Andalucía se asoma al abismo medioambiental

Andalucía vive una emergencia que atañe a su medio ambiente, cuya calidad empeora año tras año, según los expertos. Con los efectos del cambio climático disparados ―grave sequía, temperaturas cada vez más altas e incendios más virulentos―, la región es uno de los territorios de España más expuestos al calentamiento global, pero las políticas del Gobierno de la Junta (PP y Ciudadanos) no han tenido un efecto paliativo durante esta legislatura que ahora acaba.

Los científicos y conservacionistas consultados califican las directrices medioambientales desplegadas por la Junta con una nota muy baja: “Es puro escaparate, no hay nada detrás”, coinciden varios de ellos. Las medidas de impacto para frenar los efectos del cambio climático desde el Ejecutivo autonómico o los 785 Ayuntamientos andaluces han pasado casi inadvertidas. Y eso que hace dos años y medio el presidente Juan Manuel Moreno (PP) lanzó una “revolución verde” para, decía, impulsar la lucha climática.

Tras la feroz oposición que despertó el plan del PP para aumentar los regadíos en Doñana y dañar su acuífero sobreexplotado ―la Comisión Europea, el Gobierno central y a Unesco mostraron su oposición―, Moreno admitió el “desgaste” de su Ejecutivo. Sin embargo, el PP andaluz ha avanzado que seguirá adelante contra viento y marea y retomará su plan después del verano si vuelve a ganar en las urnas, e insiste en que la oposición ―a la que se sumaron 25 sociedades científicas y 1.090 expertos― se debió a una “campaña de desinformación”.

La medida estrella de la Junta para proteger el medio ambiente, la Ley de Economía Circular, se quedó sin aprobar en el Parlamento por solo una semana: decayó al producirse la convocatoria electoral para el 19 de junio. Si la cita hubiera sido solo una semana más tarde, el 26, habría salido adelante. Mientras, la ley andaluza del cambio climático y transición energética de 2018 sigue en un cajón, sin desarrollarse cuatro años después.

“No hay nada detrás de la revolución verde, es puro escaparate. La Junta no contesta a nada, todas las cartas o reuniones pedidas por colectivos ecologistas las ignoran por sistema. ¿En qué se ha notado el cambio que anunció Moreno?”, inquiere Paco Casero, presidente de la Fundación Savia. Este histórico ecologista recorre el extenso territorio de punta a punta cada semana y palpa la realidad medioambiental a pie de monte, con agricultores, ganaderos y conservacionistas, después de cientos de miles de kilómetros acumulados en el retrovisor.

“No es que los anteriores [por los socialistas] fueran una maravilla, pero ¿qué ha mejorado estos años? ¿Las masas forestales están en mejor estado? ¿Los parques naturales funcionan mejor? ¿Las vías pecuarias se recuperan? Ni siquiera dejaron reunirse al Consejo de Participación de Doñana para opinar sobre el plan de los regadíos. Incendios como el de Sierra Bermeja [el más grave de los últimos años] ha habido y habrá, porque cada vez hay menos ganadería extensiva y no han invertido en las entresacas de pinos estos cuatro años. Que no hable Moreno de generalidades, sino de realidades”, censura Casero.

Emergencia climática

Andalucía será un desierto a finales de siglo, según el peor escenario calculado por los científicos Joel Guiot y Wolfgang Cramer en un artículo publicado en la revista Science en octubre de 2016. Sin embargo, la Junta ha rechazado declarar la emergencia climática, como sí han hecho otras autonomías españolas, a pesar de ser una de las regiones más expuestas a sus dramáticas consecuencias: tanto por la subida de temperaturas, que dificultará la vida cotidiana en el interior con más olas de calor, como en el extenso litoral (853 kilómetros), cuya economía basada en el turismo (14% del PIB) se verá dañada por la subida prevista del mar. Mientras, la región sufre la peor sequía en 25 años y los pantanos de la cuenca del Guadalquivir están solo al 31% de capacidad.

El portavoz popular de Medio Ambiente, José Ramón Carmona, destaca como el principal logro de la “revolución verde”, emprendida hace ya dos años y medio, la depuración de aguas. Pero sus 300 actuaciones por 600 millones de euros, según la Junta, tienen un impacto de solo el 0,54% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, según cálculos de Marc Guevara, investigador del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. Andalucía acumula la mayoría de los municipios que no depuran sus aguas y son responsables de la multa millonaria que la Comisión Europea impuso a España y que ya asciende a 63 millones. Carmona destaca también como logro la reforestación emprendida en la región, pero desconoce cuántos del millón de nuevos árboles prometidos por Moreno han sido finalmente plantados.

Reyes Tirado, investigadora del laboratorio de Greenpeace Internacional en la Universidad de Exeter (Reino Unido) y que colabora con el IPCC, el panel de expertos de Naciones Unidas, evalúa los efectos del cambio climático sobre el terreno en Andalucía: “Mientras la emergencia climática se acelera, el Gobierno de Moreno solo ha ralentizado la acción por el clima en Andalucía. El resultado de esta legislatura es un Plan andaluz de acción por el clima débil y sin presupuesto claro ni medidas eficaces, acompañado del respaldo a la expansión del regadío en una tierra cada vez más árida. La Junta pasa del clima. Ha sido un desastre ambiental que debería tener respuesta contundente en las urnas”, avanza.

Moreno nombró hace casi dos años comisionado para el cambio climático a Juan Manuel Muñoz ―exdirectivo de una constructora, sin experiencia ambiental y amigo suyo, según su relato―, pero hoy permanece sin presupuesto asignado. Muñoz ha rechazado explicar los éxitos de su mandato a preguntas de este diario.

Greenpeace censura que con sus tres decretos y 400 medidas de simplificación administrativa, la Junta ha declarado esta legislatura el “todo urbanizable” en el entorno rural, en contra de la protección ambiental. El coordinador en Andalucía de esta ONG, Luis Berraquero, es contundente: “Empezamos diciendo que la revolución verde era postureo ambiental, pero ahora valoramos que esta política ha resultado ser nociva para la conservación de la biodiversidad y para la lucha contra el cambio climático. Los hechos son demoledores. Los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero siguen siendo insuficientes. Además, se hacen trampas al solitario, al usar un artificio contable para que los objetivos sean menos ambiciosos, porque usan 2005 como año de referencia para la reducción de emisiones, en lugar de 1990, como fija Naciones Unidas”.

Ecologistas en Acción también carga contra el peso de las medidas ambientales de la Junta: “El balance de esta legislatura es decepcionante y un puro postureo. La Agencia andaluza de la energía no se ha pronunciado sobre los proyectos de eólica marina y se ha negado a regular los proyectos de fotovoltaica con zonas de preferencia. Tampoco ha desarrollado comunidades energéticas locales para intentar quebrar el oligopolio actual”, critica Daniel López, geólogo y responsable de energía, residuos y cambio climático de esta ONG.

López sostiene que la gran mayoría de los planes municipales que implica el Plan andaluz de acción por el clima acumulan mucho retraso, a pesar de que deben estar en marcha el próximo octubre. “La estrategia energética de la Junta es una carta a los Reyes Magos, solo son deseos, no hay compromisos o plazos”, dice. Sobre movilidad y su contribución al calentamiento, la flota de vehículos de la Junta, compuesta por 3.899 unidades, solo tiene 169 eléctricas, el 4% del total, según cifras oficiales.