Una trama bipartita de presunta corrupción

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia envió la noche del sábado al domingo a prisión provisional sin fianza al exvicealcalde del PP de Valencia, Alfonso Grau —número dos de Rita Barberá durante 20 años—, y al hasta hace cuatro días subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, histórico socialista y concejal de la oposición durante el Gobierno de la alcaldesa ya fallecida. Los dos políticos están investigados en el caso Azud, una causa abierta en 2007, en la que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores entre los años 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Valencia, así como en otros consistorios valencianos, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Grau y Rubio, Gobierno y oposición durante años en el Consistorio capitalino, fueron detenidos el pasado jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una operación coordinada por la jueza de Instrucción y la Fiscalía Anticorrupción. La ofensiva judicial se saldó 48 horas después con 14 arrestados y más de 40 registros en Valencia, Alicante, Madrid, Ibiza y Tomelloso (Ciudad Real). Junto a estos dos políticos, la magistrada mandó a la cárcel también al constructor Jaime Febrer, clave del entramado de comisiones, a su asesor Joaquín Pastor y a la empresaria Mónica Montoro.

Los investigadores sospechan que Grau pudo beneficiarse de un millón de euros en mordidas y Rubio, de unos 300.000 euros. En el caso del Ayuntamiento de Valencia, las sospechas sobrevuelan sobre varias operaciones urbanísticas, entre estas la relacionada con el plan del Grao, uno de los grandes proyectos inmobiliarios de la capital, malogrado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008.

La causa, declarada secreta, suma ya cerca de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, y salpica a cargos políticos del PP y del Partido Socialista, algunos retirados y otros activos.

Es el caso de Rafael Rubio, concejal socialista de Valencia en la década de los noventa y responsable en la oposición de fiscalizar la política urbanística del PP. El edil permaneció en el Consistorio hasta 2011 y ejerció de portavoz de grupo en el periodo investigado por el juzgado, al menos entre 2004 y 2007. Los socialistas, que gobiernan Valencia desde 2015 junto a Compromís, lo repescaron ―es funcionario municipal― para sus servicios de Urbanismo y allí permaneció hasta que le nombraron subdelegado del Gobierno en Valencia. Está investigado, además, en una pieza separada de otro conocido episodio de corrupción política, el caso Taula, por la presunta contratación irregular de dos falsos trabajadores. Pese a ello, mantuvo el cargo de subdelegado. La detención de Rubio ha dejado estupefacto al partido de los socialistas valencianos, que lo ha suspendido de militancia. Su esposa aparece entre el medio centenar de investigados.

Otro conocido socialista implicado en esta segunda fase del caso Azud es José María Cataluña, exresponsable de Finanzas del PSPV, y el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra [empresa de la Diputación de Valencia en extinción], José Luis Vera, próximo al partido y que los investigadores sitúan como la persona que supuestamente puso en contacto a Febrer con cargos del PSPV.

El exvicealcalde del PP Alfonso Grau dejó la política activa en 2015, poco antes de perder el Gobierno local, acosado por su procesamiento en el caso Nóos, del que salió absuelto. No fue así en otro caso donde le condenaron en junio de 2019 por aceptar relojes de lujo de un contratista municipal. La hija de Grau también está investigada junto a su padre por Azud. Otro antiguo cargo del PP bajo investigación es la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú por un plan urbanístico con campo de golf proyectado en su municipio.

La primera fase del caso Azud estalló en 2019, dos años después de abrirse la investigación, con la detención de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, y su socio en el bufete de abogados que compartían. En este primer golpe de Azud están investigadas además la mujer de Corbín y hermana de la exalcaldesa de Valencia, y sus tres hijas. Fuentes del caso aseguraron entonces que el abogado cobró presuntamente más de un millón de euros en mordidas a diversos empresarios a cambio de la obtención de recalificaciones