La protectora municipal de Barcelona vuelve a vivir un momento crítico un año y medio después de la huelga de trabajadores que duró dos meses a raíz de las denuncias por las malas condiciones de los animales. El centro, ubicado en el corazón de la sierra de Collserola, acoge a unos 250 perros, entre los que hay algunos que siguen terapias de conducta con educadores especializados. Uno de ellos es Carles Gomà. Lleva 14 años de labor en el centro y el pasado 18 de marzo recibió, junto a otros siete empleados, un burofax del Help Guau, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento, en el que le comunicaron su despido. El consistorio justifica los ceses porque el próximo 4 de abril finaliza el contrato suscrito con la empresa Help Guau y no lo prorrogará. Gomà y sus compañeros, todos organizados en sección sindical de la CGT, llevaron a juicio -pendiente de sentencia- a la empresa gestora y al consistorio el pasado 19 de febrero por mobbing y vulneración de derechos fundamentales de los animales.

El equipo de educadores caninos será sustituido por un servicio de etología y uno de paseadores, pero dicen no tener conocimiento de si serán subrogados cuando la nueva empresa asuma el servicio. El consistorio asevera que ha habido un incremento de perros que, debido a su naturaleza compleja por problemas de conducta, la adopción se complica y se convierten en perros de larga estancia. Se contratarán 13 nuevos profesionales, pero Gomà sostiene que los cambios están motivados por las denuncias anteriores por parte de los trabajadores debido a las malas condiciones de los animales y la falta de recursos. “El malestar empezó cuando la dirección del centro, a cargo de la empresa gestora, decidió no consultar sacrificios de algunos perros con el equipo de educación canina y el equipo veterinario. También excluyeron de las reuniones que hacíamos cada semana para hablar sobre el comportamiento de los perros. Ahora han decidido sacarse de encima a los profesionales porque creen que somos una molestia y no nos han ofrecido ninguna alternativa”, denuncia.

El escrito de la demanda sostenía que se trata de un “claro caso de persecución sindical” que se traduce en “sanciones y modificación unilateral de las condiciones de trabajo”. En el momento en que la sección sindical ha impugnado las sanciones, es cuando se ha habido represalias, según cuentan los afectados por los despidos. En julio de 2024 los educadores caninos ya interpusieron una demanda ante Inspección de Trabajo -de la que no han obtenido respuesta- por el deterioro de las condiciones de trabajo. “No podíamos hacer nuestra labor con las condiciones de seguridad adecuadas ni disponíamos del tiempo necesario para cada uno de los perros. Nos obligaron a trabajar con pantalones y calzado que reducían la movilidad y nos exponían a riesgos”, denunció el sindicato.

El CAACB cuenta con una veintena de empleados -entre asistentes de veterinaria, educadores caninos, cuidadores, veterinarios y personal de oficina-, y trabaja con otras cuatro entidades que tienen convenio con el centro y medio centenar de voluntarios. Ante la falta de personal, el sindicato lamenta el degradación de la calidad de vida de los perros, ya que cada vez faltan más paseadores. En este sentido, Gomà asegura que ha habido casos en que voluntarios han alzado la voz y se les ha prohibido realizar sus tareas, especialmente aquellas que tienen que ver con las rutinas diarias de los perros. En un comunicado, el consistorio afirma que el objetivo de las modificaciones es “reducir la cantidad de perros del centro y trabajar en mejorar sus condiciones mediante el incremento de paseos de refuerzo que ya hace el voluntariado”.

El sacrificio de perros, la principal preocupación de los trabajadores

Es habitual que lleguen perros que han sufrido maltrato y que se muestran inseguros. En estos casos, la adopción suele alargarse, aunque si no representa un peligro no se les puede sacrificar, de acuerdo con la nueva Ley 7/2023 de Bienestar Animal. La nueva política municipal consiste en derivaciones de perros a otros centros vinculados a Help Guau, por lo que los educadores caninos perderán el contacto con los animales. “Nos preocupa que empiecen a justificar sacrificios que no proceden. Además, cortar las terapias de golpe afectará negativamente en los perros y complicará todavía más las adopciones”, subraya Gomà. Añade que estos perros necesitan vínculos fuertes con sus educadores y consolidar sus rutinas.

El sacrificio solo está justificado por motivos de seguridad de las personas o animales o por riesgo para la salud pública, y siempre debe estar supervisada por un equipo veterinario colegiado o perteneciente a la Administración Pública. La norma prohíbe el sacrificio en los centros de protección animal, ya sean públicos o privados, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos por cuestiones económicas, de sobrepoblación o imposibilidad de adopción. También está penado en casos de abandono, vejez y enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento. En los casos de perros con problemas de conducta, tampoco pueden sacrificarse si pueden ser reconducidos.