La presión inmobiliaria obliga a la Generalitat a abandonar su sede en Madrid

La presión inmobiliaria ha obligado a la Generalitat a abandonar su histórica sede de la delegación en Madrid, el Centro Cultural Blanquerna, situada en la calle de Alcalá y donde estaba con un contrato de alquiler, a la calle de Orense, número 62, después de que un grupo inversor haya adquirido el edificio, donde espera construir pisos de lujo. El nuevo emplazamiento cuenta con 1.600 metros cuadrados, los mismos que tenía Blanquerna, y en ella se instalarán el despacho de la Delegada del Govern, la librería Blanquerna, la sala de actos, las aulas del Espai de Llengües y las actividades de Turismo y la agencia de internacionalización de empresas Acció. La nueva ubicación es provisional y el Govern sigue buscando por tanto local definitivo, según ha avanzado Nació Digital y confirmado este diario.

El Ejecutivo catalán planea inaugurar la nueva sede el próximo mes de noviembre y quiere aprovechar esta circunstancia para abrir una “nueva etapa” para que vuelva a ser un polo de actividad y de relación con el mundo cultural, empresarial y político y abrirla más a la ciudadanía. La sede de la calle Orense, está cerca de del centro económico y financiero y el Govern quiere que acompañe al Ejecutivo en su plan de situar a Cataluña en el liderazgo económico y cultural de España.

La Generalitat deja así un enclave muy atractivo, frente al Círculo de Bellas Artes, y que ocupaba desde 1993. El local albergaba tanto las oficinas del Delegación del Govern en Madrid como el Centro Cultural Blanquerna, cuyo servicio más abierto a la ciudadanía era la librería, que ofrecía textos editados en catalán. Allí había también un un salón de actos en la planta subterránea y había un espacio dedicado a las aulas de enseñanza del catalán donde se ofrecen hasta cinco niveles (desde A2 hasta C2), un club de conversación y clases para niños entre 5 y 12 años.

La Delegación de Blanquerna fue asaltada en septiembre de 2013 por media docena de militantes de extrema derecha durante los actos de conmemoración de la Diada. El Tribunal Supremo condenó a penas de entre dos años y dos años y nueve meses a los 14 integrantes del grupo por un delito de desórdenes público en concurso ideal con un delito de derecho a reunión.