El puerto de Valencia pedirá a Transportes la suspensión parcial de una concesión a Boluda hasta que se pronuncie el TSJCV

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) acordó en 2018 el rescate de la concesión sobre 90.000 metros cuadrados de la antigua Unión Naval, en manos de la corporación del naviero Vicente Boluda, a cambio de otorgarle una parcela portuaria de 4.700 metros cuadrados donde, además de un antiguo edificio de oficinas, podía construirse otro nuevo, con posibilidad de alquilarlo a terceros. La operación, según ha asegurado este martes el presidente de la APV, Aurelio Martínez, se hizo avalada por informes jurídicos, pero la Intervención y la Abogacía del Estado la han cuestionado porque entienden que la fórmula elegida fue “lesiva” para el interés público y apuntan a que el puerto debió explorar la vía de la caducidad de la concesión en lugar de la del rescate.

El puerto pedirá al Ministerio de Transportes la suspensión parcial del rescate —solo la parte que afecta a Boluda— para no interrumpir la construcción de la nueva terminal de pasajeros proyectada en el resto de terrenos del polémico rescate.

El consejo de administración de la APV, del que es miembro Boluda, ha estudiado hoy los informes de ambos órganos estatales —elaborados tras la denuncia de la Comissió Ciutat-Port al Tribunal de Cuentas— y ha optado por, tal y como le apunta la Abogacía del Estado, explorar si la caducidad de la concesión —por incumplimiento de las condiciones— es posible, una decisión que quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Mientras tanto, y para impedir que la construcción de la nueva terminal de pasajeros prevista en la misma concesión se eternice, la APV pedirá al Ministerio que suspenda solo parcialmente el rescate de la concesión en la parcela de 4.700 metros cuadrados que afecta al naviero, no así los 85.000 restantes donde está prevista la terminal de pasajeros que explotaría Baleària.

“Ya sea por la vía del rescate o de la caducidad, esos terrenos vuelven igualmente a la Autoridad Portuaria y la finalidad del terreno es el mismo, construir la terminal de pasajeros, así que le vamos a pedir que nos dejen seguir”, ha precisado el director del puerto, Francesc Sánchez. Fomento, según el directivo, dispone de seis meses para declarar la lesividad de la operación y aceptar o no la petición de suspensión parcial.

“Si hubiera alguna irregularidad, si hubiésemos hecho la operación sin los preceptivos informes jurídicos, lo hubiera entendido; pero cuando hemos actuado conforme a lo que nos dijeron, me suena muy raro”, ha dicho Martínez en respuesta a Podem, que ha pedido su dimisión por esta operación. El presidente de la UPV ha asegurado que su cargo siempre ha estado a disposición del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que fue quién lo propuso, pero ha añadido que “nunca me habían pedido mi dimisión por cumplir la ley”.

Mejora del ferrocarril

La APV invertirá cerca de 240 millones para acometer mejoras en el transporte ferroviario en sus recintos de Valencia y Sagunto, dentro de su “apuesta por el ferrocarril” y en respuesta a “la importancia” que da “a los temas ferroviarios en el puerto” de la capital valenciana.

Martínez ha valorado el crecimiento que Valenciaport está registrando en este ámbito y ha destacado que el 11% de los contenedores import/export que manipula se mueven por ferrocarril (algo más de 200.000 TEUs), frente a la media española del 4% (en la Unión Europea es del 18%). Ha dicho que la situación de Valencia en el conjunto de España “demuestra el impulso sistemático” que se está dando al transporte en tren, tanto de contenedores como de automóviles, cargas no contenerizadas y graneles.

La APV ha aprobado también en el consejo de administración el protocolo general de actuación para la puesta en servicio de la autopista ferroviaria Valencia-Madrid en ancho ibérico, “la primera de España”, ha precisado el presidente. Estará operada por Tramesa (el operador privado interesado en la propuesta con licencia en régimen de competencia) y partirá en Valencia desde el dique del este.

Esta infraestructura contempla cargar los remolques de los camiones en vagones y trasladarlos hacia el centro de la península, para continuar allí su trayecto hasta su destino final, sin necesidad de realizar por carretera los 350 kilómetros que separan ambas ciudades, como ha detallado el director general de la APV, Francesc Sánchez, que ha comparecido junto a Martínez.