La Generalitat Valenciana propone para un premio de igualdad a una entidad implicada en bebés robados

La consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Elisa Núñez, ha propuesto al centro Casa Cuna Santa Isabel como candidato al reconocimiento “Meninas 2023″ que entrega la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana a personas y entidades por sus estrategias, iniciativas o proyectos para combatir la violencia sobre las mujeres y promover la igualdad. La Casa Cuna ha estado implicada en varios casos de bebés robados y sobre la entidad existe una orden judicial para que aporten datos de las madres de más de una veintena de personas. La dirección de la institución mantiene que no guarda esos datos.

Núñez es uno de los tres miembros del Consell elegidos por Vox en el acuerdo de Gobierno con el PP que lidera Carlos Mazón. La directora de la Casa Cuna Santa, Sor Aurora Gallego, ya fue distinguida por los populares en el Ayuntamiento de Valencia, 2011, donde se le distinguió como hija adoptiva “por su defensa de la vida”.

El abogado de varias causas de bebés robados, que además es también afectado, Enrique Vila, ha calificado de “vergonzoso” que se distinga a esta institución que, según sostiene, “mantienen un empecinamiento incomprensible” cuando otros centros, incluso de la misma orden que gestiona el de Valencia, sí han facilitado los datos. Vila reclama ahora al Vaticano que exija a Sor Aurora Gallego que aporte la identidad de las madres, aunque, de momento, no ha obtenido respuesta.

Los premios Meninas son unos galardones que otorgan las delegaciones del Gobierno previa invitación a personas y colectivos, -como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la fiscal superior, fuerzas de seguridad del Estado, asociaciones de mujeres y unidades de violencia sobre la mujer- para que presenten propuestas. En la justificación de la candidatura la consejera destaca que la candidatura es “una oportunidad para mostrar el convencimiento de esta consejería para acabar con la violencia doméstica y en particular, la que afecta a las personas más vulnerables”. Además, resalta “la importante labor y ayuda de este grupo de religiosas a las familias monoparentales con necesidades prioritarias de intervención, que en la actualidad prestan acogida a un total de 22 mujeres y 22 niños en Valencia”.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado de que la presentación de la candidatura se ha realizado fuera de plazo, por lo que la propuesta de la Generalitat, que participó en la sesión de debate del jurado, no puede ser tenida en cuenta.

La negativa de la dirección de la entidad, pese a la orden judicial, a facilitar los datos de las madres que, según reiteraron, solo registraron a partir de 1992, llevó a los afectados a presentar una querella, en este caso por la vía penal, que fue archivada. En ese caso, el juez descartó “la existencia de indicios de delito en la negativa de los querellados a entregar los datos requeridos; esto es, ha de descartarse que tal negativa pueda considerarse dolosa y no motivada por la imposibilidad de acceder aquéllos a este requerimiento”.