El sindicato STEPV denuncia que Educación no respeta la elección del valenciano en las comarcas castellanohablantes

La consulta de la lengua base, celebrada entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, arrojó que en algunas zonas de predominio del castellano hubo familias que eligieron el valenciano como lengua base, es decir, lengua vehicular. El descontento se ha instalado este miércoles —según ha adelantado el diario Levante EMV— después de la publicación unas instrucciones de admisión de alumnos emitida a los centros por parte de Consejería de Educación que señala: “en las zonas de predominio lingüístico del castellano solo tendrán en cada nivel una fila: LBC [Lengua Base en Castellano]”. En esos centros la única asignatura de valenciano será Valenciano. El departamento que dirige José Antonio Rovira, del PP, se ha defendido al asegurar que solo es una circular y que aún no incorpora los resultados de la consulta, pero que lo hará.

El sindicato STEPV, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valencià, ha asegurado que llevará los hechos a los tribunales si no se respeta la consulta. La organización mayoritaria en el sector ha denunciado en un comunicado que Educación “no reconoce el resultado de la consulta”. La entidad exige la “rectificación inmediata de esta circular” y estudia llevar a Educación a los tribunales si no respetan la votación.

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, dependiente de Educación, ha explicado en otro comunicado en respuesta a STEPV que las instrucciones de actuaciones previas a la admisión —la circular que ha trascendido— “no recogen aún el análisis de los resultados de la consulta lingüística a las familias”. Cabo ha asegurado que tomará “las medidas necesarias para atender la demanda de valenciano como lengua base en las zonas castellanohablantes”.

“En este momento, en las localidades de predominio lingüístico castellano se aplica lo previsto en la ley 1/2024 [de Libertad Educativa]. Cuando se analicen los datos de la consulta sobre lengua base, se actualizará el sistema ITACA [el software que utiliza el sistema educativo en la Comunidad Valenciana]”, ha asegurado el director general. En conclusión, Cabo ha asegurado que “siempre se ha mantenido que se iba a atender la voluntad de las familias. Si hay demanda para crear más líneas, tanto de valenciano como de castellano, se crearán”.

La ley de libertad educativa y la consulta se centran, como ha repetido el gobierno valenciano en muchas ocasiones, en “la libertad de elección de las familias”. La extinta coalición de gobierno entre PP y Vox, presidida por Carlos Mazón, aprobó dicha ley, cuya consulta se ha celebrado con la ultraderecha fuera del gobierno.

Más de un 30% de padres y madres han votado por la educación en valenciano para sus hijos en seis comarcas castellanohablantes: Alto Mijares, Alto Palancia, Rincón de Ademuz, Canal de Navarrés y la Hoya de Buñol y La Serranía. En esta última la mitad de las familias han votado valenciano. Esos resultados aplicados a centros concretos valen para que se abran líneas en valenciano.

La oposición ha reaccionado a la circular. Miguel Soler, el secretario de Educación del PSPV-PSOE, ha asegurado que “esto demuestra que la mal llamada ley de libertad educativa estaba montada para organizar el finiquito del valenciano”. Soler ha denunciado que “Mazón y Rovira quieren que desaparezca el valenciano y dejarlo restringido como lengua familiar y coloquial que se hable solo en algunas zonas”.

Gerard Fullana, el portavoz de Educación de Compromís, ha asegurado que esta semana llevará los hechos al Parlamento Europeo junto con otras asociaciones cívicas valencianas para denunciar “una situación de indefensión del valenciano”.