Puigdemont rebaja la confrontación con el Gobierno ante un marzo clave para las negociaciones de Junts

Cuando el 8 de agosto pasado irrumpió fugazmente en el centro de Barcelona para protagonizar un mitin de seis minutos, Carles Puigdemont se despidió de sus incondicionales con una duda. “No sé cuando nos volveremos a ver”, dijo, azorado ante lo que parecía una detención segura. Puigdemont logró burlar el dispositivo que habían montado los Mossos d’Esquadra y escapó a Bélgica. Ahora, confiesa a su círculo de confianza que antes del verano podrá regresar a Cataluña sin necesidad de montar una nueva espantada. El expresident señala que tiene confianza en que su amnistía quede definitivamente resuelta en un plazo cercano, por mediación de una resolución del Tribunal Constitucional que le allane el camino de regreso.

Las expectativas sobre su situación personal avanzan en paralelo a las negociaciones que mantiene Junts per Catalunya con el PSOE para tratar de lograr alguna concesión que sirva para justificar un apoyo, aunque sea tibio, a Pedro Sánchez. Tras ordenar la retirada de la cuestión de confianza contra el presidente del Gobierno, Puigdemont ha optado por rebajar la confrontación con el Ejecutivo ante una fase crucial de las negociaciones.

Con la llegada del mes de marzo se cumple un año del anuncio que hizo el entonces president, Pere Aragonès, para anticipar las elecciones catalanas. El calendario ha dado la vuelta, la Generalitat está en manos del PSC, el independentismo ha quedado apartado del poder en Cataluña y ERC presume de haber logrado una condonación de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómico (FLA) y de poder concretar avances en un nuevo modelo de financiación. Pero el reloj de Carles Puigdemont no marca las horas. El presidente de Junts sigue instalado en Bélgica por riesgo a ser detenido si regresa a Girona y su partido no consigue arrancarle al Gobierno concesiones que aporten lucimiento. “En pocas semanas se tendrían que materializar acuerdos que ya están concretados”, subrayó Jordi Turull, secretario general de Junts, en la comparecencia que organizó para explicar la marcha atrás en su voluntad de someter a Pedro Sánchez a una cuestión de confianza.

El propio Puigdemont salió a templar la reacción de su partido al acuerdo por la quita de 17.104 millones de euros del FLA. La operación, negociada por ERC con el Gobierno, mereció una primera contestación airada por parte de la dirección de Junts en Barcelona: “La experiencia nos demuestra que puede ser un nuevo timo, que nos quieran dar gato por liebre”. Puigdemont apareció más tarde para matizar: “Que ahora se perdone una parte es mejor que no se perdone nada”.

Junts perfecciona la táctica del que aprieta pero no ahoga. Sus portavoces no desaprovechan ninguna oportunidad para señalar que “la confianza en el PSOE está deteriorada”; pero, para tratar de desbloquear alguno de los compromisos adquiridos por la dirección del partido independentista, no se observa alternativa posible al actual Gobierno. El traspaso a la Generalitat de las competencias sobre inmigración es un asunto que trae de cabeza a Junts. Se anunció públicamente que el trato estaba hecho, pero la formalización del acuerdo sigue sin llegar.

La transferencia de asuntos relacionados con la gestión de la inmigración causa muchos recelos en el Ministerio del Interior, y el Gobierno no quiere dejar en manos de la Generalitat asuntos como la vigilancia de los puestos fronterizos o el poder de decisión sobre la expedición de documentos como el NIE (Número de Identificación Extranjera). Pero Junts insiste en que el traspaso tiene que ser integral. El tema se plantea en términos de todo o nada porque la dirección del partido tiene asumido que hay mucho en juego.

Más allá del chute de crédito que ganaría la formación para exhibir réditos de sus tratos con el PSOE, y poder contraatacar la lista de provechos que divulga ERC, atar el control de la inmigración serviría para competir con el empuje de la extrema derecha identitaria. Aliança Catalana hace mella en las comarcas interiores de Cataluña, feudo tradicional de Convergència, primero, y de Junts, después, y anuncia capacidad para colarse más allá del espectro conservador del catalanismo. Según avanzó el diario Ara, quien fue candidato de ERC en Amer, municipio natal de Puigdemont, se ha afiliado a Aliança Catalana.

Gestos

Que el anuncio de un punto de entendimiento puede ser cercano lo avala la rebaja de tono de Junts, y gestos como el reciente nombramiento de Ramon Tremosa como consejero de Aena. El exdiputado de Junts, que llegó a ser consejero de Empresa con Quim Torra, se incorpora a la gestora aeronáutica tras haber acusado a la compañía de imponer un “chantaje unilateral” y de dar un trato “colonial” a Cataluña.

Junts presume de “mantener la posición” y evita aparecer como un partido con temblor de piernas. A la hora de justificar el desistimiento a la cuestión de confianza, chirriaron las alusiones de Jordi Turull a una supuesta petición expresa del diplomático que verifica las reuniones entre Junts y el PSOE. Se desconocía el poder del diplomático Francisco Vélez para definir la hoja de ruta de Junts, toda vez que apenas unos días antes Miriam Nogueras, vicepresidenta del partido y portavoz en el Congreso, había manifestado que “la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza se tiene que mantener”. Nogueras fue incluso más allá: “No nos planteamos retirarla en ningún caso”.