Vecinos de una torre de viviendas sociales de la Generalitat, algunos con discapacidad, denuncian la desatención de su casero tras la dana

La Generalitat compró por 18,4 millones de euros hace poco más de un año un edificio de 20 alturas en el barrio de la Torre de Valencia. Los inquilinos de las 124 viviendas de alquiler social corrían el riesgo de ser desalojados por el propietario, el Grupo Ática, al cumplirse el plazo de 10 años del acuerdo de construcción en suelo público con la anterior administración autonómica del PP, en virtud del cual se ofrecía la opción a los vecinos de comprar su viviendas para continuar en ellas, pero a precio de mercado. Si no, podían ser desalojados. En la práctica, la gran mayoría de vecinos, que paga una mensualidad que oscila entre los 400 y los 600 euros, no podía hacer frente a esa adquisición. Los inquilinos batallaron y finalmente la Generalitat, aún gobernada por la izquierda (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem), llegó a un acuerdo con Ática y se quedó el edificio. Los vecinos continuaron en sus casas, si bien tienen que abonar el alquiler a la Entidad Valenciana d’Habitatge (Evha) de la administración autonómica.

Ahora, tras la dana del 29 de octubre que inundó los bajos y garajes del edificio e inutilizó los ascensores, los vecinos se quejan de falta de “atención”, “desidia” y “desinterés” por parte de la Evha, dependiente de la vicepresidencia y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que desempeña la también portavoz Susana Camarero, del PP. “Solo pedimos más implicación por parte de la Ehva, que es nuestra casera, que se nos escuche y nos de soluciones. Nos consta que la administradora les ha hecho llegar nuestras quejas”, se lamenta Raquel Gallego, que ejerce de portavoz de los vecinos de la imponente torre plateada del número 5 de la calle Ignacio Hernández Hervás. “Tuvimos que buscarnos la vida para encontrar una cuba y desatascar el garaje. Y para muchas cosas más. Y los ascensores [hay cuatro, no todos llegan a a toda las alturas] han estado averiados casi un mes. Y cuando se arreglaba uno se estropeaba una pieza y vuelta a empezar. Y lo peor es que en las plantas altas viven dos personas con problemas de movilidad, además de personas mayores, que no han podido salir y han seguido pagando igual el alquiler. Al chico no le han contestado ni al correo que les ha enviado”, explica.

Miguel Ángel Ávila tiene 37 años y una “discapacidad de movilidad reducida” por una parálisis cerebral de nacimiento. Teletrabaja en casa. Vive en la planta 17. Sin ascensor, no ha podido asistir a sus clases presenciales de la Escuela Oficial de Idiomas ni a los ejercicios diarios de rehabilitación. “Necesito hacerlos, porque por mi discapacidad se me agarrotan los músculos. Los días sin ascensor tuve un montón de dolor lumbar y de espalda por no poder hacer los ejercicios. Le mandé a la Evha varios correos comentándole mi caso, que me cuesta muchísimo subir y bajar y necesito rehabilitación, pero no obtuve respuesta. Hoy [por este miércoles] va un ascensor, pero nos dicen que son arreglo temporales”, apunta.

Antonio de la Cruz, de 69 años, se desplaza en una silla de ruedas porque tiene una pierna amputada. He estado 21 días sin poder salir de casa. “Y luego ponen en marcha un ascensor y a los dos o tres días otra vez tiene una avería. Hoy parece que funciona, veremos”, dice. Antonio destaca la actitud y la ayuda de la gente, “que es maravillosa”, pero reprocha a la administradora y al Evha que “podían haber hecho mucho más”. “Comprendo que pueden estar sobrepasados, porque nunca se ha visto una cosa como esta [en referencia a la dana], pero la actuación de la Evha deja bastante que desear”, añade.

Este periódico se ha puesto en contacto en varias ocasiones con una persona representante de la Evha, por teléfono y por whatsapp, para recabar sus explicaciones, pero la entidad no ha respondido a las preguntas. Una vez publicado el artículo, la EVha ha señalado a este periódico que “ha actuado desde el primer minuto en todas las viviendas afectadas y dando respuesta a todos los vecinos”.

“En el caso de este edificio, se vieron afectados los sótanos, y los bomberos extrajeron el agua de los sótanos en cuanto pudieron acceder y una empresa contratada por la EVha extrajo el lodo, unos trabajos que se extendieron hasta el 16 de noviembre. Cabe indicar que el edificio de la Torre en el que hay inquilinos fue el primero en el que actuó la empresa, priorizando así esta zona para acondicionar los bajos y recuperar la normalidad en el edificio lo antes posible .

“Dado que el mecanismo de los ascensores está en el foso y se accede desde los sótanos, hasta que no acaban estos trabajos, no se puede entrar a reparar el ascensor. Al empezar con estos trabajos, vieron que había daños mayores en el mecanismo, por lo que el arreglo se demoró unos días más. El ascensor funciona desde hace días”, aseguran fuentes de la entidad.

Y concluye, frente a la versión de los vecinos: “En este tiempo, el personal de la EVha ha atendido a todas las personas que lo han necesitado, contestando a sus dudas, atendiendo sus necesidades, coordinando envío de comida a las personas que tenían dificultad de movilidad. A día de hoy se sigue atendiendo y enviando cualquier material que necesitan”.

Representantes de Compromís visitaron hace unos días el inmueble y han criticado lo que consideran una negligencia. La portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha denunciado que “la falta de un ascensor en edificios de viviendas sociales no es solo una negligencia técnica, es una forma de exclusión que afecta especialmente a mayores, personas con discapacidad y familias vulnerables”. “No podemos tolerar la dejadez y la crueldad de [María José] Catalá [alcaldesa de Valencia] y [Carlos] Mazón, que mandan a los vecinos a buscarse otra vivienda si no quieren vivir sin ascensor. Exigimos que las administraciones actúen con responsabilidad y den prioridad a las necesidades de los vecinos de La Torre”, agrega.