competencias” sobre inmigración en la Generalitat, a cambio de no obstruir la validación de varios decretos anticrisis del Gobierno de Sánchez, aunque apenas se han detallado avances en este sentido. El presidente de Junts, Jordi Turull, acusó hace dos semanas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “no estar informado” de los acuerdos entre ambas formaciones, al defender el ministro de que las materias de inmigración eran “exclusivas” del Gobierno central.
La visita de Bolaños a Cataluña refuerza el mensaje de normalidad institucional que Illa defiende desde su llegada al Palau de la Generalitat. El líder autonómico se encuentra en plena ronda de encuentros con diferentes personalidades del ámbito nacional (recibió hace dos semanas a la presidenta de Navarra, María Chivite, y tiene previsto ampliar su agenda) y autonómico (se ha reunido con todos los expresidentes de la Generalitat, incluido Jordi Pujol, excepto con Carles Puigdemont) para consolidar una nueva etapa de “estabilidad” tras el procés. En una conferencia este viernes por la mañana en la clausura de las jornadas BCN Desperta!, el president ha asegurado que su gobierno no hará “cambios de gobierno bruscos”, en referencia a la convulsión política de la última década en Cataluña, y ha defendido la “previsibilidad”. “La sociedad tiene derecho a saber hacia donde va el Govern”, ha defendido.
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