El dueño de Casa Orsola se plantea vender el edificio mientras Collboni pide tiempo para mediar

El primer desahucio de la Casa Orsola, que estaba previsto para este martes a las 5.00 de la madrugada, se ha vuelto a aplazar, tras la suspensión del lanzamiento programado el pasado viernes y que no se pudo llevar a cabo por la protesta vecinal. La Casa Orsola se ha convertido en un símbolo de la lucha en defensa del alquiler y contra la expulsión de vecinos de sus barrios. La nueva fecha será, según ha avanzado el Sindicat de Llogateres, el próximo 18 de febrero a las 9.30 de la mañana. El aplazamiento se ha conseguido gracias a que el Ayuntamiento de Barcelona ha logrado sentar a la propiedad, los inquilinos y el Sindicato en una mediación moderada por el Síndic de Greuges de Barcelona. Paralelamente, el propietario de la Casa Orsola ha hecho pública una carta anunciando que venderá el inmueble y criticando a aquellos que le han culpabilizado de la situación.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha comparecido este lunes en el Ayuntamiento y ha solicitado tiempo para llevar a cabo un proceso de mediación, impulsado por el propio Consistorio, según ha asegurado el edil. “La negociación necesita tiempo para encontrar una solución. Nuestro objetivo es garantizar el derecho a la vivienda de los inquilinos de la casa Orsola. Debemos hacer los cambios para evitar que haya nuevas casas Orsolas”, ha advertido el alcalde. El Gobierno municipal también ha defendido la aplicación de la regulación de pisos de alquiler. “Hemos prohibido los pisos turísticos a partir de 2028 y estamos tomando medidas para evitar el fraude de los contratos de temporadas. La ciudad de Barcelona pone los medios y medidas que cambien la lógica del mercado en Barcelona y, en general, de Europa”, ha concluido.

El Sindicato de Inquilinos asegura que en la Casa Orsola hay 27 pisos; de estos, ocho tienen un alquiler de renta antigua, seis tienen contratos vigentes, cinco con contratos ya vencidos, siete en alquiler temporal y uno de los pisos está vacío.

Minutos antes del anuncio de Collboni, el propietario del edificio Casa Orsola de Barcelona, Albert Ollé, ha denunciado en una carta abierta “la criminalización” que ha sufrido durante tres años, “con ocupaciones, vandalismo y campañas de desprestigio”. Ollé defiende que la propiedad ha ofrecido acuerdos a los inquilinos que negociaron directamente y critica a quienes, según él, instrumentalizan la vulnerabilidad. Tras recibir, según afirma, insultos y ataques, anuncia que probablemente venderá la finca, advirtiendo que el próximo propietario podría no tener el mismo interés en preservar el patrimonio ni en buscar soluciones.

Ollé considera que está siendo víctima de un linchamiento mediático y ha escrito la carta para dar su versión de los hechos y asegura que con muchos inquilinos se llegó a una solución. “Josep Torrent nunca quiso hablar con nosotros directamente. Siempre lo hizo a través de una plataforma que se hace llamar Sindicat de Llogateres. Ahora, después de más de tres años de confrontación, él ha conseguido ser el héroe y yo, según parece, el criminal. O mejor dicho, el buitre criminal, como le gusta denominarme a la portavoz de esta plataforma”. El propietario también denuncia que “durante tres años, el edificio de Casa Orsola ha sido objeto de campañas de desprestigio, ocupaciones ilegales e incluso actos vandálicos que han dañado un patrimonio modernista que quise preservar. Las puertas rotas, las paredes pintadas y los espacios comunes abandonados no son símbolos de justicia social, sino de la incapacidad para conciliar derechos y deberes. ¿Este es el modelo de lucha que se quiere legitimar?”.

Finalmente, Ollé apunta a que las causas del problema hay que buscarlas en la clase política. “Es consecuencia de haber confiado en aquellos que prometieron miles de viviendas sociales y no construyeron casi ninguna, o de haber votado por quien impuso la obligación del 30% de protección oficial, paralizando así la construcción de nueva vivienda en Barcelona. Ahora todos pagamos las consecuencias. En una sociedad donde los valores fundamentales se diluyen, hay que preguntarnos: ¿Quiénes son los verdaderos buitres?”.

El portavoz del sindicato, Enric Aragonés, ha celebrado el aplazamiento, pero ha cargado contra el Ayuntamiento de Barcelona por lo que, según el portavoz, es el intento del Consistorio de desmantelar la medida de la reserva del 30% de vivienda protegida. “Si se desmantela, tendremos muchas Casas Orsolas. Ni el PSC ni ERC deben tener tentaciones de tumbar la medida, sería del todo obsceno”, ha advertido.