Radiografía electoral | Murcia, la onda expansiva de una moción de censura

La Región de Murcia fue, a mediados de la legislatura que ahora termina, el epicentro de un tsunami que descolocó todo el tablero político español: la moción de censura contra el presidente autonómico, el popular Fernando López Miras, en marzo de 2021, no prosperó, pero hirió de muerte a Ciudadanos, provocó el adelanto electoral en Madrid y, a la postre, inició una crisis inédita en el PP que acabó con el liderazgo de Pablo Casado y aupó a Alberto Núñez Feijóo. Todo empezó en Murcia, una comunidad uniprovincial de 1,5 millones de habitantes. El colapso del mar Menor, la llegada del AVE tras 15 años de espera y el recorte del trasvase Tajo-Segura han marcado también estos cuatro años y siguen siendo asuntos centrales en la mayoría de los programas electorales para el 28-M.

”Ha sido una legislatura difícil”, reconoce López Miras, de nuevo cabeza de lista del PP. En los comicios de mayo de 2019 no logró la mayoría en las urnas: el PSOE fue el partido más votado por primera vez en 24 años. Un pacto con Ciudadanos y con Vox permitió a Miras revalidar el cargo (que había heredado en 2017 de Pedro Antonio Sánchez, imputado y luego condenado por corrupción). Pero el equilibrio de fuerzas ha sido complicadísimo durante todo el mandato. Primero, Vox expulsó a tres de sus cuatro diputados, de modo que esos parlamentarios, que tenían la llave de la gobernabilidad, pasaron a ser tránsfugas. Y después, en marzo de 2021, el Gobierno estuvo a punto de caer por la moción de censura planteada por sorpresa por PSOE y Ciudadanos. La iniciativa fracasó porque, en el último momento, cuatro de los seis diputados de Cs retiraron su firma a cambio de cargos en el Ejecutivo del PP (y fueron inmediatamente expulsados del partido naranja, con lo que también pasaron a ser tránsfugas).

Si para Miras la legislatura ha sido “difícil”, los candidatos a la presidencia de PSOE, José Vélez; Ciudadanos, María José Ros, y Podemos, María Marín, la califican de “perdida”. Subrayan que el presidente ha estado sostenido por diputados “sin partido”, marcados por el “transfuguismo” y las peleas con las formaciones a las que representaban.

En lo único en lo que coinciden estos tres partidos con el PP (Vox no ha respondido a las preguntas de este diario) es en señalar como el gran logro de la legislatura los pasos para promover la protección del mar Menor. La laguna litoral más grande de Europa, en estado de total colapso desde 2016, lanzó un grito de socorro en octubre de 2019, con una imagen terrible: miles de peces muertos aparecieron en las playas, ahogados por la falta de oxígeno en el agua, una situación que volvió a repetirse en verano de 2021. La Asamblea Regional aprobó una ley autonómica de protección de la laguna en julio de 2020, pero el principal hito en este campo ha partido de la sociedad, impulsora de una iniciativa legislativa popular (ILP) que logró poner de acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, excepto Vox, para convertir al mar Menor en el primer ecosistema de Europa con derechos propios.

Teresa Vicente, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia y promotora de la iniciativa, considera que el gran logro de la ILP ha sido el de promover un “cambio social”. Por primera vez en 30 años, afirma, se ha cuestionado el modelo productivo de la zona, se ha actuado judicialmente contra los miles de hectáreas de regadíos ilegales del campo de Cartagena y se ha roto el silencio y la falta de acción que regía en lo referente a este ecosistema: “El proceso de la ILP ha empoderado a la ciudadanía. La ciudadanía es ahora la voz del mar Menor. Todos somos sus guardianes. Todos podemos pedir legalmente explicaciones”, resume.

Sin embargo, la laguna salada sigue “en una situación muy complicada, en un equilibrio muy inestable”, explica el portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán. Toda la ribera de la laguna está plagada de algas filamentosas, conocidas como ova, que proliferan sin descanso a pesar de los esfuerzos del Gobierno murciano por retirarlas. En lo que va de año se han sacado más de 2.800 toneladas de biomasa y en 2022 fueron casi 27.400 toneladas, lo que costó 14,5 millones de euros, según la Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor. Pagán reconoce ese trabajo, pero considera que es un “cuidado paliativo” que no actúa en el origen del problema: los miles de litros de agua contaminada (unos 200 por segundo, afirma) que siguen entrando cada día por la rambla del Albujón. El activista denuncia, además, que las medidas más relevantes de la ley autonómica no se han puesto en marcha: los regadíos ilegales (unas 8.000 hectáreas) no se están reconvirtiendo en cultivos de secano, y proyectos que acapararon grandes titulares, como la creación de balsas de biorreactores para filtrar las aguas contaminadas, han quedado en suspenso.

La asociación ha elaborado un decálogo que se está presentado en persona a todos los partidos políticos para pedirles que lo incluyan en sus programas electorales, y los actos de protesta son constantes. Esta movilización tiene como precedente otra conquista de la sociedad murciana, iniciada en la legislatura anterior y consumada en esta: el soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital de la región. El presidente de la Plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, subraya que la desaparición de las vías que partían en dos la ciudad “es mérito de una petición social, de las 30.000 personas que salieron a la calle el 30 septiembre de 2017″. Contreras confía en que este movimiento ciudadano haya servido “de acicate y empoderamiento” para otras iniciativas de quienes considera los verdaderos garantes del bien común: los vecinos.

Con las vías soterradas, el 19 de diciembre de 2022 se cumplió otro hito histórico para la Región de Murcia: la llegada del AVE, comprometida desde 2006. Pese a los años de espera, la alta velocidad ha sido recibida de manera agridulce. “Es una buena noticia, aunque haya poco que celebrar”, resume José María Albarracín, presidente de la patronal regional CROEM. Para los empresarios, las frecuencias diarias con Madrid (cuatro trenes de ida y cuatro de vuelta al día) son “insuficientes a todas luces”, y la duración del viaje, excesiva (2h 45′ el tren más rápido).

En la recta final de la legislatura se ha retomado también con fuerza otro de los temas clásicos en la Región de Murcia, el del trasvase Tajo-Segura. La aprobación el pasado enero, por parte del Gobierno central, del nuevo plan de cuenca del Tajo —obligado por varias sentencias del Tribunal Supremo—, supondrá un recorte en el volumen de agua trasvasada que llega al campo murciano. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, lo cifra en 78 hectómetros cúbicos anuales. Es decir, dejará de llegar un 40% de la media que se trasvasa ahora, unos 205 hectómetros cúbicos al año. Eso se traducirá, según un estudio de la Universidad de Alicante, en la desaparición del 15,6% de la superficie de regadío (más de 27.300 hectáreas) y más de 15.000 empleos. El estudio es uno de los documentos en los que el Gobierno murciano ha basado el recurso contra el plan de cuenta del Tajo que ha presentado —al igual que la Junta de Andalucía y la Generalitat valenciana— ante el Tribunal Supremo. En una comunidad autónoma en la que el sector agroalimentario aporta el 20% del PIB regional, la guerra del agua vuelve a ser una prioridad en esta campaña.