La hora de Carlos Mur, el doctor que aprobó los triajes a personas mayores en Madrid

En los días más letales de la primera ola, el hombre que debía medicalizar las residencias de Madrid pidió médicos voluntarios de forma desesperada. “Echadme una mano, por favor”, le dijo Carlos Mur al gerente de uno de los hospitales más grandes de Madrid, el Clínico San Carlos. Otro amigo, el influyente doctor Antonio Burgueño, le puso en contacto con su hija Encarnación, que activó la Operación Bicho, el nombre frívolo que ella dio a un plan con poco más de 10 sanitarios. Él mismo, un alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pasó muchas tardes en las residencias más golpeadas por el coronavirus y vio en persona el desastre, días después de las decisiones clave de su Gobierno. Su jefe, el consejero Enrique Ruiz Escudero, había ordenado que los mayores de residencias fueran atendidos in situ, y Mur firmó los protocolos para no hospitalizar a mayores de residencias. Casi 6.000 mayores murieron dentro de las residencias entre marzo y abril, muchos asfixiados y sin morfina.

El responsable de medicalizar residencias en Madrid admite que la atención fue insuficiente durante semanas

El problema fueron las bajas de sanitarios

Mur está citado para dar explicaciones este viernes en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga aquella crisis. Su testimonio (que podrá verse en la web de la Asamblea a partir de las once y cuarto de la mañana), debería arrojar luz sobre los sucesos de la primavera, que también están siendo indagados por los juzgados madrileños. Tiene una posición comprometida, porque la principal prueba incriminatoria de las familias de fallecidos son las distintas versiones de los protocolos firmados por él. Los hijos de los residentes muertos consideran que se violó el derecho a recibir asistencia médica y por ello piden responsabilidades por homicidio imprudente y omisión de socorro.

Una de las grandes incógnitas sobre Mur es si se defenderá señalando a sus superiores este viernes en el parlamento regional o próximamente en una posible citación judicial. ¿Por qué firmó unos protocolos que muchos consideran ilegales?, ¿pidió sanitarios para la medicalización de residencias pero le dejaron en la estacada?, ¿y podrá aclarar por qué no permitió la Comunidad que los mayores de residencias fueran ingresados en el hospital de campaña de Ifema?

En mayo, Mur fue destituido como director general de Coordinación Sociosanitaria, una salida que él sintió como una traición, según personas cercanas. Él, un psiquiatra zaragozano de 44 años con don de palabra, trato afable y porte elegante, llevaba años cultivando relaciones en la cúpula sanitaria de Madrid, especialmente durante su mandato como director gerente del Hospital de Fuenlabrada, entre 2014 y 2019. El joven psiquiatra era afiliado al Partido Popular y llamó la atención su buena valoración en ese municipio del sur de Madrid, un feudo socialista, y su desenvoltura en sus frecuentes apariciones ante medios de comunicación.

Favorito para consejero

Cuando en 2018 cayó la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, fue visto por la revista Redacción Médica como favorito para convertirse en nuevo consejero de Sanidad en Madrid. Pero Escudero permaneció en el cargo durante el breve período de transición de Ángel Garrido y también cuando Isabel Díaz Ayuso llegó al poder en 2019.

Escudero y él se llevaban bien. El consejero visitaba frecuentemente el Hospital de Fuenlabrada mientras Mur era gerente para participar en jornadas o inauguraciones. “No te creas que Escudero iba a cualquier hospital. Se notaba que tenían una buena relación. Mur era su delfín”, dice la presidenta del comité de empresa de ese hospital, Mariluz Lager. Era además cercano al ahora consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, un firme creyente en ideas liberales de privatización sanitaria, que en 2014 dimitió como máximo responsable de la sanidad pública madrileña tras la protesta de la ciudadanía. En ese período en Fuenlabrada, Mur también trabajó mano a mano con el director médico Antonio Zapatero, que se convertiría más tarde en otro protagonista de la gestión de la pandemia, el responsable del “milagro” del hospital de Ifema.

En septiembre de 2019, Mur fue finalmente llamado para ocupar un puesto de poder en la Comunidad, pero quedó decepcionado con la oferta. Escudero le ofreció una dirección general, un puesto menor en los escalafones de la Consejería. Él aspiraba al menos a ser viceconsejero, según un doctor madrileño que le conoce bien y pide anonimato para no comprometer su relación.

El puesto que acabó aceptando era de nueva creación, director general de coordinación sociosanitaria. Tenía la misión de mejorar la atención presencial en las residencias de mayores, un colectivo que tensionaba los hospitales desde hacía años debido al envejecimiento de la población.

Fue complicado empezar desde cero. A sus conocidos les solía decir que solo le habían dado una secretaria para que le ayudara con las gestiones. Complicaba todo que en el complejo organigrama de la Consejería de Sanidad él dependía del viceconsejero de Humanización Sanitaria, José María Antón García, y no de la mujer que controlaba los recursos humanos, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila.

“Chivo expiatorio”

Sin personal ni presupuesto, le tocó responder a uno de los mayores desafíos de la pandemia. Para aliviar la tensión de los hospitales Escudero anunció el jueves 12 de marzo un plan por el que los mayores iban a ser supuestamente atendidos en las residencias. Lo llamó “medicalización” y fue una idea de Antonio Burgueño, el amigo de Mur. Al día siguiente Mur se coordinó en WhatsApp con un grupo de geriatras de hospitales para elaborar un documento que restringiría en la mayoría de los casos la hospitalización de mayores de residencias. Hubo varias versiones. Él las firmó todas digitalmente. Otras comunidades de España tomaron decisiones similares, pero solo hay documentos escritos en el caso de Madrid, Cataluña y Castilla y León. De todas, Madrid tuvo la mayor mortalidad.

El plan madrileño era visto como una misión imposible. A las residencias les parecía ciencia ficción la idea de convertirse en semi-hospitales en medio de aquel naufragio. No tenían respiradores, oxigenoterapia, máquinas de radiografía, fármacos o neumólogos. La ayuda fue llegando con cuentagotas y no se notó hasta la segunda semana de abril, según reconoció a este periódico el propio Mur: “Fue insuficiente (el apoyo a las residencias), pero insuficiente fue todo. Faltaba material de hospitales y recursos de todo tipo”.

Por alguna razón, a Mur deciden destituirlo cuando se supo el 6 de abril que Encarnación Burgueño estaba trabajando en la medicalización. “El fuego ha quemado pero no ha quemado tanto. Mur se está defendiendo”, dijo días más tarde a sus colaboradores la directora de la Operación Bicho. “Él después de esta crisis se va a ir pero antes nos quiere pagar esto. Mi padre habla con él”. Ni Burgueño ni sus sanitarios cobraron.

Pasaron los días más negros y la Comunidad anunció en mayo el cese de Mur, que fue sustituido por uno de los geriatras que elaboró los protocolos, Javier Martínez Peromingo. Ayuso negó que la salida de Mur se debiera a su mal desempeño y prometió recolocarlo en su Gobierno. Pero eso no ha sucedido. Desde octubre Mur, que no ha respondido a preguntas de este periódico, trabaja en Barcelona para un centro psiquiátrico privado. Como no vive en Madrid, el reglamento de la Asamblea madrileña le ha autorizado el ruego de declarar por videoconferencia.

“La sensación que tenemos todos en el hospital es que Mur fue un chivo expiatorio”, dice Lager. Opina del mismo modo un colega psiquiatra, el diputado regional de Más Madrid Diego Figuera, que habló con Mur durante la crisis: ”Estaba atado de pies y manos. No tenía mando operativo y lo pasó muy mal”. Figuera se pregunta también por qué Mur no se opuso a las decisiones de los geriatras. “Se fio del grupo de expertos para firmar una orden ilegal”, añade.

Mur tiene defensores entre geriatras y médicos de Madrid que opinan que los protocolos eran una decisión necesaria y eficiente que evitó el encarnizamiento terapéutico. “Me parecen bien. Dio instrucciones para que la gente supiera qué hacer. Eso es el general apareciendo para dar órdenes”, dice José Soto, presidente de la sociedad de directivos de salud Sedisa.

Pero las familias de las víctimas acusan de delitos graves a Mur y a otros gobernantes que pilotaron la crisis. “Iremos contra todo el que haya permitido lo sucedido porque bajo mi punto de vista esta es una de las vulneraciones de derechos fundamentales más terribles de la historia reciente de España”, dice Carlos Sardinero, abogado de la asociación Defensor del Paciente, que representa a cientos de familias. Esa espada de Damocles podría influir en Mur.

¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con los reporteros de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o jdquesada@elpais.es o mándales un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @jdquesada

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