Los problemas que alimentan la despoblación en Castilla y León

La estampa de ancianos solitarios, generalmente hombres, agarrados a un bastón se sucede, como un bucle, a lo largo de pueblos diminutos que languidecen en Castilla y León. En esta comunidad, que celebra elecciones el 13 de febrero, todo gira en torno a la despoblación. En los 35 años que el PP lleva gobernando la región, esta ha perdido casi 200.000 habitantes, y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) no pueden ser más funestas: hasta 2035, su censo se diezmará por el enorme envejecimiento —la edad media es de 47,97 años— y la marcha de miles de jóvenes. De los 2,38 millones de habitantes registrados a 1 de enero, el INE calcula que se perderán 239.000. La fuga de las nuevas generaciones por la falta de oportunidades y la difícil sostenibilidad de los servicios públicos, con la sanidad en cuadro, son otros de los problemas que trae consigo —a la vez que la agravan— la despoblación en la comunidad más extensa de España. Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, el 27,6% del total nacional. De ellos, 1.245 tienen menos de 100 habitantes y en 244 ayuntamientos no vive ninguna persona menor de 15 años. Muchas de estas poblaciones están abocadas a desaparecer a medio plazo.

Éxodo de jóvenes. Castilla y León ha perdido 308.952 jóvenes (de 15 a 40 años) en el siglo XXI. Según el INE, este segmento de la población se ha reducido un 35% en dos décadas. Las 573.006 personas en este grupo de edad representan al 24% de la población. Menos que los 613.511 mayores de 65 años (25,7%), de los cuales uno de cada tres supera los 80. “Castilla y León tiene un problema muy grande de creación de empleo. Eso hace que la gente titulada nos vayamos”, dice Juan José Álvarez, de la organización Jóvenes de Castilla y León. Ingeniero mecánico de 35 años, se formó en la Universidad de Valladolid, pero trabaja en Madrid. “La despoblación no es un problema de ahora. Hay 369.000 castellanoleoneses empadronados aquí [en Madrid], eso lo dice todo”, remarca. La cifra se eleva a un millón en el conjunto de España.

En la última década, el saldo migratorio de jóvenes con otras comunidades ha sido negativo (47.000 personas). Además, emigran los mejor formados. “La proporción de emigrantes con titulación universitaria pasa de un 20,1% en 1992 a un 60% en 2018″, concluye el informe Del éxodo rural al éxodo interurbano de titulados universitarios: la segunda oleada de despoblación, de Miguel González y Antonio López-Gay, del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Madrid es el destino más atractivo. Cristian Simón, de 32 años e ingeniero técnico industrial en la planta de Airbus en Getafe, ha terminado en Madrid, como el resto de su cuadrilla de Burgos. “Me fui porque me ofrecían mejores condiciones, no porque no tuviera otra opción. En Burgos siempre dicen que no hay paro entre comillas... El tema no era la gran cantidad de puestos que había, sino la cantidad de gente que se iba por la falta de oportunidades y salarios que respondan a una formación cualificada”. “Castilla y León tiene universidades muy buenas y se ha convertido en una fábrica de conocimiento y talento que se exporta a Madrid”, tercia el economista palentino José Carlos Díez.

Menos paro porque no hay gente y 13.000 empresas destruidas desde 2008. Castilla y León cerró 2021 con 988.600 ocupados, 12.000 más que hace un año, y 113.900 parados, 14.400 menos. La tasa de desempleo, del 10,3%, mejoró en tres puntos la media española. “El paro desciende porque hay menos gente en edad de trabajar. Y no es que se creen empleos, es que se encadenan contratos precarios”, observa Raúl Santa Eufemia, secretario autonómico de acción sindical de UGT.

Otra muestra del impacto de la despoblación es que Soria, la provincia con menos habitantes de España (89.000), es, tras Gipuzkoa (714.000), la que tuvo la menor tasa de paro del país (6,9%, cuatro décimas más). Valladolid (8,47%), Zamora (8,87%) y Palencia (9,47%) también entraron entre las 10 provincias con mejores registros.

La competitividad de las empresas también se ha resentido. El récord en el número de compañías (173.209) se alcanzó en 2008, según el Consejo Económico autonómico. En 2020 eran 160.199 —el 4,7% de las que hay en España—, es decir se habían destruido 13.010 (7,5%). El descenso en el mismo periodo fue del 0,5% en el conjunto del país. El desequilibrio del sector industrial tampoco ayuda: el 60% se concentra en Valladolid y Burgos. En cambio, en Zamora (1,7%), Ávila (2,7%), y Segovia (3%) es casi anecdótico.

Atención Primaria con personal insuficiente. Violeta Álvarez, enfermera de 61 años, trabaja desde 2008 en el centro de salud de Melgar de Fernamental, al norte de Burgos. Seis médicos y cinco enfermeras atienden a 38 municipios. “La falta de personal no da tregua... Todos los días, además del trabajo en el centro, nos desplazamos a los consultorios. Hay días que te haces 60 o 70 kilómetros. He llegado a pasar consulta después de que una persona de 90 años nos ayudara con una pala a sacar el coche, atascado por la nieve. Me he llegado a sentir como Doctor en Alaska”, relata.

Sobre el papel, las estadísticas oficiales dibujan un escenario mucho mejor. Castilla y León es la sexta comunidad que más euros por habitante dedica a gasto sanitario público: 1.661 euros de media, por encima del promedio nacional (1.486). El porcentaje sobre el PIB (6,7%) rebasó en más de un punto la media, según el Ministerio de Sanidad de 2019. La Junta destinó a la atención primaria el 15,8% —solo por detrás de Andalucía (18%) y Extremadura (16,2%)— de un presupuesto de 3.991 millones, el séptimo más nutrido.

“Estamos por encima de la media española en gasto sanitario por la dispersión y el envejecimiento de la población. Pero no es suficiente y menos después de un recorte acumulado de 3.979 millones entre 2011 y 2020″, critica Pablo Oyágüez, de la Junta de Personal del Área de Salud de Burgos y del sindicato CSIF. “En una comunidad como esta”, continúa, “la atención primaria debería tener reservado el 20-25% del presupuesto sanitario descontando el gasto en farmacia [684 millones en 2019]. El resultado es que en la última década ha habido un descenso continuado del número de profesionales de Atención Primaria, sobre todo en las zonas rurales”. Según sus estimaciones, basadas en datos de la Junta, la plantilla de Atención Primaria se recortó en un 21,2% (2.183 puestos) entre 2010 y 2019. La Junta reconoce en un informe de 2020 que “el número de efectivos sanitarios ha disminuido en el último año un 4,5% en la comunidad, destacando las Áreas de Ávila (-8,4%) y Soria (-8,2%)”.

El agravante de los consultorios rurales. Pruden Garrote, de 73 años, actualiza cada mañana un contador hecho con cartulinas de papel con los días que lleva cerrado el consultorio de Monumenta, un pueblecito zamorano de 25 habitantes en La Raya con Portugal. En total 691 días, según denuncia la Plataforma por la Sanidad Pública en la comarca de Sayago. Un “-1″ colocado en la puerta del consultorio recuerda que el 10 de diciembre sí fue una médico. “Antes de la pandemia venía el médico una vez cada 15 días. Martes sí y martes no. Y ya íbamos peladitos. El consultorio nunca estaba vacío, para la tensión, que si esto, que si lo otro... Nos tratan como a sillas viejas”, lamenta. Garrote se indigna al recordar el cartel que la Junta colocó cuando terminó el confinamiento: “Solo se atenderá en consulta con cita previa para médico y enfermería. Sin cita solo se atenderá en caso de urgencia extrema”. “¿A qué van a esperar, a que estemos encamados?”, porfía.

La exconsejera de Sanidad, Verónica Casado (Cs), afirmó en noviembre que los consultorios rurales estaban “totalmente abiertos”, después de que el líder socialista, Luis Tudanca, asegurase que el 70% permanecían cerrados y que no se había recuperado la atención sanitaria presencial anterior a la pandemia.

Castilla y León es la comunidad con más consultorios rurales de España: 3.665 de 10.043. Las siguientes, para hacerse una idea de la dimensión, son Andalucía (1.110) y Castilla-La Mancha (1.109). Las plataformas de la sanidad públicas destacan además que el 44,5% de los centros castellanoleoneses tienen menos de 50 tarjetas sanitarias, es decir que el número de personas que pueden demandar sus servicios es muy reducido. Y casi todas suelen estar en zonas de difícil cobertura. “Pagamos nuestros impuestos, tenemos el mismo derecho a los mismos servicios, ¿o no?”, interpela Garrote.

Sin radioterapia en varias provincias. Juan Vicente Herrera, presidente autonómico, del PP, entre 2001 y 2019, prometió en 2007 “implantar aceleradores lineales para el tratamiento de radioterapia de enfermedades cancerosas en todas las provincias”. Quince años después, este servicio continúa sin prestarse en Ávila, Palencia, Soria y en la comarca leonesa del Bierzo. En Segovia acaba de entrar en funcionamiento en enero mediante un convenio con un hospital privado. El resultado, en una comunidad más grande que Portugal, son trayectos de más de una hora de ida y otra de vuelta por carreteras muchas veces nacionales o comarcales. “En Cervera de Pisuerga no se vive mal pero se echa en falta que no haya una unidad de radioterapia cerca. La gente que lo necesita tiene que irse a otras provincias. Y si te tienes que hacer una ecografía tienes que hacerte 115 kilómetros hasta el hospital en Palencia o pagártela de tu bolsillo”, dice Pilar Terán, de 45 años, en la cabecera de comarca de 2.700 habitantes al norte de la provincia.

Facilidades a las macrogranjas. Los movimientos vecinales han paralizado, de momento, mediante protestas y alegaciones, nuevas instalaciones de este polémico tipo de ganadería intensiva en Soria y Palencia. A diferencia de Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón y Navarra, que han prohibido o limitado su construcción por las elevadas emisiones de nitratos, metano y amoniaco que generan los purines de los animales, el presidente autonómico Fernández Mañueco (PP) ha impulsado una legislación más permisiva.

La Junta aprobó en junio de 2020 un decreto que facilita la instalación de explotaciones industriales de ganadería intensiva sin que sea necesario un informe de impacto ambiental o un periodo de exposición pública del proyecto. Castilla y León figura en el podio de las autonomías con más granjas de gran tamaño (624) destinadas a la cría intensiva de cerdos o de aves de corral tras Aragón (1.093) y Cataluña (899), según datos del Ministerio de Transición Ecológica. De los 31,3 millones de cabezas de porcino censados en España el 1 de julio, Cataluña concentraba 8,3 millones, Aragón 5,5 millones y Castilla y León 4,4 millones. Zamora ostenta otro récord además de liderar la pérdida de población: la explotación Guzmán Pastor Sandín, en Navianos de Valverde, un pueblo de 182 habitantes, es la que más óxido nitroso emite (41.500 kg/año).

“¿Contaminar? Las naves están a tres kilómetros del pueblo, habrá cuatro ricos de ciudad que cuando vienen por aquí puede que digan que les molesta el olor si resulta que lo hay... Pero no piensan en que todo ese ganado da trabajo a cinco vecinos”, suelta un vecino que prefiere no dar su nombre. Rufino Rodríguez, de 66 años, alcalde por el PP “gratis” desde hace 16 años, desborda energía frente a la sensación de abandono generalizada en la decena de pueblos recorridos. “No estamos mal. De momento”, sentencia mientras recorre una calle en pantuflas, como si estuviera en su casa. El consultorio atiende los martes y los viernes. Hasta pasa el bibliobús. Sin embargo, los colores chillones de los columpios de la escuela, sin niños desde hace una década, socavan el ánimo. “Sí, hay gente joven en Navianos. De 50 años”, se despide Rufino.