España en los programas electorales | Recetas para un mercado de trabajo con cifras récord

España nunca había registrado tantos trabajadores (20,9 millones), hace 15 años que no contabilizaba tan pocos desempleados (2,7 millones) y su tasa de temporalidad es la más baja del siglo XXI (el 17%). Los partidos que forman el Gobierno de coalición sostienen que estos datos derivan de la salud económica del país, de cambios a mejor en el tejido productivo (con un acelerón de los empleos de alto valor añadido) y de la reforma laboral de 2022, que puso coto a los contratos temporales (eran el 26% antes de la reforma, nueve puntos más que ahora). En paralelo, el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos ha incrementado el único sueldo privado que controla: el salario mínimo interprofesional (SMI) —que cobran en torno a 2,3 millones de personas— ha crecido un 47% desde 2018, hasta los 1.080 euros brutos en 14 pagas.

A lo largo de la legislatura la oposición ha hecho un diagnóstico diferente de estas cifras: el PP, Vox y Ciudadanos señalan que la reforma laboral no ha mejorado la temporalidad en el sector público (que sigue rondando el 30%, el doble que en el privado) y que con una tasa de paro (13,3%) que dobla la media europea (6,5%) hay poco que celebrar, y critican el aumento en el uso del contrato fijo discontinuo. Esta fórmula, al contrario que el contrato de obra y servicio desterrado por el Gobierno, asegura al trabajador —generalmente en empleos de hostelería— que volverá a su puesto tras el parón en su actividad durante la temporada baja, periodo en el que opta a cobrar el desempleo. Desde la derecha se ha deslizado en numerosas ocasiones que las cifras de empleo están maquilladas por estos contratos fijos discontinuos. Sin embargo, los datos de afiliación de la Seguridad Social no recogen a estos trabajadores durante sus periodos de inactividad. El pasado junio, los afiliados con contrato fijo discontinuo eran 1.038.938 personas, es decir, el 6,3% del total de asalariados, algo más del doble que el mismo mes de 2019 (2,8%).

Estas son las principales propuestas para regular el mercado laboral recogidas en los programas electorales de PSOE, PP, Vox y Sumar.

Reforma laboral y temporalidad

PSOE y Sumar reivindican la reforma laboral como la ley que ha logrado reducir la temporalidad en el mercado de trabajo, y no plantean cambios sustanciales al respecto. Aunque el PP votó en contra de la reforma y estuvo a punto de hacerla caer —salió adelante in extremis y solo gracias al error de un diputado—, los populares no anuncian modificaciones. Es más, ni siquiera la mencionan en su programa. Tampoco hablan del contrato fijo discontinuo. “Esa reforma laboral pactada yo la voy a respetar”, dijo recientemente Alberto Núñez Feijóo, que solo planteó la opción de “algún ajuste” si se lo piden los agentes sociales. Más allá de los efectos positivos que ha tenido en el mercado de trabajo, justo ese apoyo de sindicatos y empresarios pone muy difícil al PP adoptar otra posición. La CEOE no solo pactó la norma, sino que su presidente, Antonio Garamendi, la ha defendido reiteradamente. Este miércoles matizó ese apoyo indicando que se abre a retocar algunos aspectos de la norma.

En realidad, la reforma laboral de PSOE y Unidas Podemos preservó buena parte de la ley anterior del PP de Mariano Rajoy, aunque introdujo novedades, como una apuesta sustancial por la contratación indefinida.

Vox sí carga frontalmente contra la ley: “Derogaremos la reforma laboral de Yolanda Díaz que ha maquillado las cifras de temporalidad sin adoptar medidas reales contra la precariedad, y que beneficia a los sindicatos mayoritarios que han traicionado a los trabajadores. A su vez, impulsaremos una reforma laboral que escuche a los verdaderos agentes sociales”, dice el programa del partido ultra, sin especificar quiénes serían esos interlocutores. Vox apuesta también por reducir las cotizaciones a las empresas que contraten a “españoles” de manera indefinida, “bonificando al 100% los nuevos empleos creados durante el primer año para cualquier edad”.

Reducción de jornada

Más allá de la dotación universal de 20.000 euros para jóvenes, la propuesta a la que Sumar está tratando de dar más espacio en campaña es la reducción de la jornada laboral. El partido de Yolanda Díaz promete que la jornada máxima será, por ley, de 37,5 horas en 2024, dos horas y media menos que ahora. Además, “se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales” (sin reducción de salario). El Ministerio de Trabajo, dirigido por Díaz, ya intentó poner este debate sobre la mesa con una ley de usos del tiempo, pero la convocatoria de elecciones impidió su desarrollo.

El PSOE, aunque no plantea una reducción general de la jornada laboral, también defiende la ley de usos del tiempo y anuncia “un plan nacional para que las empresas ofrezcan una mejor conciliación mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables y la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral”. El Ministerio de Industria lanzó un programa piloto de ayudas para empresas que decidan recortar la jornada sin bajar salarios, que los socialistas prometen “seguir impulsando”.

El PP asume “la flexibilidad del horario laboral y un banco de horas”, pero no defiende que se pueda cobrar el mismo salario por menos horas de trabajo. Vox asegura que defenderá “horarios que faciliten la conciliación”, sin entrar en detalles.

Salario mínimo y otras retribuciones

El PSOE quiere blindar la subida del SMI en la principal norma que regula el trabajo en España: “Garantizaremos en el Estatuto de los Trabajadores que el SMI se acompase al 60% del salario medio”, indica el programa. Sumar promete: “Subiremos el salario mínimo interprofesional por encima del IPC anual”.

El PP no propone una vara de medir concreta para calcular los incrementos del SMI. “Actualizaremos el salario mínimo en el marco del diálogo social”, se limita a señalar. Y Vox no alude específicamente al salario mínimo sino que promete impulsar “la subida de todos los salarios, especialmente los más bajos”. El Gobierno solo es competente para fijar el SMI.

Respecto al resto de salarios, Sumar plantea un pacto de rentas, mientras que el PSOE apoyará la aplicación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Parece lo mismo, pero hay diferencias importantes: un pacto de rentas interpela a Gobierno, sindicatos y empresarios y es mucho más ambicioso, ya que aborda subidas salariales pero también políticas fiscales o de control de precios; el AENC es un acuerdo entre trabajadores y patronal, sin el concurso del Ejecutivo, y su pilar principal es recomendar subidas mínimas de salarios. El acuerdo firmado en mayo establece incrementos del 4% en 2023 y del 3% tanto en 2024 como en 2025, con un 1% el año posterior si la inflación rebasa estas subidas.

Políticas activas de empleo

El PP promete ampliar y mejorar “la calidad de la oferta de formación, otorgando mayor libertad de elección al trabajador desempleado”. Para lograrlo, los populares proponen una “plataforma común” donde “los oferentes de cursos compitan por ofrecer cursos de calidad”. También plantean “orientación laboral individualizada” e incrementar la relación de los servicios públicos de empleo con las empresas. El PSOE hace una propuesta parecida cuando habla de “mejorar el ajuste oferta-demanda de trabajo mediante un sistema integrado de información”. Por mucho que los empresarios se han quejado de que no encuentran suficientes trabajadores, los partidos apenas abordan en sus programas esa cuestión. Aunque la estadística de vacantes esté en niveles récord en España, la tasa española es una de las más bajas de Europa.

Brecha salarial

Hay una diferencia del 20,9% entre el salario global de las trabajadoras y de los trabajadores en España. La brecha salarial se ha ido reduciendo en los últimos años (en 2014 era del 31,4%), pero el desfase no termina de cerrarse. Para corregirlo el PSOE plantea “profundizar en materia de transparencia salarial, potenciando las inspecciones de trabajo e incrementando el régimen sancionador”. El PP dice que impulsará planes de igualdad para “combatir las brechas que aún se mantienen en el ámbito laboral”, entre las que menciona la salarial, la de ocupación o la de cuidados. Sumar quiere crear un observatorio de la brecha salarial de género.

Vox no habla de brecha salarial en su programa. Sí plantea la “eliminación de toda legislación de género y que establezca diferencias laborales entre españoles”. El partido de Abascal indica que, en lugar “de las cuotas de género, planes de igualdad u obligaciones de contratación”, impulsarán “políticas que permitan la estabilidad familiar y que combatan la brecha maternal”.

Indemnización por despido

Una de las principales críticas contra la reforma laboral, expresada principalmente por ERC, fue que no aumentaba la indemnización por despido. El único partido que plantea un cambio respecto a esto en la próxima legislatura es Sumar: “Estableceremos garantías para las personas trabajadoras frente al despido mediante un sistema restaurativo y disuasorio”. Este es un debate profundo, ya que el tipo de indemnización que rige en España, tasada en días, está siendo cuestionado tras una pionera sentencia dictada en enero, que reconocía una indemnización superior a los 33 días para una trabajadora despedida en plena pandemia y solo cinco meses después de que firmase el contrato. La sentencia obligaba a tener en cuenta otras circunstancias a la hora de fijar la indemnización, no sólo los días que correspondían. UGT denunció al Gobierno en mayo de 2022 ante el el Comité Europeo de Derechos Sociales por entender que el actual sistema ni es disuasorio ni compensa el daño causado.

El PP plantea otro cambio que no vincula directamente con el sistema de compensación por despido pero sí está relacionado: su programa defiende algo similar a la llamada “mochila austriaca”, una cuenta individual de cada trabajador, que lo acompaña a lo largo de su vida laboral y que se nutre de aportaciones mensuales de la empresa. Si el empleado es despedido en algún momento, recibe lo que haya acumulado, en vez de una indemnización tasada por días. Si nunca le despiden, obtiene lo acumulado al jubilarse. El PP no detalla en qué escenarios podrían sacar los empleados el dinero de esas cuentas individuales. Los sindicatos creen que este sistema desprotege al trabajador porque reduce el coste del despido.

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Explicaciones Rodríguez: Mercado laboral

PSOE

- Garantizar en el Estatuto de los trabajadores que el SMI se acompase al 60% del salario medio.
- Un plan nacional para que las empresas ofrezcan teletrabajo, horarios más adaptables y la posibilidad de concentrar la jornada en cuatro días.
- Actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales incorporando la perspectiva de género.

PP

- Flexibilidad del horario laboral y un banco de horas, pero que no afecte ni a las horas trabajadas ni al salario.
- Actualizar el salario mínimo en el marco del diálogo social.
- Reforma integral de las políticas activas de empleo basada en la ampliación y mejora de la calidad de la oferta de formación, con mayor libertad de elección al trabajador en paro.
- Cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral.

Vox

- Derogar la reforma laboral.
- Reducción de las cotizaciones a las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida, bonificando al 100% los nuevos empleos creados durante el primer año para cualquier edad.
- Eliminación de toda legislación de género y que establezca diferencias laborales entre españoles.

Sumar

- Establecer en 2024 la jornada laboral en 37,5 horas, en vez de 40, y que caiga progresivamente hasta 32.
- Subir el salario mínimo interprofesional por encima del IPC.
- Reforma las indemnizaciones por despido mediante un sistema restaurativo y disuasorio.
- Trasladar la caída de la temporalidad en el empleo privado (en torno al 14%) derivada de la reforma laboral al empleo público (donde sigue anclada en torno al 30%).

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