La Fiscalía respalda que no se investigue al Gobierno por la dana y destaca la “competencia exclusiva” de la Generalitat

Nuevo revés contra la asociación ultra Hazte Oír por sus manejos para aterrizar en la causa que investiga penalmente la dana que el pasado 29 de octubre dejó 227 muertos en Valencia. La Fiscalía ha desestimado el recurso de apelación de Hazte Oír contra el auto de la magistrada que investiga penalmente la riada, Nuria Ruiz Tobarra, en el que se rechazaba una querella de esta entidad contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. “Los hechos no son constitutivos de delito y la resolución recurrida se ajusta a derecho”, sostiene el Ministerio Público, según el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La Fiscalía estima que la delegada del Gobierno no cometió ninguna irregularidad al no instar al Ministerio del Interior a la declaración del estado de emergencia. “Tal argumento es absurdo. Es como si, ante un accidente de tráfico con lesiones y muertes, varios conductores deniegan el socorro de las víctimas, y se formaliza una querella contra uno de los conductores”, justifica el escrito.

El Ministerio Público recuerda que la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre protección civil y seguridad pública, en la línea de lo que ha estimado la jueza Ruiz Tobarra en numerosos autos. “El Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil”, señala su documento. El texto de la Fiscalía atribuye al consejero autonómico en materia de Emergencias -que durante la riada fue Salomé Pradas, que Carlos Mazón destituyó cuatro semanas después de la tragedia y hoy está imputada- la capacidad de instar al Ministerio del Interior a declarar la emergencia. También, de “ejercer el mando único” y “dirigir los planes de protección civil”.

Otra de las potestades de Pradas -según la Fiscalía- fue constituir el Cecopi, el dispositivo autonómico de emergencias, que se reunió el 29 de octubre y en el que se decidió, entre otras medidas clave, el envío de la tardía alerta a móviles. La misiva llegó a las 20.11 horas, cuando había decenas de personas fallecidas, desaparecidas y atrapadas en bajos y garajes. Además, el Ministerio Público considera que la extitular de Justicia e Interior tenía capacidad de “asumir la coordinación sobre emergencias con las administraciones local, el Estado y otras comunidades autónomas”.

En el escrito, firmado por el fiscal Cristóbal Melgarejo, se insiste en una idea: “Corresponderá a la Generalitat Valenciana la dirección del plan de emergencias”. El Ministerio Público precisa que en el Cecopi estará presente la consejera en materia de emergencias y la delegada del Gobierno. “El representante de la Generalitat Valenciana actuará en calidad de director del plan [de emergencias], siempre y cuando no se declare el interés nacional [de la catástrofe].

En esta línea, la Fiscalía considera que el cometido de la delegada del Gobierno durante la crisis de la dana era la “coordinación” entre el Consell y el Ejecutivo central.

El Ministerio público respalda así los movimientos de la jueza, que ya destacó que la competencia de gestionar la mayor tragedia que ha asolado Valencia fue autonómica al rechazar una querella de Hazte Oír contra la delegada del Gobierno. “Asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad de los fallecimientos y lesiones [...], cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica...[..] carece de cualquier asidero legal”, señaló la magistrada en un auto el pasado febrero.

Por otra parte, Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa de la dana, ha pedido a la jueza instructora que impugne el recurso de apelación que presentaron la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas y quien fuera su número dos, Emilio Argüeso, contra su imputación por homicidios y lesiones imprudentes. Según esta formación, “resulta evidente que la investigada [Pradas] tuvo conocimiento directo sobre las circunstancias en las que se adoptó remitir el aviso a la población”, en alusión al envío de la tardía alerta a móviles, una de las piedras angulares de la investigación. María Teresa Pérez, coordinadora de Podemos, estima que “todo el mundo sabe que [estos exaltos cargos] son responsables de estas decisiones y es un insulto que digan que no tenían nada que ver. Los valencianos no aguantan más huidas hacia adelante y mentiras”.