Investigado un exdirector de la Agencia de Residuos de Cataluña por el traslado irregular de vertidos en Osona

Un juzgado de Vic investiga a Josep Maria Tost, que estuvo una década al frente de la Agencia de Residuos de Cataluña, por el traslado presuntamente irregular de residuos desde el vertedero de Pinós al de Fitó, ambos en el término municipal de Seva (Osona), según han confirmado a EL PAÍS fuentes judiciales. La actividad en esas dos instalaciones, que antes eran canteras, ha sido una fuente de malestar para los vecinos de las urbanizaciones cercanas desde hace más de dos décadas. Aunque debían ser solo depósitos de runa procedente de la construcción, acabaron recibiendo también otros materiales que suponen un riesgo para el medio ambiente, según la causa judicial en la que también están investigados los dos máximos responsables de la empresa que explota los vertederos.

El pasado jueves 24 de octubre, según han confirmado las mismas fuentes, agentes del Seprona de la Guardia Civil registraron por orden judicial dos oficinas de la empresa: una ubicada en el vertedero de Fitó (el único que ahora permanece activo) y otra junto al Ayuntamiento, que posee el 20% de la sociedad. La empresa mixta fue constituida en época del histórico alcalde convergente Josep Palmarola —que gobernó durante 32 años, hasta 2011— y figura también en la causa como persona jurídica. El juez, que durante los últimos meses ha ordenado intervenciones telefónicas en una causa que ha permanecido hasta ahora secreta, atribuye a los investigados delitos contra el medio ambiente y grupo organizado. Fuentes judiciales apuntan a que esas escuchas han permitido abrir nuevas líneas de investigación.

Juanma Carrasco es vecino de Can Garriga, una urbanización al sur de Seva de unas 250 personas que vive asomada a la explanada de residuos abierta en la montaña. Ha sufrido el ruido, el polvo, el trasiego de camiones. Con el tiempo ha sido testigo, también, de la aparición de extraños gases y de malos olores procedentes, primero, del vertedero de Pinós. “Esto no debía ser propiamente un vertedero, sino solo un depósito de runa para tapar el agujero dejado por la antigua cantera. Pero si salían gases es que se estaba arrojando allí materia orgánica, materiales para los que no tenían permisos”, dice. Carrasco fue parte activa de la plataforma Stop Pedreres Osona Sud, que denunció esas anomalías para poner fin a una actividad que consideran ilegal. Los vecinos denunciaban, ya entonces (así lo ha constatado la investigación) que en Pinós se estaban arrojando “materiales impropios” que suponían una amenaza para el medio ambiente.

Para los vecinos de Can Garriga y de la urbanización de Pinós, el giro de guion llegó en 2018. La montaña donde se ubican los vertederos se estaba moviendo a razón de dos centímetros al mes, según constataron los técnicos. Una barbaridad geológica que, supuestamente, había provocado la aparición de abolladuras en la carretera C-17, que lleva de Barcelona a Vic y que discurre pegada a la explotación. Aunque la causa de las abolladuras en el asfalto es aún objeto de controversia, la Generalitat paralizó la explotación del vertedero por los riesgos para la seguridad. Y ordenó, también con premura, obras para vaciar de forma parcial (unos 300.000 metros cúbicos) el vertedero de Pinós.

Los trabajos, que costaron más de 10 millones de euros, supusieron trasladar el material al vertedero cercano de Fitó. Los dos están en Seva, pero al sur del término municipal y lejos del casco antiguo; más cerca quedan, en cambio, los núcleos urbanos de las poblaciones de Centelles y Aiguafreda. Los vecinos se opusieron al traslado y presentaron una denuncia ante los Mossos d’Esquadra. “Nunca entendimos por qué había que pasar la mierda de un sitio al otro, y por qué ese traslado tenía que pagarse con dinero de los ciudadanos de Cataluña”, lamenta Carrasco.

Las presuntas irregularidades en la gestión de esa operación apuntan ahora a la Agencia de Residuos de Cataluña. Su director de entonces, Josep Maria Tost, autorizó presuntamente el traslado de materiales impropios entre dos vertederos que, a priori, solo podían contener runa. Tost fue otro histórico alcalde de CiU, en este caso de Riudecanyes (Baix Camp). En 2011 fue nombrado máximo responsable del organismo público de la Generalitat con competencias en la materia, cargo que ya no abandonaría hasta una década más tarde. En la actualidad, Tost sigue vinculado a la planificación y gestión de residuos, pero en el sector privado: es consultor en diversas compañías y en su perfil de Linkedin se define como “emprendedor” y “facilitador”. Aunque tiene la condición de investigado, todavía no ha prestado declaración ante el juez.

A la investigación inicial de Mossos se sumó más tarde la Guardia Civil por un incidente fortuito. El temporal Gloria, que en enero de 2020 azotó Cataluña, desbordó una riera, hizo subir el nivel del agua y provocó que los materiales acumulados en Fitó se infiltraran. Unos trabajadores que estuvieron sacando agua con camiones pidieron que se usara para regar una zona y se marearon. Así empezó sus pesquisas el instituto armado, que bajo tutela del juzgado dio un primer zarpazo en abril de ese año. Durante una inspección, el Seprona detectó que el vertedero volcaba residuos contaminados a una riera de agua corriente: los vertidos ilegales se mezclaban con aguas limpias y, a través de una canalización parcialmente soterrada, llegaban a la riera. La Guardia Civil explicó entonces que, como resultado de la descomposición de residuos urbanos (que el vertedero no tenía permisos para almacenar) afloraron líquidos en un pequeño estanque al fondo de la antigua cantera.