“La gente tiene derecho a una casa si la renta es baja”

Cuando se acaba la sesión de los jueves de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel se forma una avalancha en dirección a Elsa Riquelme (Victoria, Chile, 56 años). Esta chilena que llegó a Madrid hace dos décadas enfrenta con serenidad cada uno de los más de 100 casos de desahucios que lleva personalmente de manera voluntaria ante la Sareb. Riquelme fue afectada ella misma en la crisis y aunque logró quedarse en su piso con un alquiler social, sabe el desgaste que supone vivir con la amenaza constante de terminar en la calle. Por eso, en conjunto con otros grupos defensores del derecho a la vivienda han impulsado el Plan Sareb, una propuesta de negociación colectiva con el llamado “banco malo” para buscar una solución a los miles de casos que tienen en todo el país. Aunque ella no hace parte de la mesa, ayer se celebró la primera conversación formal entre los activistas y la institución.

¿Cómo entra al mundo de la defensa al derecho a la vivienda?

Yo diría que en 2000 aunque sin saberlo. Creo que nos ha pasado a todos: hemos firmado una hipoteca y no sabíamos lo que estábamos firmando. Encima agradeciendo al banco, pero no te enterabas, lo único que te preocupaba en ese momento era que te dieran la hipoteca y lo que ibas a pagar. En el 2013 cuando ya estoy con un problema muy grande porque no puedo pagar más empiezo a buscar ayuda en el movimiento, para aprender qué eran estas cosas que lo hacen a uno firmar. En el 2015 ya me meto de lleno.

¿Y por qué dar la lucha por otra gente a cambio de nada?

La mayoría de la gente aquí no sabe ni sacar el padrón. ¿Cómo van a luchar contra un desahucio, con todo las gestiones que hay que hacer? Alguien tiene que apoyarlos.

¿Por qué se ha enfocado en los casos de la Sareb?

Voy con ellos porque es donde creo que más impacto se puede tener, yo tengo más de 100 casos en la carpeta. Además, porque creo que ahí se está cometiendo una injusticia muy grande especialmente. Sareb se supone que está para manejar todos esos “activos tóxicos” que quedaron en manos públicas después de rescatar a los bancos, pero que son nuestras viviendas que no pudimos pagar. En principio se suponía que se iban a destinar a un fin social, pero a medida que pasa el tiempo eso no se ha materializado. Hemos conseguido alquileres puntuales, justificados porque la situación de la familia en cuestión era tan lamentable que les daba pena. Pero esa no es la solución a largo plazo.

¿Pero qué les ha venido ofreciendo la Sareb en las negociaciones individuales?

La mayoría de los casos se enquistan, algunos llevan hasta 8 años. No puede ser llamado otra cosa que acoso. Ellos suelen externalizar todo, y termina siendo muy chapucero porque piden la misma documentación varias veces, la comunicación es intermitente y las cosas rara vez avanzan. Al mismo tiempo, las familias, aunque hayan abierto una negociación no dejan de tener órdenes de lanzamiento constantes. La intención es que la familia ceda a la presión y se vaya, ellos pueden esperar. Además, cuando sí conceden un alquiler social incluyen una cláusula de que pueden vender la propiedad y a las familias les toca salirse igualmente, así que la solución es frágil.

¿Y ustedes qué proponen entonces?

Es muy simple, lo que queremos es negociar colectivamente. Eso es el Plan Sareb. Si nuestra administración pública no tiene la valentía de decirle a Sareb que estas viviendas son públicas y dejarlas en el parque de viviendas públicas, para todas las afectadas, nosotras, diferentes asambleas y grupos en todo el país, como movimiento lo vamos a hacer. Hemos estado ya 10 años luchando y hemos conseguido cosas como un código de buenas prácticas o la moratoria para las ejecuciones hipotecarias, pero buscamos una solución práctica y consecuente para los miles de casos que hay en todo el país. Para eso además de hablar con Sareb tenemos que hablar con el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), el principal accionista.

¿En qué consiste exactamente esa solución colectiva?

No pedimos que las viviendas pasen a titularidad de las familias sin más, pero sí que en la medida que las casas son públicas, ya que el Estado ha asumido la deuda, que acceder a ellas el criterio no sea uno de caridad sino desde una lógica de la redistribución y los derechos. Que se cumpla que la gente tiene derecho a una casa social si tiene una renta muy baja, nada del otro mundo. No que te digan que si eres una pareja joven que para qué necesitas un piso, que te alquiles una habitación en un piso compartido, como nos han dicho en muchas ocasiones. Además, tanto que hablan de okupas, si otorgaran más alquileres sociales a la gente que los necesita les estaríamos haciendo un favor. ¡Les estaríamos cuidando todas esas viviendas que ahora están vacías!

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