La expansión de las energías renovables: propuestas para superar el conflicto en los territorios

Durante nueve horas del martes 16 de mayo —entre las 10.00 y las 19.00— España alcanzó un importante hito: el 100% de la demanda eléctrica peninsular fue cubierta por fuentes renovables (solar, eólica, hidráulica), que no emiten gases de efecto invernadero. La expansión de esa tecnología encamina al país hacia la ruptura con los combustibles fósiles, los principales causantes del calentamiento global, y, además, ayuda a rebajar el precio de la luz y a romper con la dependencia energética.

El pasado año, España fue el segundo país de la UE que más electricidad produjo con aerogeneradores y con paneles fotovoltaicos. Y lo que viene en el corto y medio plazo es una expansión mucho mayor —sobre todo, en el caso de la solar—, impulsada por los bajos costes de estas tecnologías y las políticas europeas. Una pata de esta explosión se sustenta en el autoconsumo, que se ha disparado sin grandes conflictos en España. La otra, que sí está generando algunas tensiones, es la instalación de plantas eólicas y solares en entornos rurales. Las autonomías y el Gobierno han concedido el aval medioambiental a más de 1.700 proyectos de ambas tecnologías desde principios de 2022, según los datos recabados por este diario de los Ejecutivos y los boletines oficiales.

Las protestas se centran en muchas ocasiones en los denominados macroproyectos, aquellos que suman más de 50 megavatios de potencia instalada. Se critica su impacto visual y ambiental, que estén impulsados por grandes empresas y fondos de inversión o que desplacen a otras actividades como la agricultura. EL PAÍS ha propuesto a dos expertos un debate online sobre este asunto. A un lado, desde Valencia, Pedro Fresco, ex director general de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, destituido por Compromís tras imponerse en ese partido la corriente que aboga por poner freno al desarrollo de los grandes parques. Al otro, desde la ciudad estadounidense de Búfalo, Jaume Franquesa, autor de Molinos y gigantes. La lucha por la dignidad, la soberanía energética y la transición ecológica (Errata Naturae) y buen conocedor de los movimientos contrarios a la instalación de estas tecnologías.

Necesidad o conveniencia

¿Son necesarios los macroproyectos? “Es probable que algunas macroplantas sean necesarias”, arranca Franquesa, pero añade: “El problema es que se han puesto ahí todos los huevos de la cesta y creo que habría que buscar también otras opciones que complementaran eso y, sobre todo, abrir un debate para que la decisión contara con un apoyo democrático amplio”. Fresco, por su parte, advierte de que “lograr los objetivos de descarbonización solo con autoconsumo es inviable, entre otras razones, porque no tenemos tejados suficientes para hacer eso ni se podría hacer con la velocidad necesaria”.

Los dos expertos admiten la existencia de conflictos en las zonas rurales. Pero tras la oposición a la instalación de un proyecto puede haber múltiples razones, ya que es un movimiento muy heterogéneo. Tanto, que ambos especialistas no se ponen de acuerdo en el origen del problema.

—La raíz del conflicto es que el modelo de desarrollo renovable está hecho en gran parte para satisfacer los intereses de las empresas y genera rechazo y cierta resistencia en amplios sectores— opina Franquesa.

—El modelo no está hecho para satisfacer a las grandes empresas. De hecho, lo que más satisfaría a las grandes empresas energéticas, a las tres que copan hoy el 75% de las energías tradicionales, sería que no se instalasen renovables. Porque lo que va a provocar es que esa gran concentración se diluya; mucho o poco, pero se diluirá con las renovables— rebate Fresco.

El exdirector de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana apunta a una “especie de coalición negativa de intereses” en el movimiento contra las plantas renovables. “Hay casos ideológicos, pero no son mayoritarios. Hay cuestiones económicas: por ejemplo, considerar que una planta, que puede ser muy visible, no va a repercutir positivamente en el pueblo... Puede haber miedos por el conflicto con actividades económicas previas, como la agricultura o el turismo. También puede haber cuestiones medioambientales o culturales. Hay muchas cosas que se entrecruzan y, probablemente, lo que menos hay es una percepción consciente de modelo de desarrollo”, opina. Pero Franquesa insiste en que en la raíz del problema está un modelo que, entre otras cosas, busca deliberadamente la “menor capacidad de oposición”. “La instalación de renovables se hace en lugares rurales despoblados porque es bueno para el modelo de negocio de los promotores”, dice.

Velocidad

Algunos de los movimientos de rechazo han pedido moratorias a la implantación de renovables. Franquesa no cree que haya que “parar el desarrollo ahora”. Pero advierte de que la necesidad de actuar rápido contra el cambio climático puede ser una excusa: “El argumento de la prisa está siendo utilizado para que no haya debate. Debemos crear un marco en el que podamos decidir cuáles son los criterios, qué tipo de transición queremos y hacia dónde vamos. Este tipo de debate, como mínimo, debería poder hacerse en paralelo a la instalación, que, al fin y al cabo, si está siendo tan rápida es porque ofrece oportunidades de negocio interesantes. Eso no es malo, lo que es malo es que ese sea el principal motivo por el que se va adelante con las renovables”.

Fresco, sobre la velocidad, apostilla: “Si hemos declarado una emergencia climática, no podemos no tener prisa. La prisa existe y tenemos unos objetivos de renovables que hemos puesto para 2030, que además estamos ahora revisando al alza. ¿Esto acaba con el debate? No, pero el debate no se puede interponer. Las renovables deben seguir instalándose y, paralelamente, hay una serie de debates que debemos tener. Pero la pretensión de algunos sectores de paralizarlo todo hasta que se llegue a una solución satisfactoria del debate no puede ser”. En todo caso, Franquesa recuerda que las tensiones con las renovables no son nuevas. “Hay conflictos alrededor de esto desde, como mínimo, finales de los años noventa. La petición de debate o de pensar el modelo no es nueva”.

Como el bum del ladrillo

Para Franquesa, el desarrollo de las renovables en España es similar al “modelo del bum inmobiliario”. “Entonces se decía: necesitamos construir, necesitamos que se hagan nuevos proyectos. Y los municipios, queriendo o sin querer, se encontraron con que la única manera de tirar para adelante era construir”.

—Es verdad que tiene algunas relaciones con el bum y esa puede ser una de las explicaciones por las que los movimientos antirrenovables en España son más de izquierdas— explica Fresco —Pero no nos equivoquemos: si estamos promoviendo las renovables no es porque sea un lucro privado, sino porque es un bien colectivo. La lucha contra el cambio climático es un bien colectivo, al igual que la independencia energética de España. No se pueden aplicar las mismas lógicas a montar un circo o un taller mecánico que a poner renovables. Es una obligación de nuestra generación luchar contra el cambio climático.

—Bueno, digamos que lo que motiva en última instancia el desarrollo renovable es algo distinto del bum inmobiliario, aunque yo no me he encontrado con ningún proyecto económico que no se justifique en cierta medida como un bien común. Cuando se estaba construyendo en el bum [inmobiliario] también se hacía para el bien de España— contrapone Franquesa.

Soluciones

En lo que sí coinciden ambos es en que las cosas se pueden hacer mejor y en muchas de las medidas que se pueden tomar para lograrlo. Franquesa apunta al impulso de la “copropiedad” de las plantas para dar participación a los vecinos; o la “reinversión de los beneficios en el municipio” para la “estimulación del empleo local”; o “estudiar la posibilidad de que la electricidad sea más barata para los vecinos y empresas locales”; o “figuras impositivas adicionales” que pudieran aplicar los municipios o las comunidades autónomas a las empresas. Todas esas propuestas las defiende Fresco también: “Los desarrollos renovables tienen que dejar beneficios en los sitios donde se instalan; ahora mismo ya hay algunos impuestos [a las empresas], pero tenemos que hacer que estos beneficios sean mayores y que ayuden a fijar industria en el territorio”. Este experto añade un factor más: “las mejoras en la ubicación de las plantas”. Propone no solo determinar las zonas en las que no se pueden instalar renovables, sino también establecer las áreas de instalación “preferente”. “¿Por qué no se han hecho todas estas cosas antes? Llevamos un cuarto de siglo con esto y no se ha hecho. La resistencia viene de la falta de voluntad”, lamenta Franquesa.

Nacionalismo y antirrenovables

Franquesa critica que la transición ecológica y energética se ha presentado como “una cuestión puramente técnica”. “Pero es una cuestión política y por lo tanto tenemos que tener conciencia de que estamos tomando decisiones políticas”, sostiene. Respecto al componente ideológico de los movimientos contrarios a los grandes parques, este especialista señala que en España “vienen más de trayectorias de izquierda que de derecha”. Pero no considera que el nacionalismo desempeñe un papel determinante.

No opina igual Fresco: “Creo que el nacionalismo y el regionalismo sí que influyen. Los nacionalismos sin Estado que existen en España han tendido mucho a la defensa del territorio y la visión romántica del territorio la han defendido precisamente por no tener Estado. En casos como la Comunidad Valenciana, Cataluña o Euskadi percibo que el nacionalismo que se siente muy arraigado al territorio, al que le ha dado mucho valor sentimental, responde más fuertemente contra su alteración”. Y añade un factor más: “También tenemos regionalismos en la llamada España vaciada, pero en este caso lo importante es el sentimiento de agravio acumulado durante décadas por el modelo de desarrollo. Todo ese sentimiento de agravio ha sido sublimado cuando han llegado las energías renovables, pese a no ser las culpables”.

Las propuestas de los grandes partidos

PSOE

El programa del PSOE especifica entre sus objetivos acelerar la transición energética e impulsar las medidas de ahorro y eficiencia, y propone promover el autoconsumo, las comunidades energéticas (a las que se incorporarán los centros públicos que usen renovables) y el uso de fuentes renovables de aprovechamiento público. Los socialistas plantean dotar de recursos suficientes y agilizar los trámites de la implantación de estas energías renovables. Se incentivará el consumo de este tipo de energía con bonificación parcial del IBI y se potenciarán infraestructuras de carga de vehículos eléctricos en instalaciones propiedad del usuario, concesiones de sistemas de carga en lugares de aparcamiento público, puntos de recarga y electrolineras en los espacios y viarios públicos. De acuerdo a su programa, los socialistas fomentarán la autonomía energética en las infraestructuras de gestión del agua y garantizarán que la formación para el empleo se adapta a las titulaciones que exige el campo de las energías renovables.

PP

El PP propone impulsar la sostenibilidad ambiental aplicando bonificaciones en el impuesto de actividades económicas (IAE) para las actividades que instalen sistemas de aprovechamiento de energías renovables, implanten planes de transporte para sus empleados o ubiquen puntos de recarga para vehículos eléctricos. Los populares apuestan por "un desarrollo sostenible y compatible con el territorio de energías renovables" agilizando trámites, fomentando la colaboración público-privada e introduciendo mecanismos de protección medioambiental.

VOX

El programa de la formación no incluye referencias específicas sobre las energías renovables.

UNIDAS PODEMOS

Podemos propone crear empresas de energía públicas para producir, promover nuevas instalaciones y comercializarlas. La formación apuesta por "gobernar de una manera mucho más democrática la transición energética (evitando, por ejemplo, la agresión que supone la instalación de macroplantas en determinadas zonas despobladas de nuestro país)". El programa recoge la instalación de paneles solares en todos los tejados en que sea posible, "una solución mucho más respetuosa con el paisaje y con el medioambiente que la instalación de grandes plantas". Podemos establecerá como obligatoria la instalación de esos paneles en los edificios públicos. El programa menciona una inversión 100% pública y municipal en placas fotovoltaicas y rehabilitación energética de viviendas, y apuesta por la participación pública en las nuevas macroplantas y por "avanzar en un canon sobre energías renovables en proyectos de multinacionales". IU defiende "promover las energías renovables y la proximidad en la generación".

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