El Gobierno central financiará un tercio de los realojos de la Cañada

El Ministerio de Transportes financiará un tercio de los realojos de la Cañada Real Galiana de Madrid. Así lo trasladó el pasado miércoles David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, a los representantes de las administraciones implicadas. El Ejecutivo regional, junto a los ayuntamientos de Rivas y Madrid, sufragarían el resto de un plan que a largo plazo pretende reubicar de manera permanente a más de 2.000 familias vulnerables de los sectores 5 y 6. Este último tramo, perteneciente a la capital, afronta en la actualidad un segundo invierno de cortes eléctricos causados por consumos industriales que generan sobrecargas en la red.

El Consejo de Ministros ya aprobó en abril la concesión directa de cinco millones para soluciones habitacionales. El anuncio del pasado miércoles, sin embargo, supone un salto cualitativo en la posición del Gobierno, que por primera vez se compromete a aplacar de manera definitiva este problema humanitario sobre el que la ONU ha dado la voz de alarma en varias ocasiones. El último tirón de orejas llegó en forma de misiva el pasado 16 de febrero, cuando el relator especial Olivier De Schutter acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “faltar a sus obligaciones en materia de derechos humanos”. Se constituyó entonces una comisión interministerial, presidida por la delegada del Gobierno Mercedes González, que hace tres semanas cifró el coste total de los realojos en 200 millones a lo largo de tres años.

Cantidad que Lucas, por su parte, no se atreve aún a confirmar, aunque sí subraya que se tratará de un presupuesto plurianual. El secretario general, que ya conoció la Cañada en sus tiempos como portavoz socialista del Consistorio, explica: “Este es un problema mayúsculo, de interés nacional por su gravedad, y no podrá solventarse por completo ni en uno, ni en dos ni en tres años”. Las administraciones locales y autonómica proporcionarán información sobre los sujetos de realojo, de modo que estos puedan discernirse de otros perfiles. La calidad de dicha información determinará el alcance del programa que ha delineado Lucas. “El mercado de la droga queda fuera, igual que las viviendas con cierta calidad que no pertenecen a familias vulnerables”, apunta. Un incesante flujo de nuevos habitantes dificulta la tarea.

Tanto es así que no se ha llevado a cabo un censo exhaustivo desde la firma del Pacto por la Cañada en 2017. Entonces, los dos sectores más desfavorecidos sumaban más de 4.500 vecinos, un tercio de ellos eran menores de edad. El trecho que concentra más infraviviendas supone algo más de seis kilómetros y se alarga desde la sede de la asociación Al-Shorok hasta la planta de gestión de residuos de Valdemingómez. Una antigua vía pecuaria que, según apunta Lucas, comenzará a recuperarse ambientalmente conforme avancen las reubicaciones. Tras varios años de gran lentitud, estas se reimpulsaron en abril con un plan que beneficiará a 160 familias del sector 6 y que incluye derribos de edificaciones y el sellado de sus parcelas, evitando nuevos asentamientos.

Pero hace falta más.”Después de 50 años, la sociedad no se va a conformar con algo menor”, prosigue Lucas. “Por eso queremos impulsar una intervención integral, más allá de las acciones puntuales que ayuntamientos y Comunidad puedan realizar. El restablecimiento del suministro eléctrico es una de ellas y, según me han asegurado, están trabajando en ese sentido”. Así se lo comunicó el miércoles la directora general de Inclusión Social del Ayuntamiento de Madrid, Laura Castaños, así como la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad, Paloma Martín. A la reunión también asistió Markel Gorbea, el comisionado de la Cañada Real del Ejecutivo regional; la delegada del Gobierno, Mercedes González, y el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura. La nueva cita tendrá lugar en las próximas tres semanas.

El hasta ahora defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, se despidió hace dos semanas para dejar paso a Ángel Gabilondo, no sin antes criticar que las administraciones centren sus esfuerzos en los realojos, pues “son procesos complejos que, por lo general, necesitan varios años”. Marugán solicitó en una última resolución el restablecimiento del suministro eléctrico, contratos legales mediante, pudiendo acceder los vecinos a un bono social si cumplen los requisitos. Y dejó escrito: “La grave situación reclama, ante todo, una actuación urgente sobre el terreno, orientada a atajar el problema en el corto plazo”. Su demanda tendría que sortear trabas burocráticas para satisfacerse. La suministradora Naturgy, hasta ahora, ha cuestionado la legalidad de instalar contadores regulares en viviendas sin cédula de habitabilidad.

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