El empresariado alicantino celebra que el Consell aumente los presupuestos pero critica la baja ejecución

Sobre el papel, la inversión presupuestaria del Consell en la provincia de Alicante está creciendo. A pie de calle, la realidad es otra, ya que apenas se ejecuta el 40% de los proyectos presupuestados. Este es el panorama que han expuesto hoy la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana (CEV) y el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) en la presentación de su análisis de los presupuestos de la Generalitat para el año que viene y su incidencia en Alicante. Joaquín Pérez, presidente de CEV Alicante, aplaude que “por tercer año consecutivo”, el gobierno autonómico haya “respetado el criterio poblacional en las inversiones territorializadas”. Pero subraya que hay que “poner el foco en la ejecución, que sigue siendo aproximadamente del 40%”. La solución, a su juicio, está en la colaboración público-privada.

Los números señalan que el Botànic ha destinado a Alicante en sus cuentas para 2023 311,8 millones de euros, un 41% del total, según ha ido desgranando Nacho Amirola, presidente de Ineca. El reparto per capita es de 164,5 euros por habitante, “el mayor de toda la Comunidad”. De esta forma, continúa Amirola, “se sigue con la línea iniciada hace tres años de ir reduciendo el déficit acumulado” del Consell con Alicante que, desde 2008, “asciende a 232 millones de euros”, calcula. Un desequilibrio que “se refleja en menos médicos, enfermeros, pediatras, profesores y hasta en plazas de residencias de la tercera edad”, puntualiza Amirola, “situación crónica que afecta directamente a la calidad de vida y el bienestar de los alicantinos”. En este tipo de servicios públicos, indica Francisco Llopis, director de estudios de Ineca, “la Comunidad Valenciana está por debajo del ratio nacional y además la provincia de Alicante tiene el peor dato”, insiste. “La media española es de 4,1 y el ratio de la provincia de Alicante es de 2,4 por cada 100.000 habitantes”, manifiesta.

En la obra pública la diferencia presupuestaria respecto a las otras dos provincias valencianas se ensancha, sostiene Llopis. “En Alicante existe un déficit de 623 millones de euros en obra pública por parte del Consell, algo que no ocurre con Valencia y Castellón, que tendrían una especie de superávit de más de 300 y 200 millones de euros, respectivamente”, asegura. Y, a juicio de los economistas alicantinos, además, se ejecuta poco. “En los últimos 14 años, el porcentaje de proyectos ejecutados por la Generalitat es del 61%”, afirma Amirola. De ese total, “en la provincia de Alicante se ha hecho el 32,5%, cuando le corresponde el 37%”. Es decir, que en su opinión, el Consell no cristaliza todo lo que consigna “y en Alicante, menos de lo que nos corresponde”.

Por último, Ineca ha criticado una mayor territorialización de las inversiones. “Solo el 51,1% de las inversiones que va a realizar el Consell en 2023 está destinado a proyectos concretos y bien definidos”, apunta Amirola. Del resto, “casi la mitad, nadie sabe nada”, lo que para Amirola es “una falta de transparencia que nos preocupa”, a pesar de que en 2010 ese mismo porcentaje ascendía hasta el 75%, según sus cuentas. Llopis añade que la territorialización no es uniforme en el organigrama del gobierno autonómico. “Hay consellerias que tienen casi todo su presupuesto territorializado, pero en otras apenas está distribuido”, remarca. “Justicia y Obras Públicas tiene la mayor parte de su presupuesto individualizado”, dice, “en cambio, otras como la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, apenas territorializa el 5% del total de sus partidas”, concluye. La suma de las carencias en este parámetro con las de la deficiente ejecución es, para Llopis, “una tormenta perfecta que revela una manera de trabajar ineficiente”.