La justicia avala el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros: “Son un evidente problema social y político”
La Audiencia Provincial de Madrid se pronuncia en contra de la opinión de la Fiscalía y alega que no se pueden prohibir unas ideas y aceptar otras “tan criticables o más que estas”
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirió el PSOE, de solicitud de medidas cautelares contra Vox para retirar carteles electorales contra los menores de edad migrantes. Los jueces consideran que la publicidad del partido de ultraderecha es un “eslogan electoral” y no se puede considerar que represente unas “ideas a prohibir”, mientras han de admitirse otras “tan criticables o más que estas”. En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los magistrados aseguran que “con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, [los menores extranjeros] representan un evidente problema social y político”.
El partido de ultraderecha colocó un cartel en la estación de cercanías de Sol, en Madrid, durante la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 4-M, en el que se enfrentaba la imagen de un menor inmigrante y de una señora mayor y se pretendía comparar el supuesto coste público de mantener a los niños sin familia que llegan a España con la pensión media de un jubilado en España. Junto a la fotografía colocaron el lema “Protege Madrid, vota seguro”. El ministerio público presentó la denuncia que pedía la retirada del cartel con carácter cautelar.
En su argumentación, los magistrados Valentín Sanz, Tania García y Eduardo de Urbano (ponente del auto) sostienen que “el cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas [(sic), en referencia a los menores extranjeros no acompañados], en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones en comparación con el sostenimiento de estos jóvenes”. Y añade: “Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”.
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hanna Jalloul, asegura que tiene que “respetar las decisiones judiciales porque hay un criterio jurídico y están tomadas por profesionales”, pero insiste en que es un cartel “racista y xenófobo”. “Existe la libertad de expresión mientras uno no vulnere los derechos de los demás, si estás contando una mentira y señalando a menores en un cartel, los estás criminalizando”, añade. La portavoz ha recordado que durante la campaña electoral ya se desmintió en numerosas ocasiones las cifras a las que hacía referencia la propaganda de Vox.
La dirigente del PSOE, el partido que presentó junto a la fiscalía el recurso contra la desestimación de las medidas cautelares, ha señalado que “el discurso del odio es la antesala a los crímenes por este motivo”. Sobre la argumentación empleada por los jueces, Jalloul apunta que “hay que ser muy cautelosos porque las instituciones tienen que defender a los ciudadanos”. Por eso, reclama de nuevo que se establezca un cordón sanitario a la ultraderecha, como se ha hecho en otros países.
“Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”, señala el auto
La Fiscalía sostenía en su argumentación jurídica que el cartel pretende “trasladar una imagen prejuiciosa”, vinculando a los menores extranjeros con la delincuencia al representarlos “embozados y encapuchados”. La Audiencia responde ahora que esta campaña de Vox “se enmarca en el contexto de la legítima lucha ideológica-partidista”. Los jueces añaden: “No cabe tildar de delictivas la emisión de ciertas ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar, es decir, que aun suponiendo una crítica, ésta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos fines ilícitos”.
Un juez ya archivó la denuncia en abril, al considerar que no se daba “ni peligro por la demora ni apariencia de buen derecho”. Los jueces que han vuelto a desestimar la denuncia este lunes se amparan para hacerlo en la libertad de expresión y en el “pluralismo de una sociedad democrática”. Citan además la sentencia del caso Zapata, en la que se absolvió al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata tras la denuncia por unos tuits publicados en los que se consideró que humillaba a las víctimas del terrorismo y el holocausto.
Menos de 300 menores
El tema del coste que supone a las arcas públicas la atención a menores vulnerables es recurrente en el discurso de Vox, que suele asociarlo a la idea de un problema de seguridad. La región tutela a alrededor de 3.700 menores. De ellos, son extranjeros un 29% y en ese grupo, los que han llegado a España sin la tutela de un adulto son menos de 300, según las propias cifras de la Comunidad.
En la campaña, la presidenta Isabel Díaz-Ayuso, que ahora se apoya en el partido liderado en la región por Rocío Monasterio, se desmarcó de este discurso. En una entrevista en la Cadena SER aseguró que “habrá menas que son delincuentes y otros muchísimos que no lo son, y el delito es igual de importante si lo comete alguien de origen español o de fuera”. En el único debate en el que participó, Ayuso defendió: “Hay que integrarlos, por caridad y porque estamos obligados”.
Otro proceso en curso
El recurso que han desestimado este lunes los jueces de la Audiencia Provincial se refiere a la retirada del cartel que tanto el ministerio público como el PSOE solicitó con carácter cautelar. Pero existe otra denuncia en curso que atañe directamente al fondo de la cuestión, a determinar si el cartel constituye en sí un delito de odio. Esta fue archivada por una jueza a finales de abril alegando que “el lenguaje directo” empleado por Vox “no ha creado una situación de peligro”. Su auto indicaba que los mensajes “no presentan la intensidad necesaria para generar un riesgo” entre estos niños y adolescentes extranjeros. La fiscalía también recurrió esa decisión y está a la espera de saber si prospera.
En el auto dictado este lunes, los magistrados señalan que “el examen del fondo del tema, esto es, si estamos o no ante un delito de odio, excede del concreto objeto del recurso”, pero lo cierto es que a continuación pasa a detallar en su argumentación por qué no lo considera como tal. La portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, Hana Jalloul, prefiere no hacer valoraciones sobre si esa denuncia también será desestimada, a tenor de lo que ha sucedido con la que pedía las medidas cautelares. La Fiscalía de Madrid ha declinado por ahora hacer ningún comentario sobre la decisión de los magistrados de la Audiencia Provincial.
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