Rafael Amargo traficaba con drogas a través de un grupo criminal, según el juez

Justo cuando se va a cumplir un año de sus detenciones, el titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, Juan Ramón Reig Purón, ha concluido la investigación contra el bailarín Rafael Amargo, su mujer y dos de sus socios. El magistrado ha dictado un auto en el que concluye que hay indicios suficientes para acusar al artista y a los otros tres investigados como supuestos autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a grupo criminal. El juez cree que Amargo era el cabecilla de la organización. La vivienda que compartía con su pareja era el lugar de operaciones para la venta del estupefaciente, aunque a veces lo entregaban a los clientes en sus domicilios a través de un servicio de Uber o incluso con traslados a pie. Además, los cuatro tenían funciones muy diferenciadas dentro de la organización. Uno de los socios era el que ponía el dinero para las grandes compras y el otro se encargaba de la distribución.

Uno de los investigados, Eduardo de los Santos, niega las acusaciones recogidas en el auto en declaraciones a EL PAÍS: “Es totalmente mentira lo que se dice ahí. Que investiguen bien quién está traficando con droga, porque a lo mejor descubren que son algunos policías los que se dedican a ello. No hay ninguna prueba en la instrucción que mantenga que yo financiaba la compra de la droga, cuando no tengo esa capacidad económica. Tengo hasta deudas y llevo mucho tiempo sin poder pagar las cuotas de la hipoteca”. De los Santos ha calificado el auto de “barbaridad”. Por su parte, Rafael Amargo también negó las acusaciones: “Esto no tiene ni peso ni condimento ni nada. Esto es cegarse con una persona como yo que quizá no caiga bien a algún alto cargo. Pero yo soy autentico y no paso por ciertos aros por dónde han querido que pase”.

El arresto de Rafael Amargo (Granada, 46 años) se produjo la noche del 1 de diciembre de 2020 cuando salía de casa de sus padres y tras terminar el ensayo de la obra Yerma que tenía previsto estrenar justo dos días después en el Teatro de la Latina de Madrid. Agentes de la brigada de estupefacientes de la comisaría del distrito de Centro llevaban unos ocho meses vigilándole a él y a su entorno, como supuestos autores de un delito de tráfico de estupefacientes a baja escala, en especial en la zona de Chueca. En la operación también fueron detenidos la actual pareja del artista Luciana D. M. B.; el productor de Yerma y amigo de Amargo, Eduardo de los Santos, y el asistente y amigo del artista, Manuel Ángel B. A.

Los policías registraron las viviendas de Rafael Amargo, de De los Santos y una buhardilla en la que el bailarín guardaba parte del vestuario utilizado en sus obras. Los agentes encontraron 100 gramos de metanfetamina, 40 gramos de ketamina y tres botes de Popper —droga inhalada excitante utilizada sobre todo en relaciones homosexuales—, entre otras sustancias, según informaron fuentes de la investigación policial. Las pesquisas se iniciaron porque los tres detenidos traficaban, supuestamente, en su círculo de confianza, aunque en los últimos meses durante la pandemia habían ampliado el negocio a terceros.

Tras permanecer dos días en comisaría, los detenidos pasaron a disposición del juzgado de guardia para detenidos, el de Instrucción número 17 de Madrid, cuya titular los dejó en libertad con cargos y con medidas cautelares como ir a firmar a la sede judicial cada 15 días y la retirada del pasaporte para evitar que huyeran de España. La Fiscalía pidió el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, pero fue rechazada al tener domicilio conocido y arraigo.

La investigación judicial, tras recaer el caso en el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, ha continuado durante todo este año. De hecho, se ha tenido que ampliar la instrucción dada la complicación del caso. El magistrado emitió este lunes el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado. Se lo notificó a las defensas y a la Fiscalía para que en el plazo de 10 días formulen escrito de acusación con la petición de apertura de judicial o, por el contrario, pidan el archivo de la causa.

El auto, que consta de ocho folios y que detalla los seguimientos policiales y los pinchazos telefónicos efectuados durante la investigación, mantiene que los cuatro investigados “actuaban de común acuerdo en la recepción, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, en especial metanfetamina, a terceros”. Esta actividad ilícita se desarrollaba principalmente “en la vivienda que Jesús Rafael G. H. [Rafael Amargo] compartía con Luciana D. M. B. [su actual pareja]”. Había “un reparto de funciones concertado y coordinado, en el que Jesús Rafael G. H. desempeñaba el rol de cabecilla del entramado, encargándose de la compra de cantidades de mediana envergadura de sustancias estupefacientes para abastecer al grupo de esta mercancía ilícita destinada a su tráfico”, mantiene el auto.

El escrito judicial relata al detalle cómo actuaban los cuatro arrestados a la hora de vender los estupefacientes: “Los compradores accedían [al domicilio de Rafael Amargo y Luciana] tras pulsar el botón del portero automático correspondiente o bien realizar una llamada telefónica. Tras permanecer unos minutos en el domicilio, salían del inmueble portando la sustancia adquirida, que por la cantidad intervenida en los supuestos en que fueron interceptados, excedía de la que puede considerarse para autoconsumo”.

A través de mulas

Otra forma de efectuar la venta del estupefaciente consistía, según el auto, en la distribución a través de mulas, “principalmente a través de Manuel Ángel B. L.”. “Una vez contactado el comprador, Jesús Rafael G. H. enviaba a la mula con las sustancias estupefacientes, bien andando o bien empleando [vehículos] Uber contratados por el comprador para no dejar rastro. Entregada la sustancia, la mula regresaba al domicilio para entregar el dinero obtenido”, recoge el magistrado en su escrito.

El juez Juan Ramón Reig Purón también detalla cómo se ha llegado al delito de pertenencia a grupo criminal. Según su resolución, en la venta de la droga participan todos los investigados, cada uno con diferentes cometidos. Había, por tanto, “un reparto de funciones concertado y coordinado, en el que Jesús Rafael G. H. desempeñaba el rol de cabecilla del entramado, encargándose de la compra de cantidades de mediana envergadura de sustancias estupefacientes para abastecer al grupo de esta mercancía ilícita destinada a su tráfico”. Respecto a su productor y amigo Eduardo de los Santos, el auto mantiene que su función consistía en aportar, según se desprende de la investigación, los recursos económicos para adquirir la droga en cantidades más importantes, según las fuentes judiciales.

El auto, que hace un minucioso relato plagado de detalles de las pesquisas policiales, recoge las cantidades intervenidas en la entrada y registro de los domicilios investigados, de las llamadas telefónicas entre vendedores y compradores, de las cantidades aprehendidas a los adquirientes y del contenido de las sustancias. Estas eran generalmente metanfetamina, ketamina, MDMA —éxtasis— y GBL —ácido gamma-butirolactona, una variante del GHB utilizado sobre todo en fiestas sexuales—.

El auto, contra el que cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, explica a las partes que pueden solicitar “excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular su acusación”.

Tras quedar en libertad en diciembre del año pasado, Rafael Amargo dio una rueda de prensa junto con su abogado, Cándido Conde-Pumpido, en el escenario del teatro de La Latina. Negó todas las acusaciones y mantuvo que él no había hecho nada para ser detenido. “Quiero seguir bailando, que es lo mío. Y no es que vaya a dar un paso atrás, sino que doy tres adelante”, afirmó entonces.

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