Dos exaltos cargos del Consell y un empresario reconocen un amaño en contratos de informática de la extinta consejería de Solidaridad

Dos exaltos cargos del Consell y un empresario han reconocido un amaño en contratos de informática de la extinta Conselleria de Solidaridad mientras que el titular de ese departamento, el exconseller y exdiputado del PP en Les Corts Rafael Blasco, ha negado participar en el fraude. Este lunes se ha retomado en la Audiencia de Valencia el juicio por un presunto amaño en contratos de informática, dentro del conocido como caso Cooperación, que había sido aplazado hasta en dos ocasiones. Las sesiones continuarán el 18 de junio con testigos, el 9 y el 20 de julio. Inicialmente la declaración de los acusados se celebrará el 20.

En el banquillo de los acusados hay cuatro personas: el exconsejero y exdiputado Rafael Blasco; el empresario Augusto César Tauroni; la exsecretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuán; y el exjefe del servicio de Informática de Solidaridad Javier Murcia.

En las cuestiones previas, el abogado de Murcia ha anunciado que había llegado a un acuerdo de conformidad con las acusaciones por el que su representado ha reconocido los hechos y se le ha rebajado la pena hasta el año de prisión (Fiscalía le pedía año y medio).

Así, ha solicitado al tribunal que se leyera la conformidad y se le permitiera ausentarse del juicio debido a su delicado estado de salud, puesto que hace tres meses, cuando iba a arrancar la vista, sufrió un problema cardiaco. Esto obligó a aplazar el juicio.

Tras no oponerse ninguna de las partes a esta solicitud, el tribunal ha reproducido la conformidad y, en su turno de palabra, el acusado ha dado las gracias a la jueza y a los forenses por la atención que recibió en el juzgado cuando se sintió indispuesto.

Seguidamente, el fiscal ha avanzado que también había llegado a un acuerdo con Sanjuán y Tauroni, por el que han aceptado un año de cárcel la primera y otro año y tres meses el segundo por el fraude. Al acuerdo no se ha sumado Blasco, con lo que es el único acusado que no reconoce los hechos.

En esta pieza la Fiscalía reclamaba provisionalmente dos años y ocho meses de prisión para el exconseller y el pago de una multa de 400.000 euros por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración; dos años de cárcel para Sanjuán y una muta de 300.000 euros; año y medio de prisión para el exjefe de Informática y 300.000 euros de multa; y dos años y medio de cárcel y multa de 400.000 euros para el empresario Tauroni.

Por su parte, la Coordinadora Valenciana de ONGD --acusación popular-- reclamaba cinco años de prisión para Blasco, Tauroni y Tina Sanjuán y el pago de una multa de 350.000 euros para cada uno de ellos. Así mismo, solicitaba tres años de cárcel para Javier Murcia.Se trata de la pieza 5 del llamado caso Cooperación y la Fiscalía cifra en 289.363 euros el perjuicio ocasionado a las arcas públicas autonómicas.

Amaños y comisiones

Los hechos se remontan a los años 2008 a 2011 y se ha investigado un presunto amaño de contratos informáticos adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni. Las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato.

Los contratos presuntamente amañados eran para el desarrollo del Portal del Inmigrante, Portal de la Ciudadanía, herramientas de participación ciudadana y para el control telemático de la gestión de escuelas de acogida, entre otros.

Blasco ya ha sido condenado por las piezas 1, 2 y 3 del conocido caso Cooperación, relativas al desvío de ayudas a ONGs y al proyecto fallido para la construcción de Haití. Salió de prisión con tercer grado a principios de 2019 por la condena de seis años y medio de la pieza 1.