Madrid restringe la entrada y salida en 37 zonas sanitarias, cierra sus parques y limita a seis personas las reuniones en toda la región
Ayuso hace públicas nuevas medidas que afectarán a casi un millón de ciudadanos tras dos días y medio de incertidumbre
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Un millón de tests rápidos (855.193) en las 37 áreas con más incidencia de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Restricción de la movilidad en los seis distritos de la capital y las zonas de siete municipios (Fuenlabrada, Humanes, Moraleja, Parla, Getafe, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes) por las que hay más transmisión del virus; en ellas se cerrarán parques y jardines y seguirán abiertos comercios, bares, restaurantes, lugares de culto y de ocio, aunque se disminuirán los aforos al 50%. Un máximo de seis personas en cualquier reunión celebrada en toda la comunidad. Y un plan para asegurar el cumplimiento de las cuarentenas de los contagiados y evitar “por todos los medios” la declaración del estado de alarma. Esas son las principales medidas que ha anunciado este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afectarán al 13% de la población madrileña (877.000 personas) durante, al menos, 14 días a partir del lunes a las 00.00, cuando la líder del PP también se citará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La lista de zonas afectadas es esta:
- En Madrid capital las zonas afectadas son Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba, en Carabanchel; Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín, en Usera; San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales, en Villaverde; la zona básica de Villa de Vallecas; Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira y Federica Montseny, en el distrito de Puente de Vallecas; y Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca y La Elipa, en Ciudad Lineal.
- En Fuenlabrada, las zonas que se perimetrarán serán las de Alicante, Cuzco y Francia. También los municipios de Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio, y en Parla, las zonas básicas de salud de San Blas e Isabel II. Por su parte, Getafe estará afectado en Las Margaritas y Sánchez Morate; en San Sebastián de los Reyes, la zona de Reyes Católicos; y en Alcobendas, la zona de Chopera y Miraflores.
“Hemos detectado 37 áreas donde la incidencia es muy superior, con 1.000 contagios por 100.000 habitantes, una cifra gravísima”, ha dicho Díaz Ayuso, que ha apuntado que los vecinos de las zonas afectadas podrán seguir desplazándose a trabajar, estudiar, llevar a los niños a los colegios, acudir a centros sanitarios o a realizar gestiones oficiales y cuidar a otras personas. “De no tomar medidas, corremos el riesgo de que se traspase a todo Madrid, y estamos a tiempo de evitarlo”, ha seguido. “Nos vamos a centrar en detectar quiénes son los contagiados, para protegerles a ellos y a todo su entorno”, ha añadido. “Tenemos que tomar medidas para asegurarnos de que se cumplan las cuarentenas”, ha seguido. “Hay que evitar por todos los medios el estado de alarma. Vienen semanas difíciles, de momentos complicados. Si remamos todos en la misma dirección, será más fácil”, ha continuado. Y ha advertido: “El presidente no viene a tutelar [en la reunión que mantendrán el lunes], sino a colaborar”.
En las zonas a las que afecta la restricción de movilidad, según ha explicado el Ejecutivo, la incidencia acumulada en los últimos 14 días es superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, esta tasa tiene una tendencia estable o creciente y existe una contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad.
Las aristas legales
La Comunidad de Madrid, que debe solicitar la ratificación judicial de su propuesta, no tiene policía autonómica, por lo que controlará el cumplimiento de las restricciones a la movilidad reforzando la presencia de agentes en las zonas afectadas, y requerirá la ayuda de los Ayuntamientos (con competencias sobre la policía local), la delegación del Gobierno (policía nacional y guardia civil), e incluso el Ejército.
“Pretendemos reducir el riesgo de transmisión mediante la reducción de contactos de cada persona”, ha explicado Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, que ha detallado que los comercios de estas áreas deberán cerrar a las 22.00, con la excepción de gasolineras, farmacias, veterinarias o centros sanitarios. “La decisión no ha sido fácil de tomar. Deben ayudarnos a garantizar que se cumplan los aislamientos los Ayuntamientos y las policías locales”, ha añadido sobre las zonas afectadas, que agrupan al 13% de la población regional y representan el 24% de los contagios. Y ha avanzado: “Si se cumplen, estas medidas nos evitarán tomar otras más drásticas”.
Hasta llegar al anuncio, el Gobierno regional ha vivido una mañana tan frenética como inusitada. La rueda de prensa en la que se debían detallar las nuevas restricciones fue programada para las 11.30, luego retrasada hasta las 13.00, y finalmente se dejó para una hora desconocida de la tarde. La “complejidad jurídica” de la orden no fue solo la excusa con la que se cubrió la tensión interna en el Gobierno, donde hay voces que abogan por al menos recapacitar sobre la posibilidad de solicitar el estado de alarma. También reflejó el vértigo que se ha vivido en el Ejecutivo madrileño ante la necesidad de tomar medidas que afectan a cientos de miles de personas y el temor a que fueran tumbadas en los tribunales.
Así, Enrique López, exmagistrado del Constitucional y consejero de Díaz Ayuso, se ha desplazado hasta la Puerta del Sol, donde está la sede del Gobierno regional, para estudiar el contenido del texto elaborado por la abogacía autonómica con la intervención de los secretarios técnicos afectados. Una muestra más de la falta de herramientas jurídicas con las que tienen que combatir la pandemia las comunidades autónomas. ¿Cómo tomar decisiones sobre derechos fundamentales sin solicitar la declaración del estado de alarma? Esa es la pregunta a la que llevan largas semanas intentando responder los equipos jurídicos de distintas regiones, incluida Madrid.
La evolución de la epidemia, sin embargo, hacía obligatorio actuar. Madrid ha notificado este viernes 1.553 positivos y ha incorporado 5.104 a la serie histórica y sus unidades de críticos están ya al 64% de ocupación. Los nuevos casos de la autonomía suponen casi un tercio del total nacional, 4.541 el jueves. Mientras que en el resto de España el porcentaje de plazas ocupadas por enfermos de covid es el 8,6% de media, en la Comunidad es el 22%: 3.411 en las plantas de agudos y 403 en las UCI. 33 personas han muerto por el virus en las últimas 24 horas, 144 en la última semana.
El anuncio de las nuevas restricciones, que deberán ser autorizadas por un juez, ha llegado tras dos días de marejada interna que comenzó el miércoles, cuando Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad, anunció “confinamientos selectivos” y dijo que había avisado a Ayuso por WhatsApp de esa “medida drástica” que creía que había que tomar. Aquello derivó en una sucesión de desmentidos, enmiendas y matizaciones de Ayuso, el vicepresidente Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y el propio Zapatero, con la reprobación en bloque a las formas de toda la oposición, pero también de Vox, socio de investidura de Díaz Ayuso como presidenta regional.
Las nuevas medidas, en cualquier caso, son el reflejo de una gestión que está en el ojo del huracán. Todo indica que entre finales de junio y mediados de julio, el Gobierno de Díaz Ayuso, agotado por el combate de la primera ola, dejó pasar las semanas sin tomar decisiones clave para impedir el inicio de los rebrotes, y contener la segunda. Aun así, Ayuso ha asegurado que la comunidad no ha descansado en todo el verano, ocupada en asuntos como “preparar la vuelta a los colegios”. Sin embargo, para cuando llegó septiembre, la región estaba prácticamente como había entrado a la nueva normalidad, el 21 de junio.
Lo hizo sin pasar por fase 3 y sin haber cumplido nunca con los requisitos básicos que el Gobierno central impuso para que las autonomías avanzaran en la desescalada: refuerzo de la atención primaria y salud pública. Todavía, seis meses después de la llegada de la pandemia a la región y tres desde la entrada a la nueva normalidad, sigue sin hacerlo: lo confirman tanto el relato de los propios profesionales de esas dos áreas como las cifras, a posteriori, que ha ido desvelando la propia Consejería de Sanidad a medida que tomaba decisiones, por ejemplo, en el número de rastreadores con los que contaba la región.
Madrid arrancó agosto con unos 400 investigadores encargados de romper las cadenas de transmisiones provocadas por los nuevos contagiados. Tras pedir ayuda al Ejército y acudir al sector privado, a mediados de octubre la región espera llegar a superar los 1.000. “Llegar a los 1.500”, ha dicho Ruiz Escudero. Un reflejo de que los recursos para frenar al virus han ido por detrás del ritmo de expansión de la pandemia.
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