El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar este miércoles el acuerdo que reclama el Ejecutivo central como condición para que reciba alrededor de 400 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017, por el que ambas partes litigaban desde 2019 en la Audiencia Nacional. Pero es una tregua, no la firma de la paz. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez aún chocan en los tribunales por los 54 millones que Madrid considera que le faltan de las entregas a cuenta de 2019. Y está por ver si la justicia admite a trámite su recurso contra el reparto de nueve millones de los fondos europeos a cuatro comunidades autónomas (Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco).

Todo empezó con un tuit de Díaz Ayuso de 2019. “El Gobierno de Sánchez confirma que no nos va a pagar el IVA de diciembre de 2017, 377 millones de euros”, se leía. “Por ello, anuncio que mañana [miércoles] presentaremos un recurso ante la Audiencia Nacional para exigirlo. El gobierno socialista no puede seguir dando la espalda a los madrileños”.

Sin embargo, la semilla del problema no la había plantado un consejo de ministros del PSOE, sino del PP. En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy implantó un nuevo sistema para gestionar el IVA, utilizando para ello medios electrónicos. Como consecuencia, los ingresos de las autoliquidaciones del mes de noviembre de ese año se pospusieron al 30 de diciembre, y se contabilizaron por parte del Estado ya en enero de 2018, por lo que 2017 se cerró con tan sólo 11 meses.

Este nuevo sistema provocó una merma en los ingresos de las comunidades autónomas para 2019, que es cuando se recibe la liquidación del IVA de 2017. De esta manera, igual que el problema afectó a todas las regiones, la solución ahora también lo hará.

Así, Madrid no fue la única región que reclamó en los tribunales, ni la única que ahora verá llegar el dinero. Pero en su caso tiene un valor intrínseco. Para Díaz Ayuso y Sánchez este fue el primer choque de muchos. Luego llegaron los motivados por la política sanitaria en la pandemia. Por la política fiscal. Por la económica. Por la educativa. O por la internacional. Y de confrontación en confrontación pública, la Comunidad de Madrid también hizo camino en los tribunales, y planteó estos dos pleitos sobre la liquidación del IVA y las entregas a cuenta en la Audiencia Nacional.

Esa es la razón por la que ahora el Ejecutivo de Díaz Ayuso tiene que tomar un acuerdo oficial en el que se compromete a no emprender nuevas acciones legales o administrativas al respecto para recibir la cantidad reclamada más los intereses de demora, según las instrucciones transmitidas a la Comunidad por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El equipo del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, calcula que el montante total superará los 400 millones de euros.

Entregas a cuenta de 2019

Queda pendiente la resolución del recurso contencioso administrativo registrado por Madrid contra la actualización de las entregas a cuenta de 2019, en la que considera que le faltan 53,65 millones de euros. Este es el contexto de ese pulso. El Ministerio de Hacienda comunicó en julio de 2018 a la Comunidad que recibiría en 2019, en concepto de entregas a cuenta, 14.485,77 millones. Sin embargo, finalmente recibió 14.432,12 millones (53,65 millones menos). El Ejecutivo nacional argumentó ante el autonómico que “la diferencia puede explicarse fundamentalmente por el ejercicio a la baja de las competencias normativas realizadas por la Comunidad”. Como el equipo de Díaz Ayuso no está de acuerdo, recurrió.

Hay, además, un nuevo pleito en el horizonte. Madrid aún está pendiente de que la Audiencia Nacional traslade al Tribunal Supremo su recurso contra el reparto de nueve millones de los fondos europeos a cuatro comunidades autónomas (Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura), que considera “arbitrario”.

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