Tala masiva de árboles para llevar a turistas al milenario monasterio de San Pedro de Rocas en Galicia

La Diputación de Ourense envió el pasado lunes las excavadoras para iniciar la tala de 104 de árboles catalogados en el corazón de la Ribeira Sacra, una comarca gallega protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) y candidata a Patrimonio de la Humanidad. La corta arranca tan solo tres días antes de la celebración de un juicio que deberá determinar si la decisión es legal. El presidente del organismo provincial, el popular José Manuel Baltar, impulsa la polémica medida porque quiere ensanchar la carretera de acceso al milenario monasterio de San Pedro de Rocas, el más antiguo de Galicia, y facilitar el acceso de grandes autocares cargados de turistas al singular cenobio ubicado en el municipio de Esgos. De momento, la operación se ha llevado por delante seis árboles.

Esgos es el feudo familiar de la dinastía política de los Baltar, que lleva gobernando la Diputación de Ourense desde hace más de 30 años. El actual presidente provincial, heredero en sus cargos públicos de su padre José Luis, es además teniente de alcalde del pueblo. Desde la Diputación patrocina el rodaje de películas y videoclips en el frágil monumento e incluso celebra ahí actos de su partido. Los propietarios de la finca donde están los árboles y el monasterio, expertos en el monumento, asociaciones ecologistas y vecinos sostienen que, además de la pérdida de la vegetación, la obra afecta a yacimientos arqueológicos y cuestionan la autorización de la Xunta.

El presidente de la Diputación de Ourense no se achica ante los obstáculos. Tras años enfrentado a los dueños del terreno, no solo ha ordenado la tala masiva este lunes, sino que lo ha hecho en medio del malestar de asociaciones y particulares que hacen guardia en la zona para tratar de impedir que se lleve a cabo la ampliación de la carretera que lleva al cenobio. El inicio de la tala se ha llevado a cabo además pese a estar pendiente otro pronunciamiento judicial: el de las medidas cautelares que el sábado pasado pidieron los afectados para impedir con carácter de urgencia esa actuación.

Bienes arqueológicos

Por si no fueran suficientes trabas, Baltar es uno de la media docena de cargos provinciales y de la Xunta que los dueños del terreno donde está el monasterio han llevado a los tribunales, acusándolos, entre otros, de los delitos de falsedad en documento público, omisión de legislación, amparo de actos administrativos contrarios a Derecho, daños y expolio al patrimonio, allanamiento de morada, invasión de propiedad y suplantación de identidad. En el sinfín de demandas judiciales registradas y admitidas a trámite se hace hincapié en que la ampliación de la carretera no solo supone la tala masiva, sino también la afección a numerosos bienes arqueológicos de valor patrimonial cubiertos por la vegetación.

El arqueólogo Jorge López Quiroga y la historiadora Natalia Figueiras, expertos en San Pedro de Rocas y citados como peritos en el juicio previsto para este jueves, aseguran que las obras “afectan de forma irreversible” a los bienes protegidos en el BIC de la Ribeira Sacra, provocando el supuesto delito de expolio en el entorno de uno de los templos más antiguos que se conocen en la península Ibérica.

Estos expertos han hallado huellas que evidencian que esta arquitectura excavada directamente en la roca está vinculada al movimiento eremítico y anacorético. El monasterio, cuyos orígenes sacros paganos las últimas investigaciones sitúan en el año 10.000 antes de Cristo, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1923, Bien de Interés Cultural en 1999 y BIC Paisaje Cultural con 100 hectáreas en 2018, inscrito a su vez en el BIC Ribeira Sacra.

El organismo provincial resta importancia a las consecuencias de la intervención, amparándose en que tiene un permiso de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta, un documento que los expertos mencionados sostienen que está “manipulado y que omite intencionadamente la legislación vigente”. Esta misma obra de ensanche de la calzada fue denegada dos veces anteriormente, la última en 2018, “cuando la Ley era incluso menos restrictiva que ahora”, subrayan los historiadores.

En las medidas cautelares solicitadas por vía penal el sábado pasado, la Fundación San Pedro de Rocas, creada por la familia propietaria de los terrenos para blindar el monumento frente a posibles agresiones, destaca la posible comisión de un delito de falsedad de ese documento de la Xunta “porque aparece la firma de la técnica que lo había denegado en 2018, alegando entonces que solo se podía pavimentar pero no ensanchar la carretera, y a su lado figura una firma digital que no coincide con la suya”.

Mejorar la “seguridad viaria”

La Diputación insiste en que su objetivo es “mejorar la seguridad viaria” en la proximidad del cenobio dado que “presenta un trazado anticuado, se trata de un tramo muy estrecho de vial y con curvas muy cerradas”, algo que sumado a la frecuencia de autobuses “complica la circulación del tráfico”. La institución provincial se vio obligada a posponer la tala durante meses por el contencioso que deberá resolverse el jueves. El plazo de ejecución para cortar los árboles terminaba este martes, por lo que la Diputación aceleró el trámite y presentó el lunes en la Consejería de Medio Rural el expediente, según ha reconocido el gabinete de la Xunta a este diario. El Gobierno gallego confirma que la documentación tiene los informes favorables.

El organismo provincial ha dejado clara su intención de ir hasta el final con la obra a través de Pablo Pérez, diputado provincial del núcleo duro de Baltar. Los trabajos tienen “todos los permisos y autorizaciones sectoriales” además del de Patrimonio, asegura Pérez, quien lamenta “el inútil ruido de asociaciones alimentadas por intereses privados y espurios”. Según él, son los vecinos de Esgos quienes reclaman un doble carril hacia San Pedro de Rocas.

Sobre estos permisos también se ciernen sombras judiciales. El informe técnico favorable de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta para actuar en la carretera que lleva al monasterio más antiguo de Galicia fue elaborado por la empresa mercantil Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec). El Tribunal Superior de Justicia de Galicia tumbó recientemente la adjudicación a esta empresa externa de la elaboración de los informes sobre patrimonio que realiza la Administración gallega.